Barrios de Salto siguen sin ser regularizados

Más de dos mil familias residentes en los conocidos barrios irregulares de Salto del Guairá aguardan el cumplimiento de las últimas promesas electorales. Los ocupantes de los vecindarios no cuentan con títulos de propiedad y esperan regularizar su situación hace varios años. El intendente Carlos Haitter (PDP) durante su campaña prometió buscar los mecanismos, pero no hay avance.

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SALTO DEL GUAIRÁ (Rosendo Duarte, corresponsal). Los denominados barrios irregulares de esta ciudad son producto de las invasiones registradas hace 25 años en la comunidad. Actualmente se constituyen en los vecindarios más importantes alrededor del microcentro. Pero, los ocupantes no cuentan con título de propiedad.

Los barrios afectados son San Pedro, San Antonio, María Auxiliadora, Industrial, San José y Nuevo Horizonte. Estos vecindarios están conformados por más de 2.000 viviendas con aproximadamente 10 mil habitantes.

De acuerdo a los datos, las propiedades donde ahora están asentados los barrios fueron comercializadas como parcelas suburbanas de cinco y diez hectáreas a los primeros pobladores, pero que al aumentar la población empezaron a ser paulatinamente invadidas.

En algunos casos sus propietarios intentaron recuperarlos mediante acciones judiciales, pero terminaron por desistir ante la fuerza que adquirieron las ocupaciones, lo que permitió que finalmente se constituyeran en propietarios de hecho con el transcurrir de los años.

La promesa de regularización que fueron realizados por los últimos cuatro intendentes de la era democrática fue perdiendo fuerza ante la rápida valorización que adquirieron los terrenos. En algunos sectores una propiedad de 420 metros cuadrado llega a cotizarse 100 mil dólares, a pesar de ser irregular y no poseer título.

El barrio San Pedro es una de las ocupaciones que llegó a estar más cerca de la regularización. Tiene 44 hectáreas y fue expropiado por el Congreso en el año 1997, pero la misma no se formalizó debido a la falta de pago al propietario como exige la Constitución Nacional.

En aquel entonces dicha fracción fue ofertada a la comuna por apenas G. 1.000 millones. Actualmente los dueños pretenden 15 millones dólares, unos G. 80.000 millones.

El intendente Carlos Haitter (PDP) durante su campaña prometió la regularización de los vecindarios. Sin embargo, según los pobladores, tampoco existe avance.

Por su parte, el jefe comunal dijo que están viendo las fuentes de financiamiento para poder regularizar los barrios.

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