Cargando...
La fiscala Karina Elizabeth Escurra y el juez de Paz Nery Martínez Figueredo se dedicaban a otorgar préstamos elevados en la ciudad de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá.
Huttel Britzzke Cheli Sandrinha, por ejemplo, recurrió a varias personas conocidas en la ciudad para realizar préstamos y poder pagar la deuda que tenía.
Entre los prestamistas estaba la fiscala y su marido, el juez de Paz de San Juan Nepomuceno, Nery Martínez.
La fiscala primeramente le prestó a Huttel Cheli la suma de guaraníes 25.000.000 en el 2017. La agente le hizo firmar un pagaré y un cheque, lo que generó confianza hacia la fiscala, por lo que los préstamos fueron sumando. En principio el trato era verbal y luego le hacía firmar cheques y pagarés.
En total, la fiscala Escurra le entregó la suma de 339 millones de guaraníes en un período de seis meses.
Entre los años 2017 y 2018, ese préstamo generó un interés muy grande, el cual Huttel Cheli no pudo abonar, motivo que llevó a su concubino Ysaías Cañete Franco a firmar un contrato privado con la fiscala por el monto de guaraníes 1.800.000.000.
En ese contrato, ella se comprometía a pagar las deudas, a cambio de inscribir una hipoteca sobre el inmueble supermercado La Economía a su nombre. Cañete firmó el pagaré.
La denunciante manifestó ante fiscalía: “Nos informaron de un banco, que no se había pagado las cuotas, le hice el reclamo a la fiscal y ella bajo amenaza me dijo que teníamos que hacer otro contrato o caso contrario ejecutaría el pagaré que había firmado mi concubino”.
Fue así que Cañete firmó el segundo contrato, redactado por el juez Martínez.
Por ese documento, Cañete aceptaba la deuda de G. 1.800.000.000 y transferir un inmueble a favor de Karina Escurra, como supuesta garantía de las deudas contenidas en el contrato.
El juez hizo lugar al requerimiento
El juez Carlos Flores hizo lugar al pedido de embargo de bienes de los ahora suspendidos en sus funciones, la fiscala Karina Escurra y el juez de Paz Nery Martínez. El fiscal René Fernández tuvo que solicitar una medida de urgencia a fin de que estudie el pedido que ya lo había solicitado al presentar su imputación. La decisión de prohibición es sobre las cuentas que estén a nombre de los procesados hasta cubrir la suma de G. 1.800.000.000.
La pareja tenía seis cuentas en la Cooperativa de San Juan, después dos en la Universitaria con unos 150 millones más o menos, en la Universitaria dos y en el Banco Nacional de Fomento debido a que por este banco cobraban su sueldo, según las investigaciones.
Para el próximo viernes 15 de marzo está prevista la audiencia de imposición de medidas cautelares para ambos.
El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de los mismos.
perla.silguero@abc.com.py