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Mediante adulteraciones de números y letras en los pagarés, los malhechores multiplicaban montos y juicios para promover las demandas ejecutivas, explicó el auditor Mario Elizeche, de la Corte Suprema de Justicia.
“Por ejemplo, a un pagaré de 100.000 guaraníes se le agregaba un cero para hacer una demanda por un millón, graficó el funcionario. Indicó que el pagaré adulterado de 100.000 era uno de los diez documentos firmados por la persona que obtuvo un crédito por un total de un millón de guaraníes.
En muchos casos, cada uno de los diez pagarés de 100.000 guaraníes se convertían en 1.000.000 cada uno, totalizando así una deuda de diez millones de guaraníes que eran utilizados para promover las demandas ejecutivas, indicó. “Entonces tenías un deuda de diez millones en diez pagarés de un millón”, añadió.
De esa forma los falsificadores multiplicaban montos, deudas y juicios con los cuales lograban embargos en juicios que ahora son objeto de investigaciones.
Al ser consultado cómo se detectaron los pagarés adulterados que sirvieron para iniciar las investigaciones sobre el caso, Elizeche dijo que fueron funcionarios de una sección administrativa del Palacio de Justicia quienes detectaron los documentos fraguados.
“Llamó la atención a la gente de Contaduría de los Tribunales la existencia de una cantidad bastante considerable de juicios de un mismo actor contra un mismo demandado ya que una de las mecánicas utilizadas en la adulteración de estos pagarés era que una suma equis se multiplicaba por diez a los efectos de tener diez juicios distintos de cobros de guaraníes con un solo documento”, manifestó el funcionario.
Tras detectarse los pagarés adulterados se integró un equipo multidisciplinario de investigación que incluyó la participación de la Contraloría General de los Tribunales, la Dirección de Auditoría Interna Administrativa y la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, además de entes como el departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, señaló Elizeche.
Dijo que el caso fue motivo de una intervención del ministro Sindulfo Blanco, miembro de la Corte Suprema de Justicia, que el martes último brindó un informe ante el pleno de la máxima instancia judicial.
Elizeche no dio nombres, pero afirmó que lo investigado por las autoridades administrativas del Poder Judicial será objeto de una denuncia formal ante el Ministerio Público.
Contó que en algunos casos ciertos magistrados o jueces de Paz levantaron los embargos decretados después de percatarse de que los juicios ejecutivos habían sido promovidos con base en pagarés adulterados.
“El sector más afectado por estas prácticas, que en principio aparecen como irregulares e inmorales, es un sector económico muy sensible de la población, el docente”, agregó Blanco en su informe.
En estos casos “están en juego cuestiones tributarias, penales, disciplinarias y de protección a la moral pública, así como también derechos subjetivos públicos” dijo el citado ministro de la Corte.
Con relación a esos hechos, días pasados un grupo de docentes realizaron una manifestación de protesta frente al edificio del Palacio de Justicia, afirmando que son víctimas de usureros y falsificadores de documentos que trabajan en forma ilícita con abogados, jueces y funcionarios judiciales.
Los manifestantes coincidieron en señalar que recibieron decretos de embargos millonarios de sus salarios y bienes por deudas ínfimas.
eruizdiaz@abc.com.py