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Una explosión, que hizo temblar las paredes de una casa ubicada a cien metros del lugar del hecho, mató a dos militares y dejó con una grave sordera a un agente de la Senad.
Esa noche de terror para la Fuerza de Tarea Conjunta se intentó borrar de un plumazo con conclusiones que iban a apuntar la responsabilidad a uno de los grupos criminales que azotan la Zona Norte del país.
Sin embargo, la declaración realizada por el doctor Sixto Barrios, director de la clínica San Antonio, ubicada en la ciudad de Horqueta, sembró la duda.
Barrios contó que hubo una cuarta persona en el vehículo.
En principio, intentaron negar, pero luego dijeron que era un agente especial infiltrado en la zona, a quien ni siquiera se iba llamar a declarar porque se tenía que cuidar la identidad.
De esta forma se dejaba de lado a alguien que podía aportar una información sobre lo ocurrido.
Porque el otro sobreviviente, el chofer de la camioneta, el agente de la Senad Juan Jara, no aclaró cómo se registró la explosión y solo un manuscrito de la ACA hace un relato, que hasta puede ser calificado de fantasioso, en el que se atribuye el atentado a las autoridades de la FTC.
Lo notable fue que a pesar del impacto de la bomba, uno de los ocupantes de la camioneta apenas sufriera heridas leves, como el caso del anónimo personaje.
Pero tampoco se sabe nada del motociclista que supuestamente arrojó la bomba. El doctor Barrios hace poco dijo a nuestro diario que fueron tres los atendidos en el hospital. Es decir, apareció uno más en escena. ¿Era el motociclista?
Pero la identidad de ninguno de ellos se registró, a pedido de las autoridades.
¿Por qué tanto misterio y contradicción? ¿Qué es lo que iba a ocurrir esa noche? Ni siquiera llamaron a declarar a los ocupantes de una casa que está ubicada a cien metros del lugar del hecho.
Recién cuando el capitán Piñánez contó esa situación a nuestro diario la fiscalía citó a declarar a uno de sus ocupantes.
Da para pensar que las autoridades sabían lo que ocurrió esa noche y que inclusive no se preocuparon en que no se sepa.
La versión oficial de cómo ocurrieron los hechos resulta poco creíble. Demasiado protagonismo para la ACA que mata con las misma bombas que supuestamente buscaban los miembros de la FTC.
Desde un primer momento los miembros de la familia Piñánez manifestaron sus dudas y fue un militar retirado, padre de una de las víctimas el que reavivó la polémica del caso.
No es para menos. Además de ser el padre, que, obviamente, está dolido, es un militar retirado y conoce bien cómo se manejan las cosas en ese ámbito.
Por el momento, hay muchas preguntas sin respuestas y una actitud cerrada por parte del gobierno y de la fiscalía de indagar a fondo.
Mientras que la Justicia Militar, muy celosa de sus casos, en este solo se limitó a pasar la pelota a otro estamento.
El general Pastor Agüero, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar explicó que cuando iban a tomar intervención el caso quedó en manos de la justicia ordinaria para ser investigado.
“Cuando íbamos a tomar intervención, el caso quedó en manos de la justicia ordinaria, y para evitar un conflicto de jurisdicciones dejamos las cosas así”, refirió.
No obstante, aclaró que la Justicia Militar sí hizo una investigación en el ámbito administrativo para determinar si la presencia del capitán Piñánez en la zona norte del país estaba respaldada en documentos.
Indicó que esa investigación determinó que todo estaba de acuerdo con las órdenes emitidas, que “no había nada irregular y que el Capitán falleció en acto de servicio”.
El caso está en manos del fiscal Joel Cazal y se le asignó a la fiscala Sandra Quiñónez para reforzar el trabajo investigativo.
Versión de sobreviviente
Juan Manuel Jara, agente de la Senad, sobreviviente del hecho, declaró ante el fiscal Joel Cazal lo ocurrido el 26 de noviembre, a las 20:10, en Cuero Fresco, Horqueta.
Sin embargo, no explicó cómo se registró la explosión.
Jara afirmó que ese día estaba de servicio con Enrique Piñánez, José González Ferreira y otro agente especial, cuya identidad no proporcionó.
Recordó que estaban realizando un patrullaje en las zona de Yby Yaú y Arroyito del departamento de Concepción, a bordo de una camioneta Toyota Fortuner, color blanco, perteneciente a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El trabajo consistía en realizar tarea de inteligencia para detectar la compra de bombas por parte de la Agrupación Campesina Armada. (ACA).
Refirió que por el camino vieron a una persona transportando un bulto, a quien le cerraron el paso. “Procedimos a descender rápidamente, aclarando que yo conducía. Del lado del copiloto se encontraba el capitán Piñánez y en el asiento trasero, detrás del copiloto, se encontraba el sargento González. Detrás de mí, en el asiento trasero, se iba otro agente de la Senad, cuyos datos e identidad me reservo a proporcionar de modo a precautelar la integridad física del funcionario y de su familia”.
Añadió: “Rápidamente me bajé del rodado con la cuarta persona para apoyarle a mis compañeros, quienes se bajaron del otro lado, y bordear el rodado en la parte de atrás. Cuando estábamos alcanzando la cola, aproximadamente, se produjo una explosión, de cuya consecuencia nos lanzó hacia el otro lado del asfalto quedándome aturdido y con muchos golpes, perdiendo además la sensibilidad de la pierna en un lapso aproximado de cinco a siete minutos”. Refirió que al incorporarse vieron la camioneta totalmente destruida.
Indicó que a consecuencia de la explosión se le diagnosticó una pérdida total del tímpano izquierdo y el 40% del derecho.
El suceso según la ACA
La autodenominada Agrupación Campesina Armada se atribuyó el atentado, según un escrito incautado por las autoridades de un campamento de este grupo criminal.
Ese escrito refiere que el 26 de noviembre, a las 21:00, dos integrantes de la ACA se acercaron hasta un punto fijado en Yby Yaú para retirar explosivos consistentes en gel y granada industrial.
En una motocicleta, a través de la Ruta V, transportaron la carga hacia Arroyito.
Explica que por el camino fueron seguidos por una camioneta lujosa que se les adelantó frente a la comisaría de Cuero Fresco.
De esa manera se realizó “una maniobra para detener a los guerrilleros, apuntándoles con un fusil desde la ventanilla del vehículo y mientras maniobraban para atravesarles y cerrarles el paso, los guerrilleros activaron una granada, lanzando cerca del vehículo junto a la bolsa de explosivo”.
Según el documento, los integrantes de la ACA dieron vuelta la motocicleta “volviendo sobre sus pasos, siendo saludados por una ráfaga de arma automática que brillaban por el pavimento y en unos segundos vieron y escucharon la detonación de los explosivos”.
Añade que dos militares murieron descuartizados, en alusión a Enrique Piñánez y José González Ferreira, “y otros dos agentes de la Senad, heridos gravemente, que el Gobierno trató de ocultar por todos los medios. Los dos guerrilleros regresaron sanos”.
Basado en estos elementos, el fiscal Cazal imputó días atrás a Alfredo Jara Larrea, considerado cabecilla de la ACA y de quien se estima es el único que quedó de ese grupo, porque los demás fueron abatidos o detenidos.
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