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En realidad, su planteo tiene más de político que una posibilidad cierta, porque es difícil que tengan los votos necesarios en esta situación coyuntural del Parlamento. De hecho, ni siquiera los tuvieron para rechazar su elección que es lo que hubiera sido lo más propicio en su momento.
Encima, el PLRA pide el juicio político por la labor que realizó Sandra Quiñónez, en un 80% en su carácter de fiscala antisecuestro y apenas un 20% –arriesgando cifras– como titular del Ministerio Público.
Lo coherente hubiera sido en su momento, que el PLRA llevara estas denuncias contra Quiñónez ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y no esperar el extremo de su elección como fiscala general, para plantear su remoción.
Ciertamente hay mucho que aclarar con la muerte del capitán Piñánez, hecho que salpica al mismo gobierno y situación que es reclamada desde el mismo día de la tragedia por el padre de la víctima.
Así como también es altamente cuestionable el proceso que llevó adelante el Consejo de la Magistratura para conformar la terna para reemplazar a Javier Díaz Verón.
Pero resulta llamativo que incluyan el caso del periodista de ABC Pablo Medina y de Antonia Almada, como causal de juicio político.
En este punto hacen alusión a escuchas ilegales y solicitud de datos sobre usuarios de empresas telefónicas por parte de la Fiscalía, sin orden judicial.
Casualmente este argumento fue debatido en el juicio oral a Vilmar Acosta Marques. Ocurre que el cruce de llamadas fue clave para determinar la ubicación del exintendente de Ypejhú a la hora del crimen de Pablo Medina y la de los supuestos sicarios: su hermano Wilson y su sobrino Flavio Acosta Riveros.
Los informes de la telefónica permitieron detectar los movimientos de los procesados a través de sus teléfonos celulares, situación que fue avalada por el tribunal de Sentencia.
Un dato muy importante es que el cruce de llamadas no es lo mismo que interceptación telefónica o escuchas, que sí requieren de orden judicial.
En los casos de Neneco, así como el del crimen de Cecilia Cubas que estuvieron a cargo de Sandra Quiñónez no hubo escuchas telefónicas, sino análisis de cruce de llamadas.
Otro argumento es la frustración de la persecución en el asesinato del periodista Pablo Medina el 16 de octubre de 2014, por el hecho de no investigar a la diputada cartista Cristina Villalba, pese a los indicios del vínculo de la misma con el autor moral Vilmar Acosta.
Indudablemente Neneco formaba parte del entorno de la diputada cartista. Públicamente se mostraban y hay fotografías.
Con la primera que se comunicó cuando se percató de que los investigadores iban tras él, fue con la parlamentaria
A su vez, la legisladora se comunicó con el entonces fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quien le recomendó a Cristina que le diga a Neneco que se presente.
Pero estos elementos no incriminan penalmente a la legisladora. Sí indican qué tipo de gente promueve esta parlamentaria en el ámbito político, porque Neneco contó con su apoyo para ser intendente de Ypejhú por el Partido Colorado.
Este debate se da justo en el momento en que el Tribunal de Apelaciones de Salto del Guairá debe estudiar el requerimiento de la defensa que intenta revertir una condena de 29 años de cárcel, más otros diez como medida de seguridad.
Una sentencia que resultó ejemplar por el hecho de que se aplicó al que dio la orden de matar a un periodista que denunciaba la conexión con la narcopolítica.
Una condena que no se dio hasta ahora en nuestro país, que tiene como triste legado de la impunidad del atentado contra Santiago Leguizamón, ocurrido el 26 de abril de 1991.
Entonces, para presentar un pedido de juicio político, los argumentos deben ser analizados cuidadosamente para que no puedan ser rebatidos y los efectos tengan más que un condimento electoral o mediático.
El PLRA está en su justo derecho de presentar una acusación más aún si consideran que “la fiscala general Sandra Quiñónez es un peligro para la democracia y no garantiza a la sociedad a la que debe proteger, velar por sus derechos, su vida, libertad y propiedad”.
Pero lo debe hacer con argumentos válidos y no con aquellos que puedan influir en otros poderes como el Judicial.
De ello dependerá la seriedad, no solo de los fundamentos, sino también del resultado de un eventual juicio político.