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Para el Ministerio Público un hecho destacable de todo este caso es la imputación al comisario general comandante Francisco Alvarenga, cuando el mismo aún estaba al frente de la institución.
La presentación del acta de imputación por parte de los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Aldo Cantero y Luis Piñánez, se realizó el pasado 18 de mayo, pocas horas después del allanamiento al estacionamiento de la Plaza de la Democracia, donde fue hallado un MercedesBenz a nombre de Francisco Alvarenga Rotela, hijo del excomandante.
El espacio por el estacionamiento de ese vehículo y otros tres era pagado por el suboficial mayor Roberto Osorio, quien trabajaba en la División Combustible de la Policía y aparece como el principal involucrado.
El excomandante fue imputado por lesión de confianza en carácter de coautor. El otro procesado es Carlos Joel Jara, exadministrador de la Policía Nacional.
También fue imputado al igual que Francisco Alvarenga Rotela, hijo del excomandante, por el hecho de enriquecimiento ilícito, en carácter de cómplice.
Esta historia oficialmente se inició el pasado 12 de mayo cuando el ministro del Interior, Francisco de Vargas, radicó formalmente una denuncia ante el Ministerio Público por el supuesto hecho de desvío de dinero, correspondiente a combustibles destinados al uso de patrulleras policiales.
Al día siguiente se realizó la primera reunión entre el fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, los agentes fiscales Aldo Cantero y Luis Piñánez, junto a los policías asignados para la investigación por el entonces comandante de la Policía, Francisco Alvarenga.
Ese mismo día, se procedió al allanamiento de la vivienda del suboficial mayor Roberto Osorio, situada en la Zona Norte de Fernando de la Mora. Los intervinientes se incautaron de documentos y vehículos.
El 14 de mayo se procedió a la imputación de Osorio por estafa, producción de documentos no auténticos y enriquecimiento ilícito.
Fueron imputados además el comisario Juan Mendoza, girador de la Comandancia, a cuyo cargo estaba la División de Combustibles.
También fueron imputados los playeros Víctor Ojeda, Derlis González y Gustavo Rodríguez.
El 15 de mayo la Policía Nacional detuvo a Osorio en Ciudad de Este.
El 16, el juez Hugo Sosa Pasmor, a pedido del Ministerio Público, ordenó prisión preventiva del policía en la cárcel de Tacumbú.
Ese mismo día fue imputada Ada Liz da Rosa, esposa de Osorio, en carácter de cómplice por enriquecimiento ilícito.
El domingo 17 de mayo es allanada la vivienda de Nelson Osorio, padre de Roberto Osorio, situada en Fernando de la Mora, Zona Norte, de donde los fiscales Aldo Cantero y Luis Piñánez incautaron varias bolsas de basura que contenían documentos originales, pertenecientes a la Policía Nacional.
Al día siguiente la fiscalía allanó una casa de verano en San Bernardino, inscripta a nombre de Ada Liz da Rosa.
El 19 de mayo, los fiscales Cantero y Piñánez allanan el estacionamiento de la Plaza de la Democracia y ordenaron la incautación de dos vehículos que estaban en sitios alquilados por el suboficial Osorio.
Uno de ellos, un automóvil marca Mercedes-Benz tipo CLK 230 pertenece al hijo del –hasta ese momento– comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, por lo cual, esa noche el entonces jefe policial fue imputado horas más tarde así como su hijo Francisco Alvarenga Rotela y el administrador de la Policía, Carlos Joel Jara.
Al día siguiente, a primera hora, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, anunciaba al comisario general Críspulo Sotelo, en reemplazo de Alvarenga.
Luego, en reunión de prensa presidida por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, se ampliaron detalles sobre la imputación al comandante y a su hijo, este último por enriquecimiento ilícito, en calidad de cómplice de Osorio.
El mismo día, a la tarde el Ministerio Público procedió al allanamiento de la vivienda del comisario Juan Mendoza, imputado por estafa, producción de documentos no auténticos y enriquecimiento ilícito en carácter de cómplice.
El 21 de mayo, el juez Penal de Garantías Gustavo Amarilla otorgó medidas alternativas a la prisión para el comisario Juan Mendoza y a Ada Liz da Rosa con la imposición de fianzas por 570 millones de guaraníes para el agente policial y 700 millones para la esposa del suboficial Osorio.
El pasado viernes declaró ante los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos el comisario Juan Mendoza y hoy le toca a Osorio.
Los cinco delitos indagados
Son cinco los delitos investigados en el caso del negociado de los combustibles.
Lesión de confianza que incluye al excomandante Francisco Alvarenga y Carlos Jara; estafa y producción de documentos no auténtico (Roberto Osorio y Juan Mendoza); hurto (tres playeros; y enriquecimiento ilícito (Osorio su esposa Ada Liz Da Rosa y Francisco Alvarenga Rotela), son los delitos indagados.
A continuación un resumen basado en la imputación fiscal.
Estafa
Mendoza y Osorio solicitaron en múltiples ocasiones la habilitación y posterior entrega de nuevas tarjetas libres (utilizables al portador sin número de chapa), “utilizando el trámite pactado con Petropar, es decir envíos a través de un mail designado por la comandancia para el efecto, con la posterior remisión física de las notas que eran firmadas aparentemente de forma indistinta por los señores Juan Mendoza Pérez y Roberto Osorio, siendo el autorizado para firmar las notas de pedido únicamente el hoy imputado Mendoza. A través de dicho trámite se realizaba una declaración aparentemente falsa ya que no existía autorización para seguir solicitando nuevas tarjetas, y con la posterior entrega de Petropar a los efectivos policiales, se configuraría la disposición patrimonial, y el perjuicio a la Comandancia de la Policía Nacional”.
Producción de documentos no auténticos
“Los efectivos policiales Roberto Osorio y Juan Mendoza solicitaron las tarjetas a través de notas DC (División Combustible) presuntamente adulteradas, es decir se sostiene esta hipótesis inicial ya que existían notas con la misma numeración pero con otro contenido u otras fechas que eran emanadas de la misma dependencia, por lo que se presume que estas notas eran enviadas de manera oculta o disfrazadas a Petropar, o sin conocimiento de los superiores de ambos efectivos policiales”.
Hurto
“Los señores Derlis González, Víctor Ojeda y Gustavo Rodríguez a través de la modalidad que fuera expresada al momento de referirnos a la estafa, se apropiaban de la cosa mueble ajena, en este caso del dinero, desplazando de su propiedad a los propietarios de los establecimientos de combustibles, para su posterior repartición con efectivos policiales.
Enriquecimiento Ilícito
“A raíz del allanamiento realizado, esta representación fiscal tiene serias sospechas de que el suboficial Roberto Osorio Romero sería autor del hecho punible de enriquecimiento ilícito, ya que se han encontrado documentaciones que hacen considerar que el mismo tiene posesiones o propiedades, usufructo de bienes o servicios mucho mayor a sus legítimas posibilidades económicas, y que superarían ampliamente sus ingresos como suboficial de Policía Nacional”.
Imputados por conducta omisiva
La fiscalía imputó al excomandante Francisco Alvarenga y al exdirector administrativo por lesión de confianza, basado en un supuesta conducta omisiva en el control de las tarjetas.
“Si bien el tesorero del Programa era el comisario Juan Mendoza y fue él quien aparentemente realizó los pedidos a Petropar (en coautoría con Roberto Osorio), quienes debían de supervisar que este convenio fuera ejecutado correctamente eran en primer lugar el director administrativo Carlos Joel Jara Alonso, superior inmediato de los imputados por estafa, y asimismo el firmante del convenio el comandante general de la Policía Nacional, Francisco Pastor Alvarenga”, dice la imputación.
La imputación cita el Anexo A, uso de la Tarjeta - Responsabilidad del Convenio entre Petropar y la Policía Nacional.
Este anexo establece que la Policía Nacional será responsable por la custodia y buen uso de las tarjetas de suministro. “Petropar no asumirá responsabilidad alguna por el uso indebido y/o fraudulento ni por las consecuencias y/o perjuicios derivados del mal uso de la Tarjeta Petropar”, refiere textualmente.
“Otra circunstancia fáctica que el Ministerio Público considera relevante es que según informaciones iniciales el comandante de la Policía Nacional no asentó en ninguna reglamentación o resolución que solo serían 6 las tarjetas libres a solicitarse, ya que de su propias palabras escuchadas al momento de la constitución fiscal realizada en su dependencia, él había explicado que de forma verbal solo había pedido seis a sus subordinados. No obstante, el mismo en ningún momento manifiesta la prohibición de solicitar más tarjetas libres sin su autorización”, refiere la imputación.
ocaceres@abc.com.py