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El hogar La Compasión funcionó más de nueve años sin habilitación de la Codeni. En ocasión de la intervención realizada en abril pasado por la Comisión del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, se encontraron a catorce niños, con edades de 3 a 17 años, que llevaban de cuatro a siete años internados allí.
La intervención se realizó ante denuncias de maltratos físicos sufridos por niños albergados en dicha institución, pero una vez en dicho local, se constató que los internos no tenían orden judicial, eran sometidos a extenuantes jornadas laborables, vivían en condiciones insalubres, recibían escasa alimentación, entre otras irregularidades.
Antecedentes recabados por el MNP permitió constatar que la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia había recibido denuncias anteriores de maltratos físicos en el año 2011, contaba con informes negativos de la Dirección de Protección Especial e incluso con un dictamen que recomendaba el cierre del hogar, del año 2012. Nada se hizo.
En el 2008, la psicóloga forense Martha Núñez advirtió a la justicia que detectó evidencias de maltratos físicos y psicológicos sufridos por dos niños internados en el referido hogar y pidió la inmediata intervención del mismo, pero tampoco tuvo respuesta de las autoridades.
El MNP también constató que en caso de fuga, la comisaría de Limpio procedía a la búsqueda y captura del niño, para su regreso al hogar, en cumplimiento de órdenes impartidas por la directora del abrigo, la funcionaria policial Dámaris González. Otra irregularidad detectada es que la defensora Celeste Rojas depositó a niños en el referido hogar, sin autorización judicial.
Ante la serie de anomalías detectadas, el MNP realizó una serie de recomendaciones que tienen como principal objetivo hacer con que los organismos estatales cumplan con la función que les corresponde, en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.
La triste experiencia del caso La Compasión debe servir para que las autoridades articulen los mecanismos necesarios para ubicar al niño en su propia familia o en otra distinta, en el menor tiempo posible, realizar un constante acompañamiento de su situación y brindar una asistencia inmediata y efectiva ante cualquier adversidad.
En el ámbito municipal, el organismo exigió la implementación de un procedimiento establecido formalmente para la habilitación y clausura de hogares de abrigo, desconociendo lo establecido en el artículo 50 inciso c del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Reglamento respectivo.
Asimismo, el MNP cuestionó que la defensa pública desconozca las condiciones de abrigo de los niños y niñas que representa y no tenga contacto directo con los mismos e instó a la Defensoría Pública a sancionar a defensores de la niñez que reciban denuncias de maltrato en hogares y que aún así deriven a niños y niñas a hogares denunciados.
Para que los casos de maltrato de niños institucionalizados no queden impunes, se solicita establecer que cuando la fiscalía reciba una denuncia sobre este tipo de hechos, debe comunicar inmediatamente al Juzgado, la Defensoría y la Codeni de la zona, a fin de evitar que se vuelva a derivar ahí a otros niños y niñas.
“El MNP en su calidad de instancia colaboradora para prevenir y sancionar la tortura hace un llamado a todas las instancias del Estado que tienen a su cargo velar por los derechos de los más de dos mil niños, niñas y adolescentes separados de sus familias, a tomar medidas urgentes de tal forma a evitar otros hechos de tortura y malos tratos que puedan ocurrir en los más de 60 hogares de abrigo existentes en el Paraguay. Asimismo, la institución seguirá monitoreando y realizando las acciones pertinentes en los hogares de abrigo, en el marco de su mandato, hasta lograr que ningún niño vuelva a ser víctima de malos tratos o tortura”, concluye el documento.
rferre@abc.com.py