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El 21 de setiembre del 2007, el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio acusó y pidió juicio oral y público por lesión de confianza, exacción y producción de documento no auténtico para el exintendente de Lambaré Juan Martínez y los funcionarios Luis Martínez, entonces fiscalizador del Departamento de Salubridad; Roberto Romero, cajero; Gerardo Román, visitador; Nicolás Denis y César Martínez, director de Recaudaciones, hermano de Juan Martínez.
A partir de ahí, los obstáculos para llegar hasta la elevación de la causa a juicio oral son incontables.
En diciembre de 2007, el juez Hugo Camé rechazó la acusación fiscal con relación al exintendente por considerar que el Tribunal de Cuentas debía expedirse primeramente sobre el caso.
La Fiscalía apeló y el 9 de julio del 2008, el Tribunal de Apelación, 3ª sala, revocó la prejudicialidad y destrabó el proceso.
La defensa de Martínez, entonces a cargo de Lelis Olmedo, recurrió a la sala penal de la Corte, que se expidió sobre el particular 1 año y 7 meses después. En noviembre del 2009 la sala quedó integrada con los ministros Alicia Pucheta, Óscar Bajac y Víctor Núñez y en febrero del 2010, rechazó la petición de la defensa y ordenó la realización de una nueva preliminar.
El 18 de junio del 2011 fue la nueva fecha fijada para la preliminar, postergada a raíz de un incidente de extinción de la acción, rechazada por el magistrado.
Descartada la extinción, el magistrado convocó a las partes en numerosas ocasiones, todas ellas postergadas a petición de la defensa, mediante la presentación de certificados de reposo por parte del ex intendente.
La preliminar se realizó finalmente el 20 de marzo último, en el Hospital Distrital de Lambaré a los efectos de precautelar cualquier eventualidad, dada las dolencias alegadas por el acusado, certificadas por médicos forenses del Poder Judicial y del Ministerio Público en dos juntas médicas.
En una resolución dictada el 24 de marzo último, el juez Camé puso un punto final a la etapa preparatoria y dispuso la elevación a juicio oral. El magistrado rechazó un pedido de procedimiento abreviado planteado por la defensa, en coincidencia con la postura contraria a dicha petición manifestada en su momento por el fiscal de delitos económicos Luis Piñánez.
Los argumentos esgrimidos por el juez Camé en su resolución se transcriben en el cuadro que acompaña este material.
Cabe recordar que el juzgado ha condenado anteriormente a dos años de prisión al extesorero Nicolás Denis y al exdigitador Gerardo Federico Román, con suspensión de la pena a cambio de una serie de medidas.
Asimismo, el magistrado había dispuesto en la ocasión la elevación de la causa a juicio oral y público con relación al hermano del exjefe comunal, Julio Martínez Coronel, exdirector de Recaudaciones, cuyo juzgamiento estuvo por años supeditado a la definición de la situación jurídica del acusado principal.
Ante las sucesivas postergaciones de la preliminar del exintendente, la fiscalía solicitó la realización del juicio a Martínez, que no pudo realizarse debido a la recusación radicada por la defensa contra el Tribunal de Sentencia presidido por Letizia De Gásperi, actualmente en estudio.
Argumento del auto de elevación a juicio oral
“El intendente municipal Juan Ramón Martínez Coronel era la máxima autoridad del municipio bajo sus manos pasaban todas las decisiones importantes y todas las informaciones, tal como sucedió con la denuncia que habían realizado funcionarios municipales en relación a la existencia de la caja paralela en el año 2003. En esa oportunidad se había intervenido la tesorería e instruido sumario administrativo a varios funcionarios que a su vez fueron despedidos de la institución, quedando bajo la custodia del intendente Juan Martínez Coronel los formularios que se estaban utilizando justamente en forma paralela, pero tiempo después, tal como se demuestra en la pericia informática, contable e igualmente expuestos en los diversos cuadros precedentes, esas mismas son las que estaban siendo utilizadas para el cobro de los impuestos, tasas y contribuciones y que no fueron ingresadas a la caja pública.
De acuerdo a lo relatado y fundamentado a lo largo de esta acta de acusación, se ha cobrado sumas millonarias en las llamadas cajas paralelas sin que nunca hayan ingresado en las arcas de la caja pública. Del mismo modo, en el sentido que este juzgado, apreciando todas las evidencias colectadas conducen al Sr. Juan Martínez Coronel en cuanto a su responsabilidad de todo lo ocurrido en el departamento Fitosanitario de Lambaré. Según manifestaciones del inspector Luis Gilberto Martínez y de lo obrante en la carpeta fiscal, el fue contratado personalmente por el intendente para la realización de su trabajo, rindiéndole toda la recaudación de la semana en su propio despacho.
Asimismo, en la carpeta fiscal caratulada legajos obra un informe de fecha 26 de enero de 2007 del señor Juan J. Paredes Caballero, jefe de recursos humanos que dice que el exintendente Juan Ramón Martínez Coronel manejaba personalmente los trabajos del fiscalizador fitosanitario en el puerto de Itá Enramada. En ese sentido y de acuerdo a lo relatado más arriba en relación a Luis Gilberto Martínez, cabe recordar que todo lo recaudado en ese departamento de salubridad, la recaudación siempre ha quedado en manos del intendente. Al respecto, los mayores contribuyentes fueron dos empresas Alpatex y Arcopar SA, destacándose que la empresa Arcopar SA realizaba sus pagos por medio de cheques librados por su despachante de aduanas. La particularidad de este caso es que estos cheques fueron depositados totalmente en la cuenta corriente del Banco Integración SA abierta a nombre de la Municipalidad de Lambaré, como si fuera parte de una operación de pago normal, sin embargo, en los arqueos de caja de ese día –ni del anterior ni posterior– ni en comprobantes de ingreso, no se visualiza ningún pago de Arcopar ni de despachante de aduanas, llevando a la convicción de que esos cheques fueron cambiados por el intendente de caja como si fuera en un banco y depositados en la cuenta del municipio como una operación diaria”.
Pide juicio conjunto para los Martínez
El fiscal Luis Piñánez anunció que solicitará la inclusión de Juan Martínez en el juicio oral y público a Julio César Martínez Coronel, hermano del exintendente y exdirector de Recaudaciones de la comuna lambareña.
De hecho, ambos fueron imputados y acusados en forma conjunta en su momento, pero posteriormente el exintendente quedó rezagado a raíz de la interposición de recursos varios por parte de la defensa.
Recusación en estudio
El juzgamiento del exdirector estaba previsto para el lunes 23 de marzo, pero se postergó debido a una recusación planteada por la defensa contra el Tribunal de Sentencia de Central presidido por Letizia de Gásperi. El Tribunal de Apelación de Central analiza la recusación.
Ofreció propiedad y donaciones
Para eludir el juicio oral y público por irregularidades varias detectadas durante su gestión al frente de la Comuna lambareña, el exintendente Juan Martínez Coronel ofreció entregar un inmueble valuado en 300 millones de guaraníes, propiedad de su madre, a modo de reparación del daño social. La propuesta de procedimiento abreviado fue realizada en la audiencia preliminar realizada el 20 de marzo pasado.
Asimismo, a través de una nota presentada con anterioridad, el exjefe comunal ya había ofrecido una salida rápida para la conclusión del proceso.
A través de un escrito radicado por el abogado Néstor Candia, Martínez solicitó una condena de dos años, con suspensión de la ejecución de la condena. A cambio, ofreció entregar G. 10 millones a una institución de beneficencia que el juzgado determine, y otros G. 200 millones al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lambaré, en 24 cuotas.
La Fiscalía rechazó la pretensión de la defensa porque el monto ofrecido es inferior al perjuicio causado.
La investigación detectó tres aristas de corrupción, ya que de los G. 2.600 millones, un total de G. 750 millones corresponde a una caja paralela que había en el municipio; otros G. 970 millones a desvíos que se registraron en el Departamento Fitosanitario de Salubridad, y G. 880 millones a sobrefacturaciones en obras viales, puentes y muros de protección. Inclusive, Giuzzio había dicho que el perjuicio puede ascender a US$ 3 millones.
De acuerdo a la presentación del fiscal, la investigación giró en torno a la caja paralela, que es el lugar donde se desviaba gran porcentaje de los ingresos municipales; la tasa de salubridad que estaba a cargo de Luis Martínez y las obras de construcción de pavimentos, puentes y muros de contención
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