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INFORMAR E INVESTIGAR
La práctica de requerir información tiene que ser un hábito practicado en todos los niveles sin el temor que todavía vive en muchos luego de la larga experiencia autoritaria del Paraguay.
Es posible que esto puede tener mayores y prontos logros en sitios urbanos donde el nivel de la información y su requisitoria son prácticas más comunes aunque no habituales.
Hasta ahora la prensa ha encontrado en la ley 5282 de un valioso instrumento para difundir información en torno a los números y cifras que maneja el Estado en especial en temas de salarios, viáticos y otras cuestiones directamente relacionadas a lo pecuniario pero existen varias áreas de opacidad y secrecía que debieran ser iluminadas por una práctica más activa de investigación y de conocimiento por parte de la prensa.
Se percibe además en estos años de mayor acceso a la información publica algunas muestras de hastío y de cansancio por parte de la prensa de exponer el uso abusivo y corrupto de los bienes del Estado y que no tengan sanción por parte de los órganos de justicia establecidos para tal efecto.
Claramente ahora sabemos más que los funcionarios cobran por presentismo, por títulos, por ayudas para la alimentación o el transporte de personas con salarios superiores a los 15.000 dólares mensuales pero no se hace mucho por corregir esos excesos insultantes a la lógica y la realidad económica en general para la mayoría de la población.
La prensa ha hecho tímidamente aún uso de la ley de acceso a la información pública y aún vemos que los rumores se publican y no se investigan.
Sabemos tanto de hechos de corrupción que algunos medios colocan entre comillas luego del nombre del personaje público su condición de imputado o de condenado pero sin que eso tenga ningún impacto ni legal ni moral en la sociedad.
Esto conlleva a una frustración entre quienes hemos creído que la ley produciría un gran cambio en la manera de concebir el Estado, dinamizar la relación con el ciudadano y tornar los hechos públicos en acciones que se realizan de cara a la sociedad sin ningún manto de secrecía que lleve a la duda y a la corrupción.
Transparencias electorales
La ley en tiempos electores tiene que permitir el conocimiento más acabado del perfil de los candidatos y de sus ofertas electorales.
Tanto los antecedentes de los mismos y el comportamiento que ha tenido el mismo en el ámbito público y privado tiene que suponer un elemento valioso a la hora de escoger o rechazar el nombre de ese candidato.
Pero reitero para que esto tenga valor debe existir un estadio de aprobación y de rechazo que social e institucionalmente tenga su peso.
Solo el escándalo no es suficiente para acabar con los parásitos de un sistema que pueda como los virus mutantes terminar por ser inmunes como las penicilinas a ciertas bacterias.
El mayor escándalo en el Paraguay tiene que ser el castigo electoral a personajes que jamás deberían haber osado en plebiscitar su nombre con los antecedentes que se hicieron público de su gestión.
Se ha visto un escaso avance en conocer la relación entre el sector privado y el Estado en todo este tiempo.
El caso Odebrecht que sacudió el Brasil demostró los profundos lazos entre empresas y Estado al punto que la empresa constructora desarrolló toda una repartición interna encargada de los sobornos a los funcionarios públicos.
Lo mismo aconteció en ese país de corrupciones billonarias con empresas de carnes y de petróleos.
Esos casos parecen aun distantes en un país donde la corrupción se concibe solo como una cuestión de las empresas del Estado y no de las privadas que hacen negocio con el.
El Estado paraguayo adquiere y hace contratos por un valor superior a los 6 mil millones de dólares anuales y se conoce muy poco sobre los procedimientos licitatorios y de control que se aplican sobre estas operaciones.
Hay mucho por desandar en el campo de la transparencia en este sector del relacionamiento de lo público con lo privado.
La falta de una ley nacional de archivos que organice la memoria del Estado es mas que urgente y necesaria.
Saber qué y cómo guardar documentos y referencias facilitaría enormemente la publicidad y el acceso a los mismos. En medio del caos y la desorganización la gran ganadora es la corrupción y por eso es imperioso poner en andar el proceso de una norma de fácil cumplimiento y de duras sanciones a quienes se resisten a dejar de vivir en ese yuyal que se llama muchas veces el Estado paraguayo donde se sienten muy cómodas las alimañas y parásitos.
Por todo lo expuesto en esta semana de recordación del acceso a la información pública y los dos años de vigencia de la ley 5280 que es la número 100 en el mundo debemos apurar el paso para hacer de ella un instrumento al servicio de una democracia muy necesitada de transparencia, mejor gestión del Estado y por sobre todo una ciudadanía activa y reclamante.
La transparencia fomenta confianza, aumenta niveles de gestión de los gobiernos y presupone la condición formal para generar una democracia de oportunidades para todos.
Algunos países ya lo saben hace mucho tiempo... nosotros: no, todavía.
Doctor en derecho especializado en Derecho a la información. Profesor de la materia en varias universidades nacionales e internacionales. Autor de libros y artículos especializados sobre el tema.
Doctor en Derecho. Su tesis fue sobre “El acceso a la información y la garantía para una democracia real”. Fue profesor sobre el tema en universidades de Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica , Estados Unidos y México. Ha escrito profusamente sobre el tema y ha promovido leyes de acceso a la información pública en toda América Latina. Además de su doctorado por la Universidad Nacional de Asunción recibió tres doctorados Honoris Causa por la defensa de los derechos humanos en la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información pública.
Ha sido redactor de la Constitución Paraguaya de 1992, la más garantista en términos de libertad de prensa y de expresión en América Latina.
Fue representante del ciudadano Daniel Vargas Tellez en un pedido de acceso a la información pública que concluyó luego de 7 años en 2013 en un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia paraguaya que abrió las puertas para una nueva ley de acceso a al información pública que entró en vigencia en el 2015 y es la número 100 en el mundo.
Junto con otros actores sociales lideró el Grupo impulsor del acceso a la información pública que apoyó vigorosamente la redacción de la ley 5282.
Su defensa intransigente de los derechos humanos le costó el exilio y la prisión durante la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).