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Ahora tenemos más elementos tecnológicos que facilitan enormemente la transmisión de datos en cuestión de nanosegundos y la sensación de quererlo inmediatamente ha puesto en entredicho a los gobiernos y gobernantes acostumbrados a que en la opacidad y secrecía encuentren el modus operandi de un sistema que solo trajo consigo corrupción y alejamiento del sistema democrático de sus reales mandantes: los ciudadanos. Este sentido de vivir en una caja de cristal traslúcida incomoda por igual a gobiernos de derecha o de izquierda. Es molestoso eso de dar cuentas a cada momento y que le pidan números de gastos y de salarios de forma permanente. Pero así debe ser en democracia y la transparencia permite desinfectar los espacios llenos de inmundicia y de virus que acaban no solo con las esperanzas de la gente sino muchas veces incluso con sus vidas.
La región ha recibido por ejemplo a lo largo de los últimos 50 años más dinero en créditos y donaciones que lo que costó la reconstrucción de toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial y nuestros índices de ejecución o de gestión de esos recursos son lamentables. Según estudios realizados solo a los créditos del BID, se encontró que el 60% de los mismos ha terminado en corrupción volviendo ricos a los administradores de turno. Podríamos haber tenido concluida la infraestructura de educación, salud, redes de agua potable, cloacales y de transporte hace bastante tiempo si hubiéramos tenido gobiernos transparentes acostumbrados a dar cuenta de lo que hicieron con los recursos que se dieron en administración temporal. La falta de transparencia y acceso a la información pública es tal vez la forma menos conocida de manifestación de la corrupción en nuestros países.
Generalmente vemos las consecuencias pero no analizamos las causas. No es casualidad que los gobiernos más transparentes del mundo sean los más prósperos y ricos. Entre ellos Suecia con índices de población similares a varios países como los nuestros tiene acceso a la información pública desde finales del siglo XVIII y sus mecanismos son tan perfectos que todo ciudadano que viva en esa nación escandinava sabe los costos que supone apartarse de la norma y ya no lo decimos de aquellos que pretendan acceder a cargos públicos. Alemania, el país más próspero del mundo, no hace mucho tiempo forzó la renuncia de un ministro que cargaba las millas aéreas a su cuenta personal cuando el ticket había sido adquirido por el Estado! Aquí entre nosotros esta información conseguida por el mecanismo de transparencia jamás hubiera sido delito y menos falta administrativa. Esa es la diferencia entre un país próspero y otro pobre.
Dificultades de consolidación
Desde su entrada en vigor hace un par de años la Ley 5282 está atravesando un periodo delicado de consolidación. El Estado sigue sin organizar sus datos pero por sobre todo no tiene costo el no conceder la información que se solicita. A pesar de que la Secretaría de la Función Pública estableció sanciones pecuniarias a instituciones que no alzaron información en sus portales web, no hemos conocido de que se haya pagado la multa y que tan solo un funcionario de alto nivel haya sido sancionado por violar la norma. Entre lo que se dice en la ley y lo que se hace en la práctica existe una peligrosa brecha que puede acabar en el descreimiento en torno a la verdadera trascendencia de la norma. Mientras esto acontece no hay foro local o internacional donde el presidente Cartes no se ufane de su legado de transparencia al Estado que le tocó hasta ahora administrar, sin embargo sus ministerios, la propia presidencia y entes descentralizados siguen adoleciendo de profundas fallas que muestran el escaso apego a cumplir con la norma de la que tanto se ufanan. Existe un comprobado cinismo desde la función de gobierno y una abierta incompetencia reconocida por el propio titular de la función pública quien afirmó recientemente que los datos del portal nacional del municipio de San Joaquín estaban equivocados desde el jueves (fecha de su reconocimiento) y que no lo cambiarían hasta el martes siguiente.
Los datos requeridos en torno a la conformación de la terna de fiscal general del Estado al Consejo de la Magistratura tuvo que ser recurrido por la vía del amparo para que una jueza ordenara al colegiado que provea la información completa en torno al modo de selección de los tres candidatos de un total de casi 100 candidatos. No existe temor al no cumplimiento de la norma de acceso y esto pone en riesgo el futuro de la ley en su conjunto.
El hecho de tener que recurrir a la institución más sospechada de corrupción como la justicia para que se provea información denegada por la vía del amparo torna el procedimiento ineficaz y de dudosa utilización por el ciudadano de a pie que está convencido de que el mejor pleito es aquel que evita la justicia y no la que recurre a ella institucionalmente.
La modificación de la norma para crear un ente intermediador entre los ciudadanos y el Estado puede ser una buena opción mirando con interés el proceso que ha tenido en otros países como México la práctica del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es evidente que mientras no exista un cambio de actitud cultural que coloque a la transparencia como algo inherente a la conducta de las personas, el proceso puede ser largo, farragoso y frustrante para todos los actores involucrados y muy especialmente para la democracia como sistema que se nutre de ella. (Continuará)
*Doctor en derecho especializado en Derecho a la información. Profesor de la material en varias universidades nacionales e internacionales. Autor de libros y artículos especializados sobre el tema.