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Tras la peculiar manifestación protagonizada en setiembre del 2015 por los pobladores de la colonia Kamba Rembe de San Pedro, quienes exigían el cese de la destrucción de sus cultivos de marihuana por parte de los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas y los efectivos del departamento Antinarcóticos de la Policía, el Estado prometió que iba a enviar profesionales a la zona con el objeto de implementar cultivos alternativos más rentables y de todo tiempo.
El Gobierno llenó de promesas a los habitantes de aquella región para erradicar el cultivo de la droga. Les entregó más de 40.000 plantines de tomate y otras plantas, pero la producción se pudrió en gran parte en los campos de cultivo, debido a la falta de mercado y porque los comerciantes de la zona aprovecharon la falta de medios y de caminos de todo tiempo para pagarles a los labriegos el precio que a ellos se les antojaban por la cosecha.
En menos de un año, todo volvió a lo mismo: cientos de hectáreas de marihuana cubren gran parte de la extensa región financiada en gran parte por miembros de organizaciones criminales brasileñas, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, a más de narcos locales. Esta misma situación se repite en las localidades más alejadas y desprotegidas de los departamentos de Canindeyú y Amambay.
En aquellas área, la ausencia total del Estado ha convertido a los financistas de la producción de la “macoña” en la única esperanza de los lugareños.
A raíz de ello, cada año ha ido creciendo el cultivo de la droga, que últimamente ha inundado los mercados de consumo de la Argentina, Uruguay y Chile. Los narcos utilizan todos elementos que tienen a su alcance para enviar la droga a los países del Río de la Plata. En tanto que el mercado más cotizado ha sido siempre el chileno debido al alto costo que tiene la marihuana paraguaya en la nación transandina, donde un kilo de la droga puede alcanzar los US$ 2.000.
Periódicamente, la Senad y elementos de la Policía Nacional efectúan grandes despliegues de hombres y elementos tácticos en los tres departamentos mencionados para combatir los cultivos de la marihuana. Sin embargo, en la realidad estos trabajos son casi imperceptibles y más parecen publicidad para demostrar la existencia de una política de lucha contra este flagelo que los últimos años ha llegado a afectar a toda la región.
Por ejemplo, el incesante flujo de la marihuana en la Argentina ha generado una seguidilla de escándalos, a causa de la encarcelación de autoridades políticas y policiales vinculadas a estructura criminales dedicadas al narcotráfico. Tal es el caso del intendente de la limítrofe ciudad de Itatí Natividad Terán, el viceintendente Fabio Aquino y policías de distintos cuerpos y rangos de la provincia de Corrientes.
Un recuento presentado por la Senad sobre la última incursión efectuada en los montes limítrofes entre San Pedro y Amambay señala que fueron eliminadas 521 hectáreas de cultivos y 208.730 de cannabis ya cosechadas y listas para su elaboración.
Estas operaciones, con casi los mismos resultados, se registran periódicamente, pero la falta de una política bien definida de parte del Gobierno nacional impide luchar con éxito contra el narcocultivo.
No existen los cultivos alternativos, y si los hay, el Estado no garantiza a los labriegos caminos en buen estado para acercar sus productos a los mercado de venta y los deja al arbitrio de los comerciantes, que les compran el producto de sus cosechas a precios irrisorios y hasta abusivos.
La mayor cantidad de marihuana producida en el país es remesada a los mercados de consumo del Brasil. Los traficantes utilizan todos los medios a su alcance para transportar toneladas de la droga por todas las carreteras del vecino país. De acuerdo a los investigadores, la complicidad de algunas autoridades juega un papel fundamental para el éxito de los grandes envíos en vehículos de gran porte.
Bolivia se ha convertido en los últimos años en un nuevo destino de la “macoña”, debido a que los narcos cambian la hierba en el vecino país por paquetes de pasta base de cocaína o crack, que luego distribuyen en las principales ciudades. Tres kilos de marihuana son canjeados por uno del derivado de la coca, explicaron. En tanto que los bolivianos venden la hierba en Chile, donde consiguen hasta US$ 2.000 por cada kilo, según explicaron.
brlopez@abc.com.py