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El caso que se produjo el miércoles último en Luque concentró la atención de todo el país por varias horas, desde el momento de la desaparición del niño de 12 años hasta su hallazgo sano y salvo en la misma ciudad.
Lo que ocurrió fue que el niño, cuando estaba solo en su casa, recibió una llamada en la línea baja de parte del recluso Carlos Alberto Chávez, de 26 años, quien a su vez llamaba desde su celda con un celular.
El extorsionador le hizo creer al menor de edad que tenían secuestrada a su madre y lo indujo a que saliera de la casa para hacer un giro.
Mientras el niño estaba fuera de la casa, creyendo que iba a salvar a su madre, el padre del pequeño llegó casualmente a la vivienda y también atendió otra llamada hecha a la línea baja, de parte del mismo recluso, quien a esta vez le hizo creer al dueño de casa que tenían secuestrado a su hijo de 12 años.
Así, con la criatura fuera de la casa, el padre extorsionado cayó en la trampa de los extorsionadores, ya que justo cuando llamó a su hijo para corroborar lo que estaba pasando la comunicación se interrumpió debido a que se terminó la batería del celular del pequeño.
Desesperado por la integridad de su hijo, el padre también salió de la casa e hizo giros por valor de G. 5 millones, a los números que el extorsionador proporcionó. Horas más tarde, el niño apareció, se reunió con sus padres y se terminó la pesadilla.
Centro de cobro en la cárcel
Policías del departamento Antisecuestro, quienes allanaron la cárcel de Emboscada e identificaron al recluso responsable del engaño, dijeron que dentro del penal funciona un centro de cobro de giros, que aparentemente es legal.
Todos los reclusos del país, así como cualquier otro ciudadano, tienen el derecho de ser asistidos y de recibir ayudas de parte de sus familiares.
Pero evidentemente este centro de cobro de giros habilitado en la prisión sirve para efectivizar los todos los giros producto de la extorsión.
Es decir, los extorsionadores recluidos andan tranquilamente con celulares en sus celdas e incluso se atreven a proporcionar esos mismos números para recibir los montos exigidos a sus víctimas, que después son cobrados sin ningún problema en la penitenciaría.
Entonces surge la duda sobre si alguien controla este negocio ilegal, que va fortaleciendo la industria de la extorsión.
Recordados casos desde Tacumbú
Las extorsiones por teléfono se iniciaron en los años 2000 en la penitenciaría nacional de Tacumbú, con la red dirigida por el célebre autotraficante Hugo Marcial Insfrán Santacruz.
A diferencia de la época actual, en la que los extorsionadores amenazan con secuestrar a sus víctimas o les hacen creer que sufrieron algún accidente, antes desde las cárceles eran muy comunes los pedidos de dinero a cambio de la recuperación de vehículos robados.
De hecho, así operaban desde prisión. Una célula en las calles robaba vehículos y los reclusos llamaban a los dueños de esos rodados para pedirles dinero a cambio de la devolución.
En fin, pese a que los métodos evolucionan, el delito de extorsión sigue tan vigente como antes y goza de buena salud.
Avisó que seguirá extorsionando
El convicto Carlos Alberto Chávez, quien extorsionó desde su celda de Emboscada a un padre y a su hijo de 12 años que viven en Luque, fue identificado como responsable del caso el jueves último.
Según los policías de Antisecuestro, Chávez, además de reconocer el delito, avisó que seguirá extorsionando desde prisión, porque tiene que “mantenerse” adentro y para eso necesita dinero. El criminal fue arrestado por última vez el 31 de octubre de 2016, en Curuguaty, justamente por los mismos policías que esta vez allanaron su celda.
Según los datos, Chávez y su banda extorsionaron el 18 de octubre de ese mismo año a una señora que recibió una llamada en su teléfono celular. Con voz femenina, se hicieron pasar por su hija y obligaron a la víctima a girar en total G. 16.700.000.
Supuestamente, su hija había sido asaltada y estaba privada de su libertad. La mujer fue advertida de que “hace tres meses” seguían sus movimientos y que eran “miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”. La madre giró dinero por Giros Tigo y realizó depósitos. Tuvo que empeñar joyas por G. 9.000.000 y hacer un préstamo personal de G. 4.000.000.
En otro caso, en fecha 8 de octubre de 2016, otra mujer fue extorsionada y obligada a girar G. 19.000.000, vía Western Union, bajo la amenaza de que su hermana estaba siendo víctima de un asalto con toma de rehén. La mujer quitó sus ahorros de una cooperativa para cumplir.
Estas víctimas no recuperaron su plata, pero los casos fueron judicializados.