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En el acta de imputación, el fiscal Nicasio Galeano señala que la propia Contraloría General de la República remitió un informe especial desfavorable para el jefe comunal.
Esto es así porque del análisis del informe de rendición de cuentas de los recursos transferidos del Ministerio de Hacienda, salta que la Municipalidad de Ypané recibió la suma de G. 1.853.194.802, en concepto de fondos de Fonacide. De dicho monto, presuntamente se han gastado G. 759.349.608, quedando un saldo “injustificado” de G. 1.093.945.134, monto presuntivo del perjuicio patrimonial.
“Que, conforme a los elementos con que cuenta el Ministerio Público en esta etapa de la investigación y considerando el informe de la Contraloría General de la República por nota CGR N° 1272 de fecha 1 de diciembre del año 2015 de la dirección general de control de los organismos departamentales y municipales.
Informe rendición de cuentas de los recursos transferidos del Ministerio de Hacienda en concepto de Fonacide, ejercicio fiscal 2014 de la Municipalidad de Ypané, Departamento Central y considerando el presente informe notamos que dicho periodo la Municipalidad de Ypané recibió la suma de G. 1.853.294.802, de este monto presuntamente se ha gastado la suma de G. 759.349.608, quedando un saldo injustificado hasta la actualidad de G. 1.093.945.134, monto presuntivo del perjuicio patrimonial en contra del Estado paraguayo”, dice la imputación.
En el escrito, el fiscal consigna también cuanto sigue: “Del monto de G. 759.349.608, G. 446.034.830 se ha ejecutado sin contar con la autorización de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El monto de G. 158.750.978 corresponde a cheques emitidos y cobrados sin documentos de respaldo en el ejercicio fiscal 2014. La suma de G. 154.563.860 corresponde al pago en concepto de embargo judicial con fondos provenientes del Fonacide sin documento de respaldo”, según se detalla.
Fines del Fonacide
Galeano indica en su imputación los “fines” de los fondos Fonacide: “Cabe destacar que la Ley N° 4758/12, en el artículo 13 del decreto N° 9966/12, que reglamenta la Ley N° 4756/12, establece cuanto sigue: Los ingresos percibidos por los gobiernos departamentales y municipales en virtud de la ley, serán destinados en su totalidad, de acuerdo a lo siguiente: A) Por lo menos 50%, a proyectos de infraestructura en educación y B) El 30% a proyectos de almuerzo escolar y C) Los saldos remanentes en proyectos de inversión pública y desarrollo”.
De esta forma, al agente le queda claro cómo debió ser ejecutado los más de mil millones que la administración de Ortiz no puede justificar.
Pedido de prisión
El fiscal Galeano solicitó la prisión preventiva de Ortiz Albrecht teniendo en cuenta el peligro de fuga y la obstrucción a la prosecución penal, además de que el hecho es “superlativamente grave”. Asimismo, el agente tiene en cuenta que el intendente soporta otra imputación, también por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, por lo que su situación procesal se agravó.
De forma expresa, el investigador indica en su pedido de medidas cautelares: “La aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva teniendo en cuenta el peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la persecución penal y esto considerando que el mismo soporta otra imputación con pedido de prisión en la causa N° 2591/15 ‘Horacio Ortiz Albrecht sobre lesión de confianza y otros y porque también puede influir en los testigos y coimputados, ya que próximamente se formalizará acción contra otros involucrados en el hecho”.
Asimismo, agrega: “Si bien el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que ‘la prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio’, esta representación considera que el hecho es superlativamente grave y en consecuencia para asegurar la presencia y sometimiento del procesado a la investigación, considerando además que así únicamente se contribuirá al éxito del proceso”.
En el primer proceso por lesión de confianza y un perjuicio de G. 1.850 millones, la fiscala Brígida Aguilar –apartada luego de recibir amenazas también pidió la prisión de Ortiz, pero este recibió una “manito” del juez Roberto Saldívar Martínez, quien le dio libertad ambulatoria con una fianza de G. 4.000 millones.
Con escándalo, amenazas e inhibición
La primera imputación contra el intendente de Ypané, Horario Ortiz, desencadenó en un escándalo de escraches y amenazas de muerte contra la fiscala Brígida Aguilar, que terminó apartándose de la causa.
La agente de J. Augusto Saldívar presentó la imputación el 14 de enero de este año e incluyó también a la administradora de la Comuna, Lic. Elva Beatriz Corvalán Díaz. Había ordenado la detención de ambos y pidió la prisión preventiva.
“El intendente debe justificar el uso de más de G. 1.850 millones o devolver la plata porque se expone a una pena privativa de libertad de 10 años y varias veces hemos solicitado el informe a la Comuna, pero no nos acercaron ningún papel”, había declarado la agente.
Tres días después, Aguilar denunció que recibió amenazas de muerte. Al día siguiente, el 18 de enero, Ortiz logró medidas alternativas con el juez Roberto Saldívar, tras la imposición de una fianza de G. 4.000 millones.
Luego, Aguilar decidió apartarse del proceso porque además de amenazas anónimas, la bancada liberal del Congreso había pedido “su cabeza” al Jurado.
Por ese motivo el gremio de fiscales brindó su apoyo a la representante del Ministerio Público y denunció la abierta “coerción política” contra Aguilar.
Por su parte, el Jurado resolvió investigar al juez Roberto Saldívar por haber otorgado libertad ambulatoria cuando había pedido de prisión preventiva de la fiscalía.
griselda@abc.com.py