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Con la extradición de los paraguayos Óscar Luis Benítez y Lorenzo González Martínez a nuestro país, confirmada el viernes último por el fiscal Manuel Doldán, la administración de justicia debe preparar un nuevo juicio oral y público para ambos. Benítez y González están presos en São Paulo, Brasil, desde el 24 de noviembre de 2017, fecha en que fueron aprehendidos en el municipio brasileño de Itaquaquecetuba, ubicado en el estado de São Paulo, a 40 kilómetros del centro de la urbe del mismo nombre.
La imputación fiscal sindica a Óscar Luis Benítez y Lorenzo González Martínez como encargados de reclutar a la mayoría de los miembros del brazo armado del Partido Patria Libre (PPL), hoy el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Según los investigadores, Benítez también alquiló en San Lorenzo una casa desde la cual vigilaban la residencia de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau. Asimismo, alquiló otras viviendas de resguardo para sus cómplices, en Fernando de la Mora, Lambaré y Luque.
A ello se suma el hecho de que el celular que usaba Benítez fue ubicado técnicamente en el mismo lugar donde se cobraron los 300.000 dólares que la familia de Cecilia llegó a pagar al EPP, en el distrito de Nueva Londres, departamento de Caaguazú. Para los investigadores, Benítez fue quien recibió el dinero del rescate.
Por otro lado, la Fiscalía sindica a Lorenzo González de haber participado activamente en la captura de Cecilia Cubas en la noche del 21 de setiembre de 2004.
También se le atribuye participación en la “reunión del punto final”, que se hizo el 13 de enero de 2005 entre los miembros de la cúpula del Partido Patria Libre y en la que se decidió el asesinato de la joven cautiva.
Cecilia Cubas Gusinky, de 31 años, fue secuestrada el 21 de setiembre de 2004 por un grupo comando cuando se dirigía en su vehículo a su residencia del barrio Laguna Grande, de la ciudad de San Lorenzo.
La investigación realizada con relación al caso reveló la siniestra trama urdida un año antes de su ejecución. Pruebas ofrecidas en los juicios revelaron que el crimen contó con asistencia de referentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Tras cinco meses de incertidumbre, el 16 de enero del 2005 se produjo el macabro hallazgo de los restos mortales de Cecilia, enterrados en un túnel de una casa del barrio Mbocayaty de Ñemby.
Si bien en un principio sus captores exigieron el pago de US$ 5 millones para liberar a la joven, luego bajaron sus pretensiones hasta US$ 300.000.
La familia pagó el rescate, pero la anunciada liberación no se dio. Es más, posteriormente se comprobó que Cecilia ya no estaba viva cuando se cobró el dinero.
Veinte condenados en tres juicios
A la fecha, ya se han realizado tres juicios con relación al caso, en los cuales han sido condenadas 20 personas.
En el primer juicio fueron juzgados activistas y simpatizantes del partido de izquierda Patria Libre por su responsabilidad en la planificación y distintas etapas de la ejecución del plagio.
Osmar Martínez (ya fallecido) y Anastacio Mieres, exsecretario general y activista de Patria Libre, respectivamente, recibieron las penas más elevadas, de 35 años de reclusión, de los cuales 25 corresponden a la pena máxima y 10 a medidas de seguridad. Francisca Andino, igualmente activista del referido partido de izquierda, fue condenada a 30 años de reclusión (22 años de prisión y 8 años de medidas de seguridad).
Los demás condenados son: Roberto Otazú a 25 años y 9 meses (18 años y 9 meses de prisión y 7 años de medidas); Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, Manuel Portillo, Sebastián Osorio y José Hidalgo a 24 años y 9 meses (18 años y 9 meses de prisión y 6 años de medidas); Aldo Meza a 15 años de cárcel, mientras que Lidia Samudio y Rosalba Jara fueron sentenciadas a 5 años de prisión.
En el segundo juicio, Casildo Acosta fue sentenciado a 7 años de cárcel y el tercer juicio tuvo como protagonistas a un integrante del brazo armado y a seis partícipes de la reunión de “punto final”, donde se decidió la ejecución de la víctima según un testigo, todos condenados a 35 años.
Persecución política fue descartada
El Tribunal de Sentencia que tuvo a su cargo el primer juicio del caso Cecilia Cubas, presidido por la jueza Elsa García, destacó que los condenados por el secuestro y crimen de Cecilia Cubas buscaron disfrazar su acción criminal con el “ropaje de lucha ideológica”. Al descartar la supuesta persecución política alegada por varios de los acusados, García destacó que la conducta de los condenados tuvo como meta la obtención de beneficios económicos para la organización criminal.
La influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el accionar de los condenados quedó en evidencia mediante la revelación de los correos entre el líder del grupo, Osmar Martínez, y Rodrigo Granda Escobar, entonces “canciller” de la guerrilla. Los archivos de Raúl Reyes, nombre ficticio utilizado por Luis Édgar Devia, el segundo hombre de la guerrilla de las FARC, dan cuenta de que hubo una planificación con apoyo externo.
El correo utilizado por Martínez era musguero@hotmail.com, creado el 9 de mayo de 2003. El de Granda era trotador505@hotmail.com, habilitado el 7 de mayo en Ecuador. Un informe de Microsoft reveló en forma contundente la conexión. Para demostrar que el usuario de musguero@hotmail.com era Osmar Martínez, la fiscalía consideró un correo enviado por “musguero” que tenía como remitente el nombre Osmar, y en el cual se consignó el número de celular 0971-416997, línea y dirección que posteriormente se confirmó pertenecían a Martínez. En el cateo de la casa del citado, en Caaguazú, fue hallada una tarjeta en la que figuraba la dirección de correo “trotador505@ hotmail.com”, y a partir de ahí se inició la investigación de dicho email.
“El objetivo económico está listo. Ellos tienen la inteligencia, armas, carros, casas y el grupo que haría el operativo. Que buscan sacar 5 millones de los verdes y están en capacidad de guardar el toro hasta por seis meses. Que la colaboración que piden es que Hermes (FARC) vaya e inspeccione los sitios y dé recomendaciones al grupo operativo y la mejor manera de negociar y cobrar, parte en la que están flojos”, refería uno de los mensajes.
Condenado en dos casos
El primer juicio por el secuestro y crimen de Cecilia Cubas Gusinky, realizado el 1 de diciembre del 2006, concluyó con 12 condenados y tres absueltos.
Entre los condenados a 15 años está Aldo Meza, quien cumple condena de 18 años de reclusión por el plagio de María Edith Bordón de Debernardi (2001). Una de las pruebas presentadas contra él es un video de práctica de secuestro.
Por otro lado, la absolución de Asael Salas, José Martínez y José Martínez Durán fue revertida en la Cámara, que ordenó realizar un nuevo juicio oral.
Falleció en prisión
Osmar Martínez, ex secretario general del Partido Patria Libre (PPL) y sentenciado a la máxima pena, falleció el 7 de diciembre del 2015 en su celda en la Agrupación Especializada. La causa de muerte fue un paro cardiaco por causa de un aneurisma.
Intentó ocultar a prófugo
El segundo juicio oral y público por el secuestro y crimen de Cecilia Cubas tuvo como solitario protagonista a Casildo Acosta, condenado a 7 años por asociación criminal y frustración de la persecución penal.
Acosta fue procesado por haber ocultado en su casa a Sebastián Osorio, condenado a 18 años y 9 meses de prisión, más 6 años de medidas de seguridad, por participar en el plagio.
Según el tribunal que lo condenó, su función era la de proveer apoyo logístico a la organización que ejecutó el crimen, para lo cual compró varios bienes, entre ellos una casa en San Pedro, donde cayó Osorio. También se consideró que al momento de su aprehensión Osorio dijo llamarse Justo González. En juicio se demostró que Acosta gestionó el certificado de nacimiento con dicho nombre falso, utilizado por Osorio para ocultar su verdadera identidad.
Tras extradición, condena
El tercer juicio tuvo como protagonistas a un integrante del brazo armado y a seis partícipes de la reunión de “punto final”, que tuvo lugar el 13 de enero del 2005 en Caaguazú y donde se decidió la ejecución de la víctima, según testigo.
Aristides Vera, Basiliano Cardozo, Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Gustavo Lezcano y Simeón Bordón fueron sentenciados a 25 años de prisión y 10 años de medidas de seguridad, penas que tendrán compurgadas el 12 de diciembre del 2033. Estas personas huyeron del país en marzo de 2006, en vísperas de la primera audiencia preliminar fijada para el caso. Fueron detenidos en la Argentina en mayo de 2006 y extraditados al Paraguay en diciembre de 2008. El coacusado Carlos Espínola recibió 35 años, que compurgará recién el 30 de diciembre del 2034, pues se presentó ante la justicia en diciembre del 2010.
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