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Nota mediante, defensores de Central solicitan a la ministra de la Defensa Pública Selva Morel una reunión con el fin de “intercambiar ideas, propuestas y posibles soluciones a la problemática que existe actualmente en la jurisdicción de Central, en cuanto al crecimiento excesivo, estadísticamente comprobado, de los procesos judiciales donde ejercen la defensa técnica, los defensores públicos de dicha jurisdicción”.
En realidad, se trata de una reiteración de distintas notas presentadas anteriormente por defensores de las diferentes ciudades que integran dicha jurisdicción, agobiados por el notable recargo de trabajo que soportan hace años.
¿Y qué es lo que pasa en Central? Precisamente a los efectos de demostrar la situación que viven, los defensores acompañaron la nota con datos estadísticos, donde se observa que dicha jurisdicción concentra la mayor cantidad de causas nuevas, 1.696 más que las ingresadas en capital.
Se estima que en cada turno –que dura cinco días– ingresa un promedio de veinte a treinta personas a prisión y en Asunción, como máximo diez.
Asunción cuenta con 53 defensores para el área penal, cuatro de ellos comisionados al área administrativa y los demás distribuidos de la siguiente manera: Penal ordinario: 33; juicio oral: 7; Adolescente infractor: 5 y Ejecución: 4.
En Central hay 38 defensores, que manejan un promedio de 600 casos cada uno y deben ocuparse de las distintas etapas del proceso, es decir audiencias de imposición y revisión de medidas, audiencias indagatorias, de reconocimiento y preliminares, cámara Gesell, juicios orales, además de contestar traslados de los distintos recursos presentados y realizar visitas carcelarias.
La distribución de los defensores asignados al área penal está establecida de la siguiente manera: Lambaré (jurisdicción que abarca además las ciudades de Villa Elisa, Ñemby y San Antonio), 8 (de los cuales dos son para adolescentes infractor); Luque, 5 (uno para adolescente infractor y ejecución); Limpio, 2; Fernando de la Mora, 8 (dos de ejecución); San Lorenzo, 6 (1 para adolescente infractor); Capiatá, 4 y J. Augusto Saldívar, 5 (2 para adolescente infractor).
Como si no fuera suficiente el extraordinario recargo de trabajo existente, los recursos escasean cada vez más y los defensores deben costear con dinero de sus propios bolsillos gastos para rubros que ya se encuentran presupuestados, pero que no llegan a destino.
Como en cualquier institución pública, las críticas no son bienvenidas y el temor a represalias persiste, motivo por el cual mantenemos en reserva nuestras fuentes. Mensajes extraídos de un grupo de WhatsApp dejan en evidencia las dificultades del día a día de los defensores de dicha zona del país para cumplir su labor:
“En un solo día tuve tres juicios orales en tres lugares diferentes a la misma hora, ojo, previamente justificados por nota de la defensa... allí ya me denunciaron por ausencia de la defensa en Luque, estando en San Lorenzo, en juicio oral a la misma hora... luego se justificó, previa inspección y dictamen de auditoría”.
“Los de Central no disponen de móvil, poseen un cupo de combustible mínimo que no alcanza para el recorrido diario, en atención a que en turnos, juicios orales, vamos por zonas fuera del radio de la jurisdicción”.
“Hasta silla se tiene que comprar para no recibir a la gente parada”.
Insumos escasean también en Asunción
Las conversaciones evidencian que la falta de insumos también se siente en Asunción.
“Y si acá en capital a dos cuadras de Poder judicial, no tengo impresora, ni funcionario. Ni me imagino cómo debe ser el día a día de un colega en Alto Paraguay”.
“En honor a la verdad, la directora siempre nos recibe, nos dice que va a solucionar, habla de reforzar con colegas de Asunción, pero la solución no llega, son solo palabras. Sin una resolución que determine cómo se va hacer, no se hace nada y seguimos en lo mismo”, explicó uno de los afectados, aún expectante de la reunión.
Urgen llenar vacancias
Martín Muñoz, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay, destacó que gestionan la incorporación de más de una treintena de profesionales al gremio, para lo cual realizan constantes visitas a los miembros del Consejo de la Magistratura a los que piden agilizar la designación de cargos vacantes.
En este sentido, explicó que actualmente hay 16 vacancias para defensores especializados en la Ley 5.777, “Ley de Protección Integral a las Mujeres, contra toda Forma de Violencia”; unas veinte vacancias de defensores que renunciaron o asumieron como jueces, tres de colegas que se jubilaron recientemente y de otros que están comisionados en administración.
“(...) en los últimos años, el número de la población
363 defensores Hay 363 defensores públicos en todo el país, de los cuales cuatro están comisionados al área administrativa: Gustavo Zapata: Centro de Formación y Capacitación del Ministerio de la Defensa Pública (CEFCADEP). Asunción, sede Juan Díaz de Solís. Fernando Ariel Cristaldo Bernal y Olga María Blaires Frutos: Dirección de Gabinete y María Sol Samaniego Fernández: Dirección de Derechos Humanos. Área administrativa.
86 en Asunción Un total de 86 defensores trabajan en capital (aunque algunos son del interior), con la siguiente distribución: 49 en el área penal (33 en penal ordinario; 7 para juicios orales; 5 en penal adolescente y 4 en ejecución); 10 en Niñez y Adolescencia; 11 en civil ante Niñez y Adolescencia; 12 en lo civil; 3 en lo laboral y 1 en laboral y contencioso administrativo. Esta división del trabajo por etapa procesal sólo se aplica en Asunción.
Faltan recursos Las quejas más constantes de los defensores son que el cupo de 450.000 guaraníes mensuales para combustible no alcanza para cubrir todas las actividades que les corresponde, más aún considerando que además de los turnos mensuales, tienen atención permanente los fines de semana. Faltan toner, impresoras, computadoras, móviles y las contribuciones para comprar combustible y hasta repuestos son constantes.
Instalaciones Las instalaciones precarias también son motivo de frecuentes críticas. Mobiliario vetusto, paredes deterioradas, espacios reducidos e inadecuados para la gran cantidad de personas que acuden a diario a las distintas reparticiones del MDP en todo el país, están a la orden del día. En el 2011, ingresaron 29.440 causas y en el 2012, 35.743, lo cual muestra que el aumento de trabajo de Central no es de ahora.
Pese a quejas, hay logro en seguro
El presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (ADEPPY), que preside Martín Muñoz, reconoció que las quejas por la falta de insumos son constantes, especialmente en el interior del país, motivo por el cual están haciendo las gestiones necesarias para buscar una solución al problema.
“Mis colegas me dicen diariamente: ¿cómo es posible que haya viáticos y dinero para otras actividades y para esto que es fundamental, no? Y en eso sí tengo que admitir que hay gato encerrado, algo está pasando”, indicó.
Muñoz dijo desconocer quejas sobre la falta de combustible y aseguró que todos regularmente reciben una carga mensual de G 450.000, aunque puede ser que existan faltantes para los móviles asignados a las defensorías.
“Quejas por falta de combustible nunca escuché. Nosotros siempre recibimos de manera ordenada porque es a través de una tarjeta de Petropar, nosotros recibimos una carga de 450.000 mensuales y cuando hay una cuestión puntual, se pide vía nota, para visitas carcelarias lejanas, por ejemplo de Asunción a Emboscada o como estoy ahora en Concepción, también”, explicó.
“Pero también es real la situación de que muchos vehículos están sin mantenimiento porque no tienen repuestos, etc. esto es verdad porque hasta en Asunción nos pasó y me consta. Y también la falta de insumos. Eso (combustible) llega normalmente, ahora seguramente para los móviles de la defensoría puede que haya ese inconveniente, pero hay que ver en cada una de las coordinaciones porque la administración de las circunscripciones es independiente”, acotó.
Seguro médico, por primera vez
Martín Muñoz comentó que uno de los reclamos del gremio era la falta de seguro médico, beneficio que se logró en la semana pasada. El representante de los defensores públicos destacó que era la primera vez que la institución cuenta con seguro médico institucional, lo cual considera un avance positivo.
No obstante, continúan con las gestiones en los distintos ámbitos para generar respuestas a las demás peticiones.
“Hubo una transición en administración y quizá esto pudo haber afectado. Yo no tengo elementos para decir que se estuvieron haciendo cosas indebidas o ilegales con los rubros respectivos, pero evidentemente hay un problema presupuestario”, concluyó, tras indicar que hasta cierto punto puede acompañar e intermediar los reclamos a nivel gremial, pero la decisión final la tiene la defensora general Selva Morel.
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