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La abogada Patricia Beatriz Doria Argaña asumió como directora de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público en 2010. Lo hizo en reemplazo de Ricardo Preda, que renunció al cargo para ejercer la abogacía.
La directora de la UDEA tiene como función dictaminar si las denuncias que son presentadas ante esa unidad deberían ser indagadas o no por los fiscales especializados para el efecto.
El 20 de octubre de 2017 la Coordinadora de Abogados del Paraguay presentó una denuncia formal ante la fiscalía, contra el entonces fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, sobre el supuesto hecho de enriquecimiento ilícito, con base en una publicaciones realizadas por ABC Color.
Fue así que el 29 de diciembre del año pasado Patricia Doria dictaminó a favor de la apertura de una investigación penal contra Javier Díaz Verón, su esposa María Selva Morínigo y sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo.
Ese hecho hizo que en los primeros días de enero de este año, el fiscal adjunto de Delitos Económicos Federico Espinoza –primo de Javier Díaz Verón– asignase el caso a los fiscales Yolanda Portillo y José Dos Santos.
El pecado de Patricia Doria fue muy grande y el fiscal adjunto interino Alejo Vera, designado por Díaz Verón, (quien se había dado un autopermiso), inventó una historia con la intención de maquillar la vendetta con un pedido de permiso sin goce de sueldo. Dijo que supuestamente había pedido Doria para ir comisionada a la recientemente creada Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
De por medio estaba la nueva fiscal adjunta de Delitos Económicos, la agente Alba Rocío Cantero, quien también efectuó maniobras para apartar a Doria del cargo clave. Así le ofreció ocupar otra dirección dentro de la institución con la excusa en ese momento fue que la nueva adjunta necesitaba gente de confianza.
Al día siguiente del cambio el fiscal adjunto encargado de despacho, Alejo Vera, dispuso el relevo de Doria y nombró para ese cargo a Miguel Ángel Ruiz Centurión, mediante la resolución N° 293 del 31 de enero de 2018. Ruiz hasta ese entonces se desempeñaba como relator fiscal. Todos los movimientos en torno a la cobertura de cargos resultaban sospechosos.
Ante todo lo que ocurría con Doria y su relevo, la Asociación de Fiscales del Paraguay se mantuvo en silencio todo ese tiempo.
Retorno
Luego de permanecer casi cinco meses “castigada”, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, nombró la semana pasada a la abogada Patricia Doria en un cargo más alto, la asesoría jurídica del Ministerio Público. Este hecho significa la reivindicación de la funcionaria que está altamente calificada y que además cuenta con una buena reputación.
Dicha asignación se oficializó a través de la resolución Nº 2066 del 2 de mayo pasado que “rectifica parcialmente la resolución N° 331 del 31 de enero de 2018 y deja sin efecto a partir del 1 de mayo de 2018 la vigencia de permiso concedido a la funcionaria Patricia Beatriz Doria Argaña, por lo que se reintegra al Ministerio Público a partir de esa fecha”.
El cargo de Doria estaba siendo ocupado por la actual fiscala adjunta electoral Patricia Rivarola.
Toda la familia investigada
El fiscal Martín Cabrera se encuentra actualmente investigando el presunto enriquecimiento ilícito del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, su esposa María Selva Morínigo y sus dos hijos, Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo.
La familia soporta la pesquisa por tener una firma denominada Canto Rodado SA con un capital de 2.500 millones de guaraníes.
La esposa de Díaz Verón, Selva Morínigo, es abogada y también exfuncionaria del Fondo Ganadero. La misma aparece como propietaria de las empresas Canto Rodado y Salty River, que entraron en auge desde que su esposo accedió al alto cargo del Ministerio Público.
Por su parte Javier Díaz Verón es propietario de una estancia modelo que aparece a nombre de su suegra. En la misma tiene un total de 250 cabezas de ganado de la raza Brahman y Nelore, de las cuales, cada una tiene un costo de G. 4.000.000, es decir, que solo en animales vacunos el ex fiscal general registró G. 1.000 millones.
ariel.espinoza@abc.com.py