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El tráfico de González Daher
El escandaloso tráfico de influencias del senador cartista y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher, expuesto en audios con su secretario Raúl González Lippmann, es una muestra de cómo se negocian los casos para que avancen o se estanquen, a cambio de dinero o favores políticos.
Las conversaciones filtradas y expuestas en ABC Cardinal no hacen más que confirmar el modus operandi y los aprietes desde el Jurado, donde todo se negocia, desde imputaciones, acusaciones hasta libertades de narcotraficantes.
Una fiscala en particular, Teresa Rojas, fue objeto de burlas por parte de Fernández Lippmann y el abogado Carmelo Caballero, exministro del Interior. La misma “osó” imputar al Luis Saguier Blanco, expropietario de la firma Electrofácil, y se ganó el pulgar abajo de González Daher.
En otro audio, el parlamentario se refiere de manera grotesca y descarada hacia la jueza Dina Marchuk, quien “pecó” al hacerle varias preguntas a su hermano Ramón González Daher y casi “meterlo preso” por una causa de intento de despojo del predio de un club. El pedido de los antecedentes del caso le hizo firmar al diputado Óscar Tuma, miembro del Jurado, porque involucraba a su hermano. En una conversación con este le dijo que era para demostrarle a Marchuk que era “una mierda nomás” y que le “respete”.
Además, saltaron varios audios donde se pedían favores para políticos procesados, entre ellos los exintendentes Walberto Zárate (de Mariano Roque Alonso) y Roberto Cárdenas (Lambaré), entre otros.
Una década sin definir caso coima
El suspendido juez Roberto Martínez cierra otro año sin que se defina su causa que lleva diez años.
El magistrado logró dilatar su proceso todo este tiempo y recibió la “manito” de su colega Edith Coronel, que le otorgó la prescripción de la causa por el transcursos del doble del plazo, en abril de 2016.
Ese fallo fue apelado por el fiscal Igor Cáceres, pero ratificado por la Cámara de Apelaciones con voto dividido debido a que los camaristas Cristóbal Sánchez e Irma Alfonso de Bogarín se expidieron a favor de ratificar la resolución de Coronel, mientras que Clara Estigarribia votó por revocar la resolución, debido a que para ella no se cumplió el plazo de prescripción.
Martínez nunca fue removido del cargo pese a estar acusado por un supuesto pedido de coima de US$ 3.000, que data de 2006. En el caso también estuvo involucrado el practicante de su juzgado, Osvaldo Britos.
Exfiscal beneficiado con la extinción
El exfiscal de Encarnación Christian Garelik Um fue beneficiado este año con la extinción de su proceso por coima luego de una maniobra judicial. El agente cayó en flagrancia con el 28 de julio de 2014 con G. 5.000.000 en el propio Palacio de Justicia de Encarnación, donde fue filmado.
Para el “blanqueo” el juez penal de garantías de Encarnación Máximo Martín Ortega no tuvo en cuenta el plazo de un año de sobreseimiento provisional que él mismo había otorgado. La Cámara de Apelaciones tuvo el caso durante varios meses y no descontó ese tiempo. Para llegar a la impunidad la fiscala María del Carmen Palazón se allanó al provisional durante la audiencia preliminar, pese a que había acusación por cohecho pasivo.
Cajoneo de prevaricato de Blanco
El caso de prevaricato del ministro Sindulfo Blanco sigue cajoneado porque ningún juez se animó a aceptar la causa abierta por fiscales de Delitos Económicos. En abril se cumplió un año de la imputación penal que nunca fue aceptada en tribunales.
Los fiscales Luis Piñánez y René Fernández imputaron a Blanco y su excolega Víctor Núñez porque habrían cometido prevaricato en 2014 al admitir ilegalmente un recurso de casación planteado ante la máxima autoridad judicial, apartándose de lo que él mismo sostuvo en 123 casos similares anteriores. La ministra Alicia Pucheta había votado en contra en esa ocasión.
El proceso nunca corrió porque el juez Gustavo Amarilla se inhibió y fue impugnado por su colega Hugo Sosa Pasmor. Luego se dieron la serie de inhibiciones en Cámara y Corte.
Senador liberal burló ser juzgado
El senador liberal Enzo Cardozo, exministro de Agricultura y Ganadería y miembro del Consejo de la Magistratura, burla ser juzgado por el desvío de G. 68.000 millones de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp).
El parlamentario concluyó el año sin que avancen sus procesos por lesión de confianza y está buscando el rekutu en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), lo que se traduciría en su impunidad por cinco años más porque no le sacarán los fueros.
Cardozo debería estar soportando un juicio oral y público desde agosto junto con cinco exdirigentes de la Fenaprofhp, Silvio César Riveros, Luis Guillermo Picardo, Ricardo Arias, Ignacio Acuña y Lidio Esteban Irala.
El tribunal de sentencia está integrado por los jueces María Luz Martínez, Víctor Alfieri y Elio Ovelar.
El senador ni siquiera dejó que se realice su audiencia preliminar en este y otro proceso similar por desvío de G. 3.100 millones.
Diputado impide avance de causa
El diputado cartista Óscar Venancio Núñez también concluye el año impune. El exgobernador de Presidente Hayes impidió en todo el 2017 el avance de su caso.
El político también recibe una “manito” de los ministros debido a que en la Sala Penal de la Corte Suprema está pendiente la recusación contra el juez penal de garantías de Villa Hayes, Víctor Ronzewsky Maziuk.
El 10 de marzo de 2015 el fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera acusó al diputado cartista por un supuesto perjuicio de G. 30.000 millones en la Gobernación de Presidente Hayes, ya que no podría justificar millonarias erogaciones y llamativamente los registros de contabilidad se esfumaron.
El agente sostiene que el daño se perpetró mediante la expedición de 900 cheques que fueron cobrados en el Banco Nacional de Fomento (BNF) pero no tienen documentos respaldatorios. Óscar Núñez ya fue acusado previamente por un supuesto daño de G. 905.731.800.
Sin final, proceso de excanciller
El excanciller Rubén Melgarejo Lanzoni y el exfiscal Juan Claudio Gaona siguen chicaneando su proceso por coima y extorsión por US$ 50.000, que data de hace 10 años.
El 2017 concluyó sin que siquiera se pudiera realizar la audiencia preliminar.
Durante el proceso hubo una inexplicable cadena de inhibiciones en Cámara de Apelaciones, luego de que el entonces juez Pedro Mayor Martínez (hoy camarista) se negara a anular la prueba más importante, la interceptación de comunicaciones. La Corte, presidida por el ministro Miguel Óscar Bajac, intentó anularla en 2010, pero a raíz del aluvión de críticas decidió reenviar al juzgado penal de garantías para que se analizaran los pedidos de las defensas.
En 2012 se intentó hacer la audiencia preliminar pero fue dilatada por Melgarejo. Actualmente la jueza Rosarito Montanía no cuenta con el expediente para fijar la convocatoria porque este sigue en la Sala Penal de la Corte.
Elude audiencia por contrabando
Hace un año y ocho meses el diputado cartista Carlos Núñez Salinas evita la realización de la audiencia preliminar en su caso de contrabando, con incidentes dilatorios.
Por diferentes recursos de la defensa el juez Humberto Otazú no puede definir si eleva o no a juicio oral y público el proceso del parlamentario, que busca su rekutu.
Núñez Salinas fue ayudado primero con un sobreseimiento provisional. En la primera audiencia preliminar la defensa planteó una suspensión condicional y el fiscal Martín Cabrera se allanó. El juez Otazú dio trámite de oposición y finalmente el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, rectificó y se ratificó en el pedido de elevación a juicio oral y público.
De acuerdo a los antecedentes, la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por el diputado, despachó en el 2011 un lote de ruteadores por el que pagó US$ 17.706, pero en realidad eran decodificadores por valor de US$ 1.026.028 y burló impuestos.
El parlamentario que es “mimado”
El senador cartista Víctor Bogado es el más mimado de la justicia. Cerró un año sin que se realice su audiencia preliminar por el sonado caso de la “niñera de oro”, Gabriela Quintana Venialgo.
La acusación del Ministerio Público data del 4 de junio de 2014 y advierte que el parlamentario es cómplice de cobro indebido de honorarios y autor de estafa porque es responsable del dinero (G. 71 millones) que cobró ilegalmente la exniñera de sus hijas, al tiempo de ser funcionaria de la Cámara de Diputados, cuando Bogado era el presidente, también fue contratada en Itaipú.
El parlamentario logró que el proceso se trunque en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que está integrada por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco. Se debe resolver la confirmación del recusado juez Óscar Delgado.
Bogado había logrado que la Cámara anule una elevación a juicio oral en este caso.
La Cámara advirtió a Rolón Pose
El expresidente de Senavitat Gerardo Rolón Pose fue advertido por los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Carlos Ortiz Barrios que debe ser despojado de sus medidas alternativas a la prisión a raíz de las numerosas chicanas que presenta en su proceso por lesión de confianza, por un supuesto daño G. 647 millones.
Pese a esto, el extitular del ente sigue dilatando su proceso penal.
La acusación penal data de agosto de 2015 y desde ese tiempo no se puede hacer la audiencia preliminar.
El Ministerio Público sostiene que Rolón Pose causó un perjuicio de G. 647 millones a la Senavitat en el proyecto de construcción de 732 viviendas económicas, al no ejecutar la póliza por el incumplimiento del contrato.
Las presuntas irregularidades detectadas pertenecen a la licitación para la compra de terrenos y construcciones de viviendas económicas en localidades de Pilar y Alberdi, en el departamento de Ñeembucú.
Chicanas de Ibáñez para no ir a juicio
El diputado José María Ibáñez es otro beneficiado de la justicia porque finaliza otro año más sin que se realice su audiencia preliminar. El parlamentario busca el rekutu con el movimiento Colorado Añetete.
En el proceso que soporta Ibáñez se presentó la acusación penal el 30 de junio de 2014 y tiene que ver con los “caseros de oro” que cobraban salarios en Diputados.
Todo este año la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dilató con una casación promovida por la coacusada María Liz Gutiérrez, exjefa de gabinete de Ibáñez.
El juez Miguel Tadeo Fernández no fija la audiencia preliminar porque envió una consulta a la Corte sobre si se debe o no resolver una reposición de fecha.
Además de los caseros Favio Gómez Chamorro, Viviana Falcón y Éver Falcón también está procesada la esposa del legislador Lorena Plabst.
Ibáñez intentó una salida alternativa con devolución de dinero de forma infructuosa.
La Corte trabó dos casos de Filizzola
El exministro del Interior Rafael Filizzola tiene dos procesos por supuesta lesión de confianza y ninguno avanzó en todo el año en la Corte Suprema de Justicia. Las causas están trancadas desde el 2016.
De acuerdo a los antecedentes, en julio de 2014 el juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor había ordenado que Filizzola afronte juicio oral por un presunto perjuicio de G. 48.000 millones por la compra irregular de dos helicópteros para la Policía Nacional. Sin embargo, el expediente está trabado en la máxima instancia judicial.
Además, el exministro soporta una acusación por supuesta obras sobrefacturadas en 22 comisarías y el presunto perjuicio es de más de G. 1.131 millones. En este caso, la audiencia preliminar está pendiente desde julio de 2014.
La defensa del político siempre alega que las imputaciones son nulas al ser contradictorias y no reunir los requisitos mínimos. Además, refieren que es una persecución.
griselda@abc.com.py