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El Ministerio Público citó a declarar a cinco comisarios que tuvieron participación activa en las tareas de “despeje” de manifestantes el viernes 31 de marzo, tras la aprobación de la polémica enmienda para la reelección presidencial, por parte de una Cámara de Senadores paralela.
Lo que se presume es que alguno de ellos debió haber dado las órdenes para el ataque a la sede del PLRA, ubicada en las calles Iturbe y Manuel Domínguez, donde ocurrió el asesinato del presidente de la Juventud Liberal del distrito de La Colmena, Rodrigo Quintana,
Sin embargo, los jefes se atrincheraron y decidieron no contar lo que realmente ocurrió, para salvar sus pellejos o para evitar revelar de quien fue la orden superior directa.
Los comisarios que ensayaron un mismo libreto y que declararon en carácter de indagatoria son el excomandante de la Policía, Críspulo Sotelo; el director de la Primera Zona Policial, Prudencio Burgos; el jefe de la Comisaría 3ª Metropolitana, Amado Cantero; el jefe del departamento de Investigación de Delitos, Fidencio Rivas, y el exjefe de la Agrupación de Seguridad, Julio César Melgarejo.
Los uniformados pretenden hacer creer que nadie dio ninguna orden y que todo se inició con un pedido de auxilio de ABC Color y el “seguimiento” a una turba que se escondió en el PLRA. Sin embargo, hay vídeos de las adyacencias del local partidario que confirman que el ataque fue sincronizado.
Con respecto a esto, ocultan quien ordenó la “caza” de opositores en la sede partidaria al equipo de Investigación de Delitos comandado por el Crio. Tomás Paredes Palma.
Los altos jefes tampoco quieren aclarar quien “liberó” al suboficial ayudante Gustavo Florentín (imputado por el asesinato), debido a que este se encontraba preso en la Comandancia por un caso de violencia familiar. El policía salió de esa dependencia con equipos especiales y armado con escopeta y la fiscala Lorena Ledesma confirmó que existen registros del 29 y 30 de marzo, que comprueban que el suboficial retiró armas letales. Tampoco se aclara cómo es que tenía balines de metal y no de goma, lo que desencadenó en el lamentable suceso.
Imputados, pero por ataque a escopetazo
La fiscala Lorena Ledesma decidió ampliar el caso del ataque a la sede del Partido Liberal, pero no con relación a la responsabilidad de superiores por el asesinato de Rodrigo Quintana, sino por la posterior incursión de agentes de Investigación de Delitos, a cargo del comisario Tomás Paredes Palma.
Filmaciones captadas por medios de prensa, sirvieron para demostrar la brutalidad con la que agentes antidisturbios y de civil de Robos y Hurtos, atentaron en la zona del estacionamiento del local partidario.
Es por este motivo que Ledesma decidió imputar a Paredes Palma, subjefe de Investigación de Delitos, por el hecho punible de inducción a un subordinado a cometer hecho punible. Además, se incluyó en la causa al oficial inspector Guido Armando Amarilla Vera, escopetero de la Agrupación Especializada, pero por tentativa de homicidio doloso.
La representante fiscal pidió para ambos prisión preventiva debido a que se exponen a la misma cantidad de años (de 5 a 15 años de pena privativa de libertad). Esto debe ser resuelto por el juez penal de garantías N° 5, Alcides Corbeta, en la audiencia de imposición de medidas.
Según la imputación, el comisario Tomás Paredes Palma habría ordenado el ingreso al PLRA el sábado 1 de abril, a las 0:22, aproximadamente, segundos después de que otro grupo ingresara por la puerta principal y se concretara el asesinato por la espalda de Rodrigo.
El equipo a cargo del subjefe entró por el estacionamiento de la sede partidaria. Allí, Guido Amarilla, en un acto criminal, procedió a romper el vidrio del sanitario de damas y a realizar disparos a corta distancia (a quemarropa). Puso en peligro a las personas que se protegían en el lugar porque los disparos “pudieron ser mortales”. Uno de ellos resultó ser el diputado liberal Eusebio Alvarenga.
Con respecto a la tarea que le cupo a Paredes Palma, Ledesma indicó que en el interior del PLRA “habría dispuesto a sus agentes policiales que les sujeten a las personas, dirijan al patio del estacionamiento y acuesten boca abajo”.
¿Y la omisión de auxilio?
Una situación que causa indignación es el accionar posterior al asesinato de Rodrigo Quintana y el ataque a la sede del PLRA, porque un video que circula por las redes sociales demuestra cómo los jefes y efectivos huyen del lugar con aprehendidos, pese a pedidos de auxilio para que asistan a la víctima. Por este motivo resta definir quiénes cometieron la omisión de auxilio.
En una carta, el suboficial Gustavo Florentín, único imputado por haber disparado por la espalda al joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, desbarata las versiones del Gobierno sobre lo que aconteció antes del ataque, la recarga de municiones y la orden de avanzar.
A las 16:00,tras el ataque a la Comandancia, dice que se le ordena (pese a tener arresto) salir del recinto para repeler manifestantes. Entre las 18:00 y 20:00, realizó trabajos en el Congreso, Palacio de López y Comandancia, donde hubo vehículos quemados.
A las 22:00, indica que se acabaron las municiones y el Crio. Enrique Isasi hace entrega de cartuchos en frente de la Comandancia, a bordo de una Isuzu D-Max color negro. “Todos los escopeteros nos vamos a retirar estos cartuchos”, relata el suboficial.
Entre las 22:30 y las 23:30 dice que se encontraba dispersando manifestantes en Yegros y Herrera, cuando el Crio. Amado Cantero ordenó avanzar hasta el diario ABC. “Hacemos caso omiso, por estar cansados y sin municiones. (Pero) insistió de forma prepotente”.
griselda@abc.com.py