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Si hacemos una comparación del salario de los jueces paraguayos con los de sus pares de Latinoamérica, el mismo puede ser calificado de magro. Por ejemplo, un juez federal de 1ª Instancia de la Argentina gana 12.000 dólares; o sea cerca de 55 millones de guaraníes, mientras que el salario de un ministro de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay ronda apenas los 40 millones de guaraníes.
En Brasil, el salario mensual que percibe el juez de Primera Instancia equivale a casi 12 años de salarios de un docente de la primera de ese país, y sus pares europeos les envidian porque ganan igual o más que un juez inglés.
Claro, Brasil se puede ufanar de su sostenido crecimiento, donde afirman que 6 de cada 10 pobres han ascendido en la escala social.
Aquí no nos quedamos en zaga. En esferas de decisión dan a conocer cifras macroeconómicas de sostenido crecimiento, de lo atractivo que le resulta el país para las inversiones, del flujo constante de capital extranjero, de los edificios que se construyen sin cesar. Obviamente, podemos decir que nos hallamos en época de bonanza donde al parecer el juez paraguayo seguirá salarialmente “flaco”.
Como parte del Gobierno, el Poder Judicial elabora su propio presupuesto, cuyo monto usualmente es disminuido en la Comisión de Presupuesto del Parlamento Nacional, cuando que la figura de la autarquía presupuestaria supone que las cifras remitidas por este poder del Estado deben ser aprobadas a “libro cerrado”.
Nada nuevo se dice cuando se afirma que la fortaleza de un sistema de justicia depende de la clase política, si esta tiene una visión país pensando en la ciudadanía. Generalmente el servicio de justicia es bueno, se cita como ejemplo recurrente el Poder Judicial de República Dominicana y El Salvador donde sus estadistas, a fin de asegurar la paz social para sus ciudadanos diseñaron una justicia independiente con magistrados muy bien contenidos socialmente para no repetir sus trágicas historias.
El concepto de seguridad jurídica no pasa por el mero hecho de asegurar en el tiempo la fiabilidad de un sistema de justicia, como expresión de un estado de derecho consolidado, sino también abarca las particularidades del servicio, donde el factor primordial recae en la figura del magistrado, dándose por entendido que el juez no solo debe pertenecer a un organismo independiente, sino también como garantía de su independencia estar bien remunerado.
Por de pronto, al no contar con una ley de carrera judicial que garantice la intangibilidad de sus salarios como es usual en otros países, el magistrado en Paraguay depende de la habilidad de los miembros de la Corte para negociar con la clase política algún aumento en sus haberes.
El actual presidente de la Corte logró en su momento que la autarquía presupuestaria del Poder Judicial sea respetada.
Y en este punto los magistrados en este país en su mayoría no pretendemos salarialmente pasar del chipa so’o a los mariscos, sino simplemente un reconocimiento real –no la que publica cierta página web– de que nuestra labor es de relevancia y lo que uno percibe como sueldo no guarda ninguna correspondencia.
Es bueno que recuerden a la hora de la suma y la resta, que el salario del juez en Paraguay viene absorbiendo la inflación acumulada en los dos últimos años que a la fecha suman 18% aproximadamente.
Fuente: Páginas web de Poderes Judiciales de países citados y sitios de estudios y crecimiento económico nacional.
*Juez Penal. Doctor en Ciencias Jurídicas y Máster en Ciencias Políticas