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Como representante de un gremio recibo a diario denuncias de corrupción judicial que junto con mis compañeros de lucha hemos intentado canalizar utilizando los mecanismos institucionales; es así que por lo menos desde hace dos años una veintena de denuncias por corrupción judicial que afectan a ministros de la Corte, magistrados y fiscales están sumando polvo en manos de agentes fiscales incompetentes; asimismo, duerme custodiado por Morfeo un libelo acusatorio de más de 50 páginas en algún cajón de la “honorable” Cámara de Diputados (no es nuevo que los políticos sean cómplices y encubridores de funcionarios de justicia corruptos). También presentamos denuncias en instancias de control interno como la Inspectoría General del Ministerio Público y la Oficina de Quejas y Denuncias del Poder Judicial: los resultados son NULOS a pesar de la contundencia de muchas denuncias.
De esta situación deberían tomar nota los organismos internacionales que han ayudado con miles de dólares a montar estas dependencias que NO SIRVEN PARA NADA.
La perseverancia es nuestra mayor fortaleza para desdicha de los ministros de la Corte, del fiscal general del Estado, de magistrados y fiscales; y en ese sentido hemos decidido dictar sentencias populares que sancionen moralmente a aquellos corruptos que se autoprotegen.
En esta travesía que tiene como única misión construir un Poder Judicial y un Ministerio Público digno, humano y democrático visitamos varios juzgados y fiscalías del interior del país, porque si la Justicia anda mal en Asunción ustedes no se pueden hacer idea de lo que se padece en la mayoría de las circunscripciones judiciales del interior; salvo honrosas excepciones, la feroz corrupción y la tiranía impune se abalanzan sobre los ciudadanos con todas sus fuerzas pasando Calle Última.
Un ejemplo de esta grave situación de la que cualquier paraguayo puede ser víctima es el Juzgado de Paz de Caacupé, a cargo del abogado Hernán Franco Villasanti, donde de manera absolutamente irregular se dictan mandamientos de secuestros de vehículos.
Me contaban los lugareños y varios colegas que el negocio no se limita a la compraventa de mandamientos que según “la cara del cliente” cuestan entre 200 y 500.000 guaraníes, también se puede adquirir permisos del menor en blanco y otras miles de irregularidades que constatamos personalmente.
Como sabemos que es muy difícil que la Corte Suprema de Justicia o el Ministerio Público tome cartas en el asunto y proceda a la destitución de este peligroso personaje para el país, decidimos actuar EN DEFENSA PROPIA y encarar al juez señalándole sus trapisondas; tan contundentes son los hechos que este señor ni siquiera se animó a intentar una justificación.
El superintendente de la Circunscripción Judicial de Cordillera es el ministro Sindulfo Blanco, quien ha recibo varias denuncias de irregularidades en el actuar no solo de este juez de Paz sino de muchos otros magistrados que han convertido a la justicia en una simple mercancía al mejor postor.
No tenemos ninguna esperanza que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Raúl Torres Kirmser, encare una política de gestión de frontal combate a la corrupción; días atrás nos reunimos con él y le presentamos una lista de problemas, dificultades y hechos de corrupción de fácil comprobación (si existe voluntad) y solución; sin embargo, la respuesta fue ambigua casi de justificación a cada punto que se planteaba. No existen ganas de escuchar ni de cambiar: las cosas están bien (para algunos).
No tendremos un Poder Judicial LIBRE e INDEPENDIENTE si no asumimos el compromiso de independizarlo de los poderes fácticos, económicos y políticos que lo tienen secuestrado hace demasiado tiempo que resulta imposible precisar fecha exacta.
Mientras tanto, mientras esperamos que llegue el hartazgo al pueblo paraguayo y que tome las calles exigiendo la salida de muchos nefastos personajes del noveno piso, la COORDINADORA DE ABOGADOS DEL PARAGUAY seguirá actuando EN DEFENSA PROPIA.
(*) Presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.