Cargando...
La Ley 2248/03, que modificó el artículo 30 del Código de Organización Judicial, había quitado a la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas la atribución de controlar la rendición de cuenta de las instituciones públicas y dejó a cargo de la Contraloría General de la República. Sin embargo, los administradores públicos (intendentes, gobernadores, ministros del Ejecutivo, de la Corte y fiscal general, etc.) atacaron de inconstitucional la referida disposición legal.
La máxima instancia judicial, en todos los casos hizo lugar a las acciones y en consecuencia, la fiscalía de cuentas que se quedó con un solo agente, se fue llenando de expedientes. Actualmente, estudia la rendición de cuentas de 62 instituciones que administran millonarios presupuestos como el Poder Judicial y el Ministerio Público, que manejan más de G. 600.000 millones al año.
El fiscal Jorge Salinas explicó a ABC que antes de la promulgación de la Ley 224/03, durante la gestión de Óscar Latorre al frente del Ministerio Público y como el Tribunal de Cuentas de la Segunda Sala analizaba la rendición de cuentas, se crearon cuatro cargos más de fiscales de Cuentas, además de los dos ya existentes. La intención era fortalecer la referida unidad fiscal, que nada menos se encarga de revisar el uso del dinero público por parte de los administradores.
Con la Ley 2248 que le quitó atribuciones al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la Fiscalía General resolvió dejar a un solo fiscal de cuentas y a los cinco restantes les asignó en otras dependencias, donde siguen hasta hoy.
Sin embargo, luego de las declaraciones de inconstitucionalidad de la mencionada disposición legal no tiene sentido que un solo agente de cuentas con 20 funcionarios (contadores y auxiliares) analice las rendiciones de 62 instituciones públicas. Es evidente y urgente, la necesidad de fortalecer la fiscalía de cuentas, que es la que eleva su dictamen al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, cuyos miembros finalmente dictan la resolución con base en el dictamen fiscal o apartándose de la recomendación.
De acuerdo a informes de la Contraloría, los municipios y las gobernaciones figuran entre las instituciones públicas más corruptas. Dicho órgano contralor detectó millonarios faltantes, que también en su momento fueron denunciados ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
El saqueo a las arcas del Estado es una constante en las diferentes administraciones, es por ello que no hay ninguna duda de que las rendiciones de cuentas se deben analizar con detenimiento y para ello hace falta más técnicos y auxiliares en la Fiscalía de Cuentas.
cbenitez@abc.com.py