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En octubre de 2013, la fiscalía imputó al senador Víctor Bogado (ANR, cartista) a Gabriela Quintana y el jefe de gabinete de la Cámara de Diputados, por cobro indebido de honorarios y estafa al comprobar que estas tres personas maniobraron para que Gabriela sea contratada por la Entidad Binacional Itaipú, pese a que ya era funcionaria permanente de la Cámara de Diputados.
Los fiscales apuntaban a que fue el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, el que solicitó que Gabriela Quintana (su asistente personal desde el 2008) sea contratada por Itaipú. Para tal efecto, le encomendó a su jefe de gabinete Miguel Pérez, que sea el nexo entre él y el director de la entidad el ingeniero Franklin Boccia.
Pérez fue varias veces hasta la sede de Itaipú, para hablar con el ingeniero Boccia, hasta que el 4 de marzo de 2013 Gabriela Quintana firmó su contrato con la entidad binacional Itaipú, donde iba a ocupar el cargo de asistente administrativa 2, con un sueldo de G. 8.793.300.
En el contrato se aclaraba en el punto siete que Gabriela Quintana se comprometía a servir con exclusividad a Itaipú. En ese momento, la joven ya era funcionaria de Diputados donde estaba percibiendo un sueldo mensual de G. 13.237.400. Ese detalle le ocultó a la entidad al momento de rubricar su contrato aquel 4 de marzo de 2013.
Es por la razón de la exclusividad que no se cumplió que Itaipú, decidió poner fin al vínculo laboral con Gabriela Quintana. Además, la “niñera de oro” cobraba y no iba a trabajar a la entidad, ya que su horario laboral en ambos sitios era el mismo y a la Cámara de Diputados sí asistía con regularidad tal como lo dijeron varios testigos que apuntaron haberla visto por los pasillos de la Cámara.
Desviar el foco de la investigación
Cuando se inició el juicio oral, la defensa de Gabriela Quintana trató de desviar el norte de la investigación y a los testigos, que eran funcionarios de la Cámara de Diputados, se les preguntaba si alguna vez vieron a la joven cuidando a los hijos del senador Víctor Quintana, tratando de demostrar que Gabriela nunca fue niñera de los hijos del parlamentario.
Sin embargo, la acusación de la fiscalía nunca se centró en la figura de niñera, ya que ejercer esa profesión no es delito. En lo que si está abocado el Ministerio Público es en demostrar que los tres acusados incurrieron en los hechos punibles de cobro indebido de honorarios y estafa.
A decir de los fiscales acusadores, con las declaraciones y las pruebas que se están agregando con el correr de los días de juicio oral, se va cerrando el círculo en torno a los procesados y es cuestión de tiempo para que el tribunal de sentencia dicte un fallo condenando a los responsables de los hechos investigados.
Los testigos, principalmente los empleados de Itaipú, fueron los que con sus declaraciones han ido hundiendo a los procesados.
Luego, con las pruebas quedó más en evidencia que tras la contratación de Gabriela Quintana, el 4 de marzo de 2013, inmediatamente después ya el entonces diputado Víctor Bogado pidió por nota al director de Itaipú Franklin Boccia, que la comisione a la Cámara donde ella desde hacía cinco años era funcionaria.
La defensa de Víctor Bogado, ejercida por Óscar Latorre, sostiene que esas notas que envió el senador fueron mal redactadas, que en realidad lo que Bogado quería era el comisionamiento de su “niñera de oro” a la Itaipú y que Boccia comprendió mal y la contrató.
Ante esta situación es que la diputada liberal Celeste Amarilla viuda de Boccia salió a decir que ella conocía perfectamente cómo se dio la contratación de Gabriela Quintana, ya que su esposo el ingeniero Franklin Boccia (fallecido en el 2015) le comentó.
La diputada dijo que con insistencia Víctor Bogado le pidió que contrate a Gabriela Quintana y que Boccia así lo hizo.
Es por esa razón que el Ministerio Público solicitó que en ausencia del ingeniero Boccia, sea citada como testigo su viuda. El tribunal de sentencia tiene marcada esa diligencia que se hará esta semana y puede llegar a ser la prueba que confirme cómo se dieron los hechos.
Para hoy a las 14:00 está previsto que se retome el juicio oral a Víctor Bogado, que tendrá nuevamente un receso hasta el jueves 2 de mayo a las 14:00, donde se espera que declaren los acusados y de no hacerlo se pasará a la etapa de dúplicas y réplicas, para después elevar el caso a autos para sentencia.
Despedida tras el escándalo
Gabriela Quintana fue contratada por la Itaipú el 4 de marzo de 2013, con un sueldo de G. 8.793.300 con la categoría de Asistente Administrativa 2.
En los documentos oficiales consta que ese día firmó su contrato y al día siguiente ya fue comisionada a la Cámara de Diputados que en ese entonces estaba presidida por Víctor Bogado, quien a través de su jefe de gabinete, Miguel Pérez, presionó para que la “niñera de oro” fuera contratada por la binacional.
Heriberto Mieres, quien en el 2013 se desempeñaba en el departamento de Recursos Humanos de la Itaipú, en su declaración confirmó que efectivamente Quintana firmó contrató con la entidad, pero en todo momento ocultó que ella era funcionaria contratada en la Cámara de Diputados, donde su jefe el diputado Víctor Bogado, a través de notas, pidió su comisionamiento.
Mieres, confirmó al tribunal de sentencia que en el 2013 no se tenía un sistema, como hoy si se tiene, para controlar si una persona ya está cumpliendo funciones en otra institución y dijo que se presumía de la buena fe de las personas.
Cuando saltó el hecho que la “niñera de oro” estaba cobrando un doble salario y faltando al contrato de exclusividad que firmó con la Itaipú, la entidad decidió echar a Gabriela Quintana, sin causa.
Mieres comentó que, al ser despedida, Quintana cobró todos su haberes. Ese dinero es el que la “niñera” quiso devolver a la entidad, y no le recibieron. Actualmente, la plata está depositada en una escribanía.
De esta manera, se logró comprobar que, efectivamente, Gabriela Quintana fue contratada en Itaipú gracias a maniobras políticas.
Es más, la propia Quintana, en la reunión de prensa que brindó días antes del inicio del juicio, confirmó que ella ingresó a Itaipú gracias a un padrinazgo, pero no quiso decir de quién.
Para la fiscalía está claro que Gabriela Quintana cometió los delitos de cobro indebido de honorarios y estafa en calidad de autora. De no haber cometido el delito la procesada no tenía por qué devolver el dinero, pero ella sabe que cobró sin trabajar.
Fiscalía conforme con el juicio oral
Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz se mostraron conformes con la marcha del juicio oral y público. Señalaron que con la declaración de los testigos y las pruebas que fueron agregadas se va demostrando plenamente que se cometieron los hechos punibles de cobro indebido de honorarios y estafa de parte del senador colorado Víctor Bogado, la “niñera de oro” Gabriela Quintana y el exjefe de gabinete de la Cámara de Diputados Miguel Pérez.
Para los agentes del Ministerio Público, Gabriela Quintana mintió para ser contratada en la Entidad Binacional Itaipú, ya que no contó que ella desde el 2008 era funcionaria de la Cámara de Diputados. También se pudo confirmar que la “niñera de oro” pese a cobrar G. 8.759.300 mensualmente nunca se presentó a trabajar en Itaipú, ya que en ese horario estaba trabajando para el entonces diputado Víctor Bogado en la Cámara.
Es por esa razón que al saltar el escándalo Gabriela Quintana fue despedida y luego la “niñera de oro” trató de devolver todo lo que ganó sin trabajar a la Entidad Binacional, que no le recibió el dinero.
No se podrá dictar sentencia por ahora
Si bien las diligencias de este juicio avanzan en forma acelerada y esta semana podría concluir, el tribunal de sentencia no podrá dictar su fallo, ya que las tres defensas de los acusados presentaron una excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 700/96, que reglamenta el artículo 105 de la Constitución, que prohibe la doble remuneración y mientras la Sala Constitucional de la Corte no se expida sobre cada una de ellas, no se podrá conocer la sentencia.
Gabriela Quintana el año pasado ya había planteado una inconstitucionalidad contra la mencionada ley, pero la Sala Constitucional integrada por Gladys Bareiro de Módica, Antonio Fretes y César Garay, rechazó la acción alegando que fue mal planteada ya que la vía era la excepción.
En una parte de su fallo los ministros coincidieron en decir que todos estos incidentes se tendrían que presentar solo hasta la etapa de la audiencia preliminar.
Por esto se espera que la máxima instancia rechace las tres excepciones bajo estos mismo términos y le otorgue luz verde al tribunal para que dicte la sentencia.
Los testigos
Declararon 14 personas durante la etapa de testificales y todas fueron “hundiendo” a los tres acusados. La fiscalía logró demostrar que hubo cobro indebido de honorarios y estafa. Ahora se espera que el tribunal valore las pruebas.
Incidentes
Al inicio del juicio, las defensas de los acusados pidieron mutilar las pruebas claves del caso, como documentos, declaraciones y otras evidencias, pero el tribunal de sentencia resolvió rechazar el pedido por extemporáneo.
No declararon
Hasta el momento ninguno de los tres acusados declaró cuando el presidente del tribunal de sentencia, Elio Ovelar, les preguntó a los abogados si sus clientes querían hacerlo. Señalaron que lo harían más adelante en el juicio.
No hubo delito, pero...
El abogado Andrés Casati, defensor de Gabriela Quintana, conocida como la “niñera de oro” señaló que su clienta no cometió delito pero no pudo explicar por qué tras el escándalo devolvió lo que cobró en Itaipú.
victor.franco@abc.com.py