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El hecho de que una niña viva en la calle, un niño indígena sea obligado a mendigar, un adolescente sea acosado con drogas, una niña abandone la escuela, un adolescente trabaje en condiciones de esclavitud, una niña con discapacidad no tenga acceso a la educación, un adolescente carezca de documentación, un recién nacido no reciba las atenciones requeridas, son todas formas, más o menos graves, que adoptan dichas prácticas.
Existen otras formas, espeluznantes por cierto, como el tráfico infantil, la comercialización de órganos, la explotación sexual, la pornografía infantil, la utilización de niños y niñas en el comercio ilícito de drogas, el reclutamiento de niños por fuerzas armadas, la obligación de contraer matrimonio a que son sometidas las niñas, o el sometimiento de estas a la mutilación de sus órganos genitales.
Todas estas prácticas obstaculizan, vuelven ineficientes o directamente impiden la salud física y mental, y la educación, de los niños, niñas y adolescentes. Ellas, en el más leve o sutil de sus impactos, socavan el desarrollo del máximo potencial de las personas. Todo lo cual afecta la misma columna vertebral del desarrollo sostenible de un país: sus recursos humanos.
Al sentimiento de indignación que provocan dichas prácticas se suman el de irritación ante la ineficacia de la gestión de los Estados frente a las mismas, y el de frustración cuando en los sistemas judiciales prevalece la desidia y la impunidad.
La lucha para la erradicación de las mismas implica acciones de prevención, respuesta y seguimiento, y finalmente de penalización a sus autores. En nuestro país, exige acciones desde los tres poderes del Estado y el Ministerio Público, fundamentalmente.
Este año uno de los temas centrales en la agenda de debates de las Naciones Unidas, de cara a la próxima Asamblea General, constituye el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible post 2015.
La Asamblea constituye el ámbito natural e ineludible de la comunidad internacional para instalar el tema de negligencia, violencia, abuso y explotación sexual a niños, niñas y adolescentes, en la agenda del desarrollo internacional. Los efectos de su omisión pueden ser simplemente atroces.
Durante la Asamblea General los gobiernos del mundo informarán sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueran establecidos en el 2000. E igualmente tendrán la oportunidad de introducir objetivos y metas, como los relativos a este tema, para el periodo post 2015.
En el 2000 no se establecieron objetivos explícitos que comprometan a los países y los alienten a un decidido y decisivo combate a estas prácticas. Esto, en parte porque el proceso que concluyó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015 no fue efectivamente participativo en el seno de las Naciones Unidas. Además, la contribución de la sociedad civil fue escasa o nula.
Este defecto de participación constituyó un craso error. Por un lado, dificultó que los Objetivos fueran más tarde asumidos por todos los gobiernos y las sociedades, por lo menos en la medida requerida y posible. Por el otro, impidió visibilizar la gravedad de muchos problemas y su impacto efectivo en el desarrollo de las personas y los países, como el caso de la violencia perpetrada contra la niñez, como también la explotación de la que ella es víctima.
El inédito proceso participativo impulsado por las Naciones Unidas, en el tema Objetivos de Desarrollo post 2015, posibilitó que la sociedad civil organizada se movilice a nivel mundial y apoye a sus gobiernos en este como en los demás temas del desarrollo.
La organización internacional de la sociedad civil ChildFund Alliance, ella sola ha entregado a la asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas en el tema Objetivos de Desarrollo Sostenible Post 2015 Amina Mohammed una petición con 285.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas de 157 países, para que el tema protección a la niñez sea introducido entre dichos Objetivos. Paraguay aportó con más de 10.000 firmas.
La Organización de las Naciones Unidas ya cuenta con un primer borrador de los que serían los próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, entre los que se encuentran metas concretas a favor de la protección a la niñez contra toda forma de violencia y explotación. Por cierto, un importante y esperanzador avance.
En este contexto internacional, la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, en el 2014 han tomado la iniciativa de impulsar la incorporación de este tema en los Objetivos de Desarrollo Sostenible post 2015.
Para ello contó con el apoyo específico de organizaciones internacionales de cooperación de la sociedad civil que trabajan a favor de la niñez y la adolescencia a nivel mundial. De este modo, en el 2014 el Paraguay impulsó dos actividades conducentes a este propósito, antes y durante la última Asamblea General.
Antes, porque a propuesta de Paraguay, la 44ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos declaró de interés la incorporación del tema violencia y explotación contra la niñez en la agenda de debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Y durante, porque paralelo al desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en el mismo edificio donde se desarrolló la Asamblea, coorganizó con
ChildFund Alliance, y otros países y organismos, un foro debate sobre protección a la niñez, a la que asistieron altas autoridades y delegaciones de decenas de países.
Con estas dos actividades el Paraguay, en este tema en particular, asumió un compromiso sin precedentes en el plano internacional, pero también a nivel nacional, el de avanzar decididamente en su lucha contra la violencia y la explotación a la niñez.
Estas actividades son coherentes con los 20 compromisos en favor de la niñez y la adolescencia asumidos por el presidente Horacio Cartes durante su campaña electoral, y que luego fueran ratificados al día siguiente de asumir sus funciones, teniendo como testigos de honor a los otros dos poderes del Estado, en un acto realizado en la Sala Bicameral del Congreso de la Nación.
Y si el nivel de incumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en el país no impidió al Paraguay asumir el mencionado protagonismo a nivel internacional, este mismo protagonismo lo obliga ahora a redoblar esfuerzos y recursos a favor de la niñez y la adolescencia paraguaya.
Se espera que, tanto las personas a cargo de llevar adelante este proceso en los próximos meses, como la delegación paraguaya que asista a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, encabezada por el presidente Horacio Cartes, estén a la altura de estos antecedentes y ratifiquen su posición y el de la región, en este tema, ante los demás países de la comunidad internacional.
*Director del Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez (CCFC)