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Favorece porque estos partidos ya tienen sus votos duros producto del clientelismo, lo que les asegura luchar por el Ejecutivo y el Congreso. Pero les desfavorece, al igual que a los demás partidos, porque con cada ausencia de votos para los cargos en el Parlamento, merman los aportes estatales.
El planteo de la sanción para los que no votan proviene de los diputados Sergio Rojas (PLRA, llanista), Mario Soto (ANR, cartista), Antonio Buzarquis (PLRA) y Celso Troche (ANR, cartista).
En setiembre del 2015, lo referidos legisladores presentaron un proyecto de ley que plantea castigar a los electores que no ejercen su voto, ya sea en las elecciones generales o municipales.
De acuerdo a lo publicado en las páginas de la edición impresa de ABC los diputados, además de establecer multas que van de G. 1 millón a G. 2 millones, también plantean una serie de sanciones para que el elector no pueda tramitar su pasaporte y registro de conducir, esté imposibilitado para acceder a: una beca, un subsidio, a créditos de entidades estatales, a ingresar a un cargo público y a cargos electivos.
También proponen la inhibición de adquirir derechos y contraer obligaciones con personas físicas, jurídicas, públicas y privadas, en la mayoría de los casos el castigo se establece por el término de dos años.
Pese a que hay un dictamen de la comisión de Ciencia y Tecnología, que entonces era presidida por Buzarquis afortunadamente este proyecto apunta a quedar en donde corresponde: el basurero. Todo, producto de las críticas que generó El fondo de la cuestión es que la gente no quiere ir a votar porque las figuras son gastadas y no dan opciones.
En estas elecciones tal vez cambie el panorama, por el interés que están mostrando varios sectores de la sociedad en presentar opciones, pero la realidad es que el sistema, en la práctica, sigue siendo poco atractivo.
Las listas sábanas son un claro ejemplo de la falta de estímulo a la ciudadanía a la que se le obliga ir a votar, pero que realmente no elige.
El ciudadano que solo quiere elegir, se encuentra con los que van solo a votar, que son producto del arreo y que por lo general terminan volcando las elecciones en uno u otro sentido.
Por eso el que tenga la mayor capacidad logística, vulgo dinero, es el que tiene las mayores posibilidades de ganar.
Entonces, esto explica la baja participación ciudadana en las numerosas elecciones que cada año tenemos que padecer.
No hay un desinterés, ni una apatía, sino una respuesta ciudadana a un esquema que termina colocando siempre a los mismos en los organismo de decisión.
En realidad, la forma en que se encara las elecciones en nuestro país deja una percepción de que es una lucha de poder e intereses de grupos sectarios.
Es decir, la ciudadanía no se siente identificada con el resultado de las elecciones porque entiende que será más de lo mismo.
Claro está que también para generar un cambio tiene que haber un despertar ciudadano que debería comenzar en las urnas.
Para eso, la asistencia masiva a las elecciones torna imprescindible.
Sin embargo, este derecho civil no puede estar condicionado a sanciones como las que proponen los proyectistas.
La “muerte civil” que proponen como sanción, en realidad es un claro mensaje represivo contra los que con su ausencia en las urnas, no hacen más que demostrar su disconformidad con un sistema dirigido a una clase política que hace del poder, una forma de vida a costa del contribuyente.
Si los políticos pretenden que la gente vaya a votar en forma masiva deberían trabajar en por lo menos cinco puntos concretos: a) presentación de nuevas figuras b) planes creíbles y de cumplimiento perentorio, no meras promesas, c) respeto al resultado electoral d) desbloqueo de listas sábanas e) cerrar las posibilidades de financiamiento por parte del narcotráfico.
Lo que van a lograr estos políticos que piden sanciones para los que no acuden a votar, además de ser escrachados, es que el resultado de las urnas los termine dejando fuera del sistema. La gente reclama propuestas, no castigos.
ocaceres@abc.com.py