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En la misma, el extitular del Indi fue imputado por el fiscal René Fernández, quien abrió una investigación a partir de una denuncia presentada por el actual titular del Indi, Jorge Aníbal Servín, sobre la desaparición de G. 3.127.191.527.
La millonaria suma se encontraba depositada en dos cuentas del Banco Nacional de Fomento y debía ser destinada a la compra de tierras para las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, motivo por el cual no podía ser utilizada para ningún otro fin. El retiro del dinero se realizó en cinco ocasiones en un lapso de menos de un mes –entre el 11 de enero y el 6 de febrero del año pasado– y aún se desconoce su paradero.
Además de Quesnel, también están procesados Marlene Mendoza, exdirectora de administración y finanzas del Indi; Ever Otazo, funcionario de la Contraloría comisionado al Indi, donde cumplía la función de jefe de Recursos Humanos; y Óscar Enrique Viera, presidente de la Fundación Reforeast Par, quien firmó el recibo correspondiente a la totalidad de la millonaria suma desaparecida, que él dice no haber recibido.
Documentos incautados en el BNF, en coincidencia con filmaciones de la cámara de seguridad de la entidad bancaria, demuestran que Quesnel y Mendoza retiraron los aproximadamente G. 3.000 millones, en las fechas indicadas. También Otazo participó en la operación, según la imputación.
Tras admitir la imputación, el juez Delgado decretó la inhibición de vender y gravar bienes contra los tres procesados y trabó embargo preventivo sobre sus cuentas corrientes, cajas de ahorro, certificado de depósito de ahorros, cajas de seguridad y acciones existentes a nombre de los prófugos sobre sociedades de cualquier tipo.
Posteriormente, a pedido de la fiscalía, decretó la prisión de todos los implicados, medida restrictiva de libertad vigente hasta la fecha.