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Blanco y Núñez fueron imputados por prevaricato el 25 de abril de 2016 por los fiscales René Fernández, José dos Santos y Luis Piñánez. La causa penal aparece en el nuevo informe de procesos paralizados en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público (ver infografía).
Este proceso penal nunca se inició porque el juez de garantías Gustavo Amarilla Arnica se inhibió. El magistrado alegó que intervenía en el proceso por apropiación que generó la resolución y el prevaricato de los ministros.
Esta inhibición fue impugnada por su colega Hugo Sosa Pasmor el 5 de mayo del año pasado, y desde ese entonces no se destraba el caso. En cámara, solo aceptaron intervenir Arnulfo Arias y Cristóbal Sánchez, pero su colega José Waldir Servín se excusó por supuesta amistad con Núñez y Emiliano Rolón Fernández lo impugnó.
En la Sala Penal de la Corte Suprema, que es integrada por Blanco, se inició la cadena de inhibiciones de ministros. Solo aceptaron intervenir Miryam Peña y Miguel Óscar Bajac (liberal, correligionario de Blanco). Hasta ahora no se logra integrar la sala por otra cadena de inhibiciones de camaristas.
Mientras tanto, no puede ser enviado al Congrego el pedido de desafuero de Blanco.
La imputación
Según Fiscalía, Sindulfo Blanco y Víctor Núñez cometieron prevaricato como miembros de la Sala Penal, al admitir en forma ilegal un recurso de casación planteado ante el alto tribunal.
La imputación refiere que violaron la ley al aceptar la casación en el proceso “Peter David Kennedy s/ apropiación y otros”.
Esto es así porque ese recurso no ponía fin al proceso debido a que fue planteado contra un fallo de la Cámara de Apelaciones que establecía el reenvío para un nuevo juzgamiento de Peter Kennedy.
Blanco y Núñez quedaron en evidencia porque su colega Alicia Pucheta votó por la inadmisibilidad por la violación del artículo 477 del Código Procesal Pena.
Luego se descubrieron más de 140 casos en donde Blanco votó por la inadmisibilidad por idénticos planteamientos. A esto se suma que Blanco y Núñez se constituyeron en un tribunal de sentencia, violaron el principio de inmediatez y redujeron la condena de Peter Kennedy de 6 años a 2 años y medio.
Este proceso desató una guerra no declarada entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los jueces advirtieron ya la inhibición en masa que un año más tarde continúa. Además, abiertamente cuestionaron que el delito de prevaricato –que tiene una expectativa de hasta 5 años de cárcel– sea penal.
Logra truncar preliminar
El senador colorado Víctor Bogado es el político que más ayuda recibió hasta ahora. Esto es porque el proceso conocido como “niñera de oro” fue elevado a juicio oral, pero esa resolución fue anulada de forma inexplicable pese a que el auto de elevación es inapelable.
El parlamentario traba la realización de su audiencia preliminar con cuanta chicana encuentra disponible y tiene como cómplice a la Sala Constitucional de la Corte que no resuelve una simple recusación contra el juez Óscar Delgado, quien debe realizar la audiencia dilatada y definir si eleva o no el proceso.
El senador colorado está acusado como autor del hecho punible de estafa y cómplice de cobro indebido de honorarios de la niñera Gabriela Quintana Venialgo. Además, fue incluido en el proceso el exdirector de gabinete de Bogado, Miguel Ángel Pérez Núñez.
Quintana cobró salarios en Diputados por más de G. 13 millones y al mismo tiempo logró un contrato en la Itaipú, a instancias del parlamentario, donde recibió indebidamente más de G. 70 millones.
Juicio a Camilo, trabado
Entre las causas cajoneadas aparece la del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares, según el informe remitido al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón por el adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza.
Tras 7 años de proceso, Soares recibió una “mano” de la Corte para que se trabe su juicio oral el mes pasado. El expediente principal fue solicitado por la ministra Miryam Peña, debido a que tanto Soares como el coacusado Alfredo Guachiré objetaron incidentes rechazados en la audiencia preliminar. La fiscala Victoria Acuña ya advirtió el riesgo de extinción de la causa.
Según la acusación penal, en la Secretaría de Emergencia Nacional se produjo un perjuicio de G. 1.224.976.100 con dos compras. El primer daño fue con la compra de panificados por G. 281.309.600, entre el 29 de mayo y el 16 de diciembre de 2009. La segunda compra directa sobrevaluada se realizó entre el 21 y 24 de diciembre de 2009. Se habían adquirido fideos, arroz, yerba, entre otros productos, y se causó un perjuicio de G. 943.000.000.
Dos procesos congelados
El senador liberal y exministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo, logra dilatar desde hace dos años su audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si afronta juicio oral por perjuicio de G. 68.000 millones al MAG. Aparte, chicanea su segundo proceso similar por un daño de más de G. 3.000 millones.
Este caso también forma parte de la lista enviada al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. El titular del Ministerio Público tiene pendiente reunirse con el presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, y entregar la lista de causas paralizadas en el Poder Judicial. Un similar pedido hizo el año pasado a Alicia Pucheta, quien ordenó varias auditorías, pero la situación persiste de igual manera.
El senador liberal logró que los jueces Gustavo Amarilla y Humberto Otazú no puedan realizar las audiencias preliminares en sus dos procesos por lesión de confianza. Amarilla está recusado ante la Sala Penal que todavía ni siquiera fue conformada. En cuanto el proceso dirimido con el juez Otazú, hay acciones y excepción de inconstitucionalidad pendientes en la Sala Constitucional.
griselda@abc.com.py