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Ante las críticas por esta situación, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designó a Carlos David Lezcano como segundo fiscal de Cuentas.
Sin embargo, el fiscal Salinas reconoció que es imposible analizar el 100% de lo ejecutado por las instituciones, y ante este hecho, se estudia el 70% de los denominados “programas”.
“Elegimos los rubros más sensibles. Por ejemplo, miramos todo lo que guarda relación con el uso de viáticos, bonificaciones, etc.”, había indicado el agente sobre el punto.
Asimismo, Salinas enfatizó también en el hecho de que los funcionarios a su cargo revisan cada hoja de los documentos, y tras este trabajo, los antecedentes son devueltos a las instituciones que presentaron.
Otra forma de realizar análisis pasa por controles cruzados, ya que se solicita, por ejemplo, informes a Contrataciones Públicas y el Ministerio de Hacienda para realizar luego las comparaciones.
La verificación “in situ” de los funcionarios a su cargo solo se da si es necesario y existe duda, explicó el fiscal de Cuentas.
Antes de la promulgación de la Ley Nº 2248/03, el entonces fiscal general del Estado Óscar Latorre autorizó la creación de cuatro cargos más de fiscales de Cuentas, que se sumaron a los dos existentes. Se llegó a esto porque justamente la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas analizaba entonces las rendiciones de cuentas, atribución que le fue quitada con la referida normativa.
Con la vigencia de la Ley Nº 2248 la Fiscalía General resolvió dejar a un solo fiscal de Cuentas y a los cinco restantes les asignó en otras dependencias, donde siguen hasta hoy.
Sin embargo, al año siguiente de la promulgación de la ley, distintas instituciones públicas accionaron ante la Sala Constitucional de la Corte para burlar ser auditadas por la Contraloría General de la República. Esto es así porque el órgano de control emite dictámenes que son muy difundidos y remite los antecedentes al Ministerio Público, si resulta relevante.