Cargando...
El Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Alfieri e integrado por María Luz Martínez y Elio Ovelar sentenció a Ilda Arca viuda de Aquino a 13 años de prisión; a su hijo, el expolicía César Miri Aquino Arca, a 8 años, y al dueño de la agencia de viajes Master Viajes y Turismo, Ramón Jara Acosta, a 3 años de reclusión.
Asimismo, el colegiado resolvió que condenados deberán aportar 20 millones de guaraníes cada uno, para indemnizar a las víctimas.
Esta causa, de ribetes dramáticos, se inició en el año 2016, cuando una de las víctimas de trata logró fugarse de donde la mantenían cautiva. En su desesperación, la joven se lanzó del cuarto piso de un edificio en Nantes, Francia, acción que le causó fracturas en ambas piernas, por las que tuvo que se operada en el exterior.
La investigación realizada a partir de su rescate, derivó en el operativo Toblerone, que consistió en allanamientos simultáneos realizados en nuestro país, Francia y también España, donde había ramificaciones de la organización.
Las averiguaciones realizadas permitieron constatar que en Paraguay, Ilda Arca viuda de Aquino y su hijo César Aquino se ocupaban de la captación de víctimas bajo engaño, mientras que Ramón Jara Acosta realizaba todas las gestiones necesarias para el traslado de las mujeres al exterior, para lo cual incluso “fabricaba” propuestas de trabajo por escrito.
En ocasión de explicar su veredicto, el presidente del Tribunal de Sentencia argumentó lo siguiente:
“Acá lo que se acusó es un grupo criminal transnacional dedicado a la trata de personas, incluso mucho tiempo antes hasta abril del 2016 cuando se pudo desmantelar el mismo con distintos operativos policiales y judiciales.
En el Paraguay lo que se hacia era la captación y traslado de víctimas hasta las ciudades da Pamplona, España y Nantes, Francia, para ser explotadas sexualmente. Así se llegó a una serie de personas afectadas por la misma, así como a las que operaban en territorio extranjero, en las distintas actividades y que ejercían las funciones necesarias en sus respectivas ciudades para conseguir la explotación sexual de estas víctimas en locales de cita.
Entre estas víctimas en particular que denunciaron tuvimos acá la declaración de una persona particular que declaró en juicio personalmente que manifestó que estas personas dijeron a lo que se dedicaban y que era para trabajar en restaurantes y lugares de estética. Sin embargo, se encargaban las personas acusadas de tramitar y solventar los gastos, viáticos, pasajes, también de proveerle la documentación correspondiente y con ellos esta situación se daba también con la gente que estaba en otros países con giros y demás situaciones.
Todos estos pasajes fueron adquiridos por una agencia de viajes Master, que era propiedad del coacusado, con lo cual se generaba una situación de que existía una deuda con la persona que iba, incluso se hablaba de un monto de 3 mil euros.
Entonces la persona que se iba engañada de acá, al llegar allá le decían para que realmente era y en que consistía el trabajo, con lo cual, se quedaban obligadas a ellos ya que por un lado existía el engaño y también la amenaza por la situación de vulnerabilidad que tiene una persona en el extranjero, sin dinero y sin documentos, porque los documentos también eran guardados por las personas de la organización que estaban en el extranjero y con esas situaciones se generaba la situación de amenaza y el engaño.
(...) Una vez enterada esta persona de esa circunstancia, de tener que dedicarse a ello, en todo momento se opuso a lo mismo lo cual generó una serie de situaciones que fueron explicadas acá, intento de oponerse a la situación, una situación de molestia con esas personas, intentos de escaparse hasta que logró, incluso de hacerse daño a si mismo, ya que mostró unos cortes que se hizo (en las muñecas) y finalmente se lanzó de un piso alto, por lo cual, finalmente, hasta estuvo hospitalizada en el lugar, volviendo finalmente con la intervención de las autoridades locales y de personal de la embajada en el país”.
Organización desbaratada operó entre 2009 y 2016
La fiscala Claudi Videoconferencia para los testigos de Españaa Morys valoró la decisión del tribunal de disponer un resarcimiento a las víctimas, a la par de la pena privativa de libertad.
“Yo sé que nada va a devolver a estas víctimas todo lo que perdieron o todo el daño que se les ocasionó, pero de cierta forma es una manera de que se haga justicia y se sientan conformes con nuestra justicia”, indicó.
La fiscala destacó la labor investigativa realizado en sus inicios por la fiscala Teresa Martínez, actual ministra de la Niñez y Adolescencia, que permitió individualizar a los miembros de este grupo que según los datos, enviaron a paraguayas al exterior desde el 2009 al 2016.
“Fueron varias las víctimas que depusieron como testigos y víctimas en este en juicio oral. Yo no puedo hablar de una sola víctima, hay varias víctimas que están en el exterior que fueron nuestras testigos, que son testigos protegidas en España, porque este es un proceso que se dio también en España y Francia”, comentó la fiscala.
Videoconferencia para los testigos de España
En este juicio oral y público, fueron de vital importancia los testimonios obtenidos por videoconferencia, mediante el cual han prestado declaración víctimas de trata de personas que se quedaron a vivir en España. Estas personas han identificado plenamente a los acusados, además de relatar con detalles el modus operandi de la organización y los padecimientos sufridos.
Por la misma modalidad, también prestaron testimonio Pablo Fernández y Pedro Bernardo, ambos de la Brigada Central de España y también agentes policiales que participaron de la investigación y de los operativos que concluyeron con la aprehensión de los demás integrantes de la organización en su país.
La declaración de las víctimas fue incluso cuestionada por la defensa –que llegó incluso a recusar al Tribunal de Sentencia, sin éxito– debido a que gracias a la legislación vigente para este tipo de delitos, las mismas son testigos protegidos y como tal, sus identidades se mantienen en reserva.
300 víctimas por año
Paraguay registra por año unos 300 casos de víctimas de trata de personas, según datos revelados por la ONU el año pasado, con motivo del Día Mundial (30 de julio) contra la Trata de Personas. De acuerdo con los datos estadísticos, Paraguay se presenta como país emisor, más que receptor.
Rescatadas
Entre los años 2014 y 2016, Paraguay rescató a 300 víctimas de distintos países (Argentina, Brasil, Bolivia, España, otros del sur de Europa, Turquía y Corea), según datos de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas divulgados el año pasado.
Escasas condenas
Entre enero y agosto de 2015, las autoridades paraguayas investigaron a 36 personas por delitos de tráfico de personas, aunque solo cuatro fueron condenadas según el estudio global sobre tráfico de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), del año 2016.
rferre@abc.com.py