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El caso tiene que ver con el blanqueamiento del intendente de Yby Pytã, Virgilio Portillo Orué (PLRA), quien había sido procesado por posesión de 8 toneladas de droga en el año 2008.
La resolución afecta al juez penal de garantías Nº 1 de Coronel Oviedo, Miguel Ángel Rojas (exfiscal de Curuguaty), sin la suspensión preventiva del enjuiciado, por la causal de “mal desempeño de funciones”.
“Actuando en su condición de agente fiscal, ratificó en la audiencia preliminar el pedido de sobreseimiento provisional y la posterior falta de investigación, causando la extinción de la acción penal, quedando varias diligencias pendientes a ser realizadas para el esclarecimiento del hecho investigado”, refiere el Jurado.
De acuerdo con los antecedentes, el 9 de abril del año 2008 el actual intendente de Yby Pytã, Virgilio Portillo, fue detenido en la colonia Ka’i Kue de la misma comunidad, con 8.000 kilos de marihuana picada y 175 kilos de la droga prensada.
El 8 de octubre de ese año, el fiscal Diosnel Giménez Ávalos pidió el sobreseimiento provisional de Virgilio Portillo y de otro procesado: Simón Benítez González.
El 20 de noviembre de 2008, Rojas en representación del Ministerio Público ratificó ante el juez penal de garantías de Curuguaty, Silvio Flores Mendoza, la solicitud de sobreseimiento hecha por su colega Diosnel Giménez Ávalos, de Salto del Guairá.
El magistrado Flores Mendoza determinó esa misma fecha el sobreseimiento provisional de Portillo y de su cómplice Simón Benítez.
El 4 de julio de 2013, las abogadas Delrosaria Leiva Fernández y Lucy Figueredo solicitaron la extinción de la acción, y el 21 de agosto de 2013 el fiscal Jalil Amir Rachid concluye que “corresponde en derecho” la extinción.
El 25 de setiembre, el entonces juez de Curuguaty, José Benítez, resolvió extinguir la acción penal contra Portillo Orué y su cómplice Benítez González.