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Los hermanos de María José –José Miguel y Valeria Eliana Torres Espínola– también están en la mira del Ministerio Público. El primero habría cobrado por horas extras estando fuera del país, y la segunda empezó a “marcar” asistencia cuando saltaron los casos de planilleros, pero tras este escándalo renunció al cargo, lo que la dejó más en evidencia.
La misma Corte Suprema de Justicia flexibiliza o exonera marcaciones de horarios a algunos funcionarios privilegiados y para nada sorprende que justamente los aventajados estén ligados a los propios ministros.
Esto es así porque por resolución N° 521 dictada el 31 de mayo de 2001 por el Consejo de Superintendencia de la Corte de ese entonces ya estableció el listado de funcionarios que están “exentos de control” de sus horarios de entrada y salida. La cuestionada acordada fue firmada por los entonces ministros Felipe Santiago Paredes y Raúl Sapena Brugada, integrantes del Consejo de Superintendencia.
Entre los “exonerados” a marcar asistencias están el auditor general interno, el superintendente general de Justicia, relatores de la Corte, secretario general de la Corte, secretarios judiciales I y II, secretario del Consejo de Superintendencia, síndico general de Quiebras, asistentes de los ministros, choferes de los ministros, jefe de seguridad, guardias de seguridad de ministros, mediadores y conciliadores en lo penal, integrantes de la división de investigación, legislación y publicaciones, psicólogos y técnicos forenses y los demás funcionarios que estén expresamente exonerados del control en virtud de resolución del Consejo de Superintendencia.
Justamente el último punto es el que beneficia a la casta de privilegiados debido a que son los mismos ministros los que exoneran del cumplimiento de horarios, sin muchas explicaciones del porqué.
El “clan Torres K.”
Una investigación periodística de ABC Color desnudó las ventajas que significa ser hijo del ministro Raúl Torres Kirmser, lo que se traduce en tener una tajada en el Poder Judicial.
María José Torres Ferreira, hija mayor del ministro, saltó a la fama por ser una verdadera “fantasma” en la Dirección del Registro Único del Automotor (RUA), donde nadie la conoce y realiza supuestamente un trabajo “ambulatorio” con un salario que supera los G. 9 millones.
La misma obtuvo en febrero de 2009 la “flexibilización” horaria en la Corte. En ese entonces firmó su resolución el ministro Sindulfo Blanco, quien integraba el Consejo de Superintendencia.
En el 2015, con el aval de Alicia Pucheta (actual presidenta de la Corte) y de la ministra Miryam Peña la “funcionaria” logró la exoneración de marcación vía resolución cuando fue comisionada a la RUA, después de estar unos años en una de las binacionales.
Luego de nuestras publicaciones periodísticas, María José pidió 45 días de “permiso” sin goce de sueldo y le fue concedido. Uno de los firmantes fue su progenitor, que al ser vicepresidente de la CSJ está en el Consejo de Superintendencia.
La defensa de María José busca descartar el planillerismo en el Ministerio Público presentando su rendimiento profesional. Para ello, debe haber un informe de su jefe directo, que obviamente por el cargo es un dependiente del ministro Torres Kirmser. De entrada se duda de la objetividad y de que un subordinado salga en contra del familiar de su jefe máximo.
Su media hermana, Valeria Torres Espínola, figuraba como funcionaria en el Poder Judicial con un salario de G. 7.300.000 y según la investigación del diario, empezó a asistir desde hace solo unos dos meses al estallar los escándalos de planillerismo en varios entes públicos. A su vez, goza con el privilegio de tener como chofer a un policía comisionado. La “funcionaria” quedó en evidencia al renunciar al cargo luego de que el caso saltara a la luz.
José Miguel Torres Espínola es otro hijo privilegiado en el Poder Judicial. Aparece como “asesor” de su padre, Raúl Torres Kirmser, y marca asistencia pese a tener exoneración, aunque casi nunca lo hace de 7:00 a 13:00 (el horario establecido para el resto). Trascendió que él hizo la misma cantidad de horas extras todos los meses aún cuando estuvo fuera del país por casi todo el mes de junio de 2015, por un “curso de especialización”. Además, para esta gira la Corte le pagó viático de G. 16 millones, un plus de G. 3.500.000 por ir al citado curso. De esta forma, su remuneración saltó a nada menos que G. 32 millones en un solo mes. Es más, hay indicios de que llegó a cobrar hasta G. 72 millones de viáticos por “acompañar” a su papá y, paralelamente, percibió sus horas extras.
Aparte de los hijos de Torres K. están siendo indagados funcionarios judiciales que cobrarían sus salarios como tal, pero cumplirían labores en el domicilio particular del alto magistrado.
Una de ellas es Fanny Ramona López de Machuca, quien es conocida como la “doctora Fanny” entre los empleados que andan por la residencia del ministro y cobra un salario de G. 8.500.000. La mujer, religiosamente va a la casa del ministro todas las mañanas y realiza luego gestiones en estudios jurídicos, por lo que no cumple labores en el Palacio de Justicia.
Por su parte, Hugo Ramón Quiñónez funge de “técnico jurisdiccional” en la planilla del Poder Judicial, pero cumpliría labores para José Miguel Torres. En horario laboral, el mismo se encuentra merodeando la casa del ministro.
Emilio Daniel Álvarez es otro asalariado del Poder Judicial pillado en casa del ministro cuando entraba con una vianda que se presume era de su almuerzo.
Los “sin padrinos”
* Sancionados por no llevar corbatas.
* Sancionados por no llevar carnet de identificación.
* Sancionados por tener celular en las manos.
* Sancionados por consumir tereré o mate.
* Sancionados por no llevar saco (traje) de color negro o azul.
* Sancionadas por llevar pantalones y no polleras (mujeres).
Delitos en expectativas
Cobro indebido de honorarios
Artículo 313 del Código Penal: 1º El funcionario público, abogado u otro auxiliar de justicia que, a sabiendas, cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa.
Inducción a un subordinado a un hecho punible
Artículo 318 del Código Penal: El superior que indujera o intentara inducir al subordinado a la realización de un hecho antijurídico en el ejercicio de sus funciones o tolerara tales hechos, será castigado con la pena prevista para el hecho punible inducido.
Caso Karina y su “asesor”
La exdiputada por Avanza País, Karina Rodríguez, también intentó defenderse de su complicidad en el cobro indebido de honorarios del “asesor” español Lino Xavier Valencia, con el argumento de que el mismo al ser asesor estaba eximido de cumplir asistencia y que “rendía” sobre trabajos (proyectos) presentados. Sin embargo, la misma fue imputada por firmar sus planillas de asistencia cuando sabía exactamente que no marcaba horarios en el Congreso.
Valencia, quien está prófugo de la justicia paraguaya, fue consultor y asesor político durante la campaña electoral del expresidente Fernando Lugo. Posteriormente, fue designado como funcionario permanente de la Justicia Electoral, desde setiembre de 2012. De ahí fue comisionado a la Cámara de Diputados, donde la entonces diputada Rodríguez justificaba sus ausencias para el cobro indebido.
¿Situación similar a la de Ramírez Zambonini?
El caso de Raúl Torres Kirmser podría ser el mismo del ministro de la Justicia Electoral Alberto Ramírez Zambonini (PLRA), imputado por inducción a un subordinado a cometer hecho punible por el caso de planillerismo en la Justicia Electoral.
Además, se puede encuadrar en complicidad de cobro indebido de honorarios, ya que el alto magistrado no podría ignorar que hay funcionarios que cobran salarios en el Poder Judicial, pero que cumplen labores en su domicilio y están ligados a tareas particulares de sus allegados.
Según la imputación penal contra Ramírez Zambonini, este, en su carácter de ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral y en el ejercicio de sus funciones, habría tolerado que Clara Haydée Silveira Arza, Maira Abdo Benítez, Luis María López Benítez y Zully Jacqueline Ferreira, perciban honorarios por servicios que no habrían prestado para el TSJE, siendo que estas eran sus conocidas y fueron designadas para prestar funciones en su despacho; por lo que habría estado en pleno conocimiento del no cumplimiento de trabajo.
Lo que complicó al ministro fueron las declaraciones de Cristian Bogado, director de Recursos Humanos del TSJE, quien dijo que recibía órdenes verbales del despacho de Ramírez Zambonini, específicamente del jefe de gabinete, Víctor Báez. Este le decía que reciba las planillas de las imputadas Clara Haydée Silveira Arza y Ana Catalina Arza, que venían en sobre cerrado.
Contó que los documentos se enviaban a Recursos Humanos, porque los pagos se hacían con anterioridad a la remisión de las planillas, que eran entregadas por la secretaria privada de otro imputado, Manuel Radice, amigo de Zambonini. También María Isabel Quintana, supervisora de Recursos Humanos, dijo en su indagatoria que las planillas de Clara Silveira y Ana Arza llegaban en sobre cerrado desde el despacho de Ramírez Zambonini.
Detrás de qué funciones cumplen y cómo rinden
Las fiscalas de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Nadine Portillo y Josefina Aghemo, investigan a los hijos del ministro Raúl Torres Kirmser y a los funcionarios judiciales que cumplirían labores en la casa del alto magistrado, por cobro indebido de honorarios.
Ante la exoneración de marcación de asistencias, las agentes debieron recurrir a pedidos de informes de los superiores. En ese sentido, enviaron oficios a la Corte con relación a María José, José Miguel, Valeria Eliana Torres y Fanny López de Machuca, Hugo Quiñónez y Emilio Álvarez.
Las fiscalas pidieron a la presidenta de la Corte, Alicia Pucheta, los nombres de los superiores inmediatos, además de informes sobre las funciones específicas que les fueron asignadas a los seis funcionarios, así como la individualización y remisión de la resolución respectiva. Además, el escrito de los superiores jerárquicos donde conste la justificación correspondiente al pago de remuneraciones extraordinaria, el periodo de tiempo de prestación y las resoluciones que autorizaron dichos pagos.
A su vez, solicitaron las copias autenticadas del manual de funciones, decretos y resoluciones a través de las cuáles se resolvió la exoneración de marcación de los funcionarios con cargo de asesores.
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