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Los funcionarios sindicalizados del Poder Judicial, desde la semana pasada, vienen haciendo un paro escalonado que ahora derivó en una huelga, tratando de presionar a los diputados, para que traten el proyecto de la Ley de Tasas Judiciales que modifica la actual que establece que la Corte Suprema de Justicia se queda con el 58,80% de esos ingresos, el Ministerio Público se lleva el 12,27%, el Ministerio de Justicia el 13,55%, el Ministerio de la Defensa Pública, con el 0,01%, y Consorcio (matrículas para automóviles) con un 15,37%.
El Poder Judicial pretende volver a quedarse con el 100% de las tasas.
El miércoles pasado los diputados iban a tratar la modificación de la ley pero desde el Ministerio Público, vino una fuerte respuesta encabezada por la misma fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien apoyó de forma indisimulada a sus funcionarios para ir a un huelga en sentido contrario al del Poder Judicial.
El día en que se tenía que tratar el tema la misma fiscala Quiñónez en compañía de otros fiscales se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, a quien le pidieron que no traten el punto en cuestión y se logró sacar del orden del día.
El diputado Alliana anunció que se decidió no tratar el tema de la modificación de ley, en contrapartida, sí se conformó una mesa de diálogo para analizar con más profundidad el tema y poder llegar a un acuerdo.
Este fue el primer triunfo que tuvo el Ministerio Público sobre el Poder Judicial. En contrapartida, ante el no tratamiento del tema en la Cámara de Diputados, los funcionarios del Poder Judicial ya están en plena huelga.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Raúl Torres Kirmser, anunció varios puntos en relación a la huelga y el más importante es que los servicios básicos serán atendidos con total normalidad y el segundo que los funcionarios que se sumen a la medida de fuerza no van a cobrar sus haberes por los días no trabajados.
Si bien la modificación que plantean los funcionarios judiciales de la Ley de Tasas favorecería a la Corte, el titular de la máxima instancia negó estar tras la huelga en el Poder Judicial y que no apoyan la medida de fuerza.
Cosa contraria a lo que se da en el Ministerio Público, donde la misma fiscala general Sandra Quiñónez es la que apoya la huelga de los funcionarios públicos.
Torres Kirmser explicó que la postura de la Corte es que todo el dinero que ingresa al Poder Judicial debe quedar en la institución y dijo que eso fue así desde siempre, pero que en el año 2000 los parlamentarios cambiaron el sentido de la ley, repartieron el dinero entre varias instituciones más entre las que se encuentra el Ministerio Público.
A decir del presidente de la Corte, las tasas judiciales son del Poder Judicial y que solo el 12% del dinero se recauda del ámbito jurisdiccional de los procesos civiles y comerciales, el otro 88% viene de los Registros Públicos, por actos jurídicos que se realizan allí y que no tienen nada que ver con los procesos judiciales.
También apuntó el presidente de la Corte que el Ministerio Público no tiene nada que ver con los Registros Públicos y en todo caso se puede dialogar sobre el dinero que ingresa por los casos judiciales y que alcanza solo el 12%. Enfatizó que solo sobre este porcentajes se puede negociar entregar una parte al Ministerio Público, pero no sobre el total.
Mientras estas discusiones se dan entre estas dos instituciones, los únicos afectados son los que recurren a la administración de justicia en los diferentes ámbitos.
Cobro de tasas
Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo el Poder Judicial recaudó en concepto de pago por tasas judiciales G. 108.820.752.049. De ese monto G. 63.605.729.572 quedó para la Corte Suprema de Justicia (un 58,45%), mientras que el Ministerio Público se embolsó G. 13.032.693.043 (un 11,98%). Este millonario monto solo da una radiografía de los tres primeros meses del año en materia de recaudación por el pago de tasas y se calcula que en enero, por ser mes de feria, no se tiene una gran recaudación.
Dinero es del PJ
El presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que el dinero que se recauda del pago de tasas judiciales pertenece íntegramente al Poder Judicial y que no existe motivo para dar un porcentaje al Ministerio Público. La postura del titular de la máxima instancia judicial es idéntica a la esgrimida por los funcionarios sindicalizados del Poder Judicial, quienes señalan que el dinero que recibe la Fiscalía es utilizado para el pago de bonificaciones, pago de horas extras, y que no se invierte en mejorar el servicio.
No habrá cobro de salario
El gremio de los abogados se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Raúl Torres Kirmser, y le pidieron que se aplique el artículo 375 del Código del Trabajo, que señala que los empleados que vayan a una huelga no tienen derecho al cobro de su salario por el tiempo que dure la medida de fuerza, y el titular de la máxima instancia se comprometió a cumplir con lo que dice el Código. De esta manera desde hoy todos los funcionarios que están de huelga no cobrarán su sueldo.
Los fiscales dejaron sus despachos para protestar
Gilvi Quiñónez, Silvia Cabrera, Marta Sandoval, Clara Ruiz Díaz, Gustavo Yegros, Fátima Capurro, entre otros fiscales, fueron el miércoles en horas de la mañana a manifestarse frente a la sede del Congreso, para presionar a los diputados a no tratar del tema de la modificación de la Ley de Tasas Judiciales.
Con remeras hechas para la ocasión y solicitando no ser despojados del 12,27% de los ingresos judiciales, los fiscales se plegaron a la huelga.
La bandera que llevan los fiscales es que el dinero que recibe del Poder Judicial hace que se paguen los alquileres de diferentes sedes del Ministerio Público y que en el caso de no recibir ese porcentaje se verán obligados a cerrar varias Unidades Especializadas, así como también el Laboratorio Forense, el Centro de Atención a Víctimas, entre otras dependencias que son de suma importancia.
Es así que desde el Ministerio Público lanzaron una campaña con el lema de “no nos dejen sin recursos”. A esto se sumó la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, que acompaña las movilizaciones.
Contrariamente a lo expresado por la fiscala Sandra Quiñónez sobre el destino que se da al dinero de las tasas judiciales que reciben, la dirigente sindical Porfiria Ocholasky, de la Corte, dijo que la plata que va a parar a la Fiscalía es utilizada para pagar bonificaciones y horas extras de los funcionarios públicos, por lo que no veían con buenos ojos que se siga destinando ese dinero para esos fines.
Ocholasky señaló que es mejor que el 100% del dinero quede en el Poder Judicial, donde se invertirá eso en mejorar la administración de justicia, para los usuarios. Por su parte, el Colegio de Abogados del Paraguay quiere que se declare la huelga del Poder Judicial como ilegal, que no se paguen los sueldos a los huelguistas y que intervenga el Ministerio Público para que investigue una posible coacción a órganos constitucionales, debido a que sostienen que los funcionarios judiciales están presionando al Congreso. Pero ¿cómo tendrían intervención los fiscales si ellos también están inmersos en una huelga solo que en sentido contrario al de los funcionarios del Poder Judicial?
victor.franco@abc.com.py