Cargando...
La ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, explicó que el documento es resultado de un trabajo consensuado entre expertos de la cartera a la que representa, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio de la Defensa Pública, del Ministerio Público y de la fundación suiza Terres des Hommes, esta última encargada de la capacitación del personal del MJ.
“Es un material validado, por supuesto no es infalible, todavía se puede corregir, pero es un material básico, es un manual de gestión y de información a jueces sobre las medidas alternativas y sustitutivas a la prisión y en poco tiempo más estamos inaugurando la oficina, es una oficina permanente con un equipo interdisciplinario que se va a encargar de aplicar este manual, de monitorear las medidas alternativas y sustitutivas a la prisión”, explicó la ministra Carla Bacigalupo.
En este nuevo contexto, la privación de libertad se presenta como última posibilidad. La intención es priorizar la aplicación de medidas socioeducativas, cuyo cumplimiento quedará a cargo de un equipo del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor.
Se prevé la creación de equipos que se ocuparán de estudiar cada caso y proponer un plan de tratamiento que contemplará el cumplimiento de medidas socioeducativas, así como la reparación del daño, mediante la prestación de servicios comunitarios.
Residir en determinados lugares; vivir con una determinada familia; aceptar un determinado lugar de formación o de trabajo; realizar determinados trabajos; someterse al apoyo y a la supervisión de una determinada persona; asistir a programas educativos y de entrenamiento social; reparar los daños causados por el hecho punible; reconciliación con la víctima; y someterse, con acuerdo del titular de la patria potestad o del tutor, a un tratamiento médico social por un especialista o un programa de desintoxicación, son algunas de las medidas socioeducativas previstas, cuyo control también estará a cargo del MJ.
Bacigalupo expresó su preocupación por la interrupción del tratamiento del adolescente que da al derivarlos al penal de mayores, cuando cumplen la mayoría de edad.
“No podemos seguir enviando a chicos que egresan del centro educativo al sistema de encierro de mayores; queremos cortar la cadena delictiva, ya no queremos tener cada vez más chicos involucrados en hechos punibles tampoco con medidas sustitutivas y alternativas a la prisión porque queremos prevenir. Queremos evitar que todos los casos sean judicializados o que todos los casos judicializados terminen en prisión, entonces estamos trabajando en diferentes aspectos y ámbitos, para fortalecimiento de medidas sustitutivas y alternativas a la prisión
Apoyo familiar, fundamental
“Sin la familia no es posible trabajar, porque si uno revisa la historia de los adolescentes va a encontrar que la mayoría de los adolescentes comenzó a cometer alguna infracción por dificultades y problemas en la familia, no precisamente la pobreza, una serie de cosas, generalmente las cosas que afectan a los adolescentes es el entorno familiar”, expresó Óscar Vázquez, de Terres des Hommes.
“Muchos de los chicos han sido vulnerados desde muy chiquitos, también han vivido en ambientes muy violentos, ambientes de maltrato, de abandono, de falta de control, de falta de afecto, entonces si no se comienza a trabajar con la familia, si no se comienza a recuperar la función del control, de apoyo de la familia, no es posible trabajar con ellos, por eso muchas veces encerrarlos no es la solución. Hay que trabajar con las familias para que juntos aprendan a trabajar mejor y los resultados son factibles”, acotó.
Modelo obsoleto tiene los días contados
Con siete pabellones con capacidad para albergar hasta 40 adolescentes a la vez sin clasificación alguna, el Centro Educativo de Itauguá presenta un modelo no acorde a las normas internacionales en la materia. Esta situación se convierte en un factor determinante para que menores de edad sin antecedentes se “especialicen” en delitos mediante el contacto con otros internos, además de ser caldo de cultivo para adicciones y hasta abusos sexuales.
Para adecuar su estructura a la legislación vigente e implementar un tratamiento personalizado que permita la rehabilitación del menor infractor, está en marcha una obra que permitirá un cambio total del sistema.
La primera novedad es la creación del área Admisión, destinada al albergue de los recién ingresados a la institución. El local tiene celdas con baño privado y capacidad para cuatro personas, donde los jóvenes permanecerán 20 días. Este lapso será el tiempo necesario para la realización de una evaluación por parte del equipo técnico integrado por psicólogos y trabajadores sociales, que una vez concluido su trabajo, presentará una propuesta de tratamiento basado en las particularidades de cada caso.
Idéntico diseño está previsto para otro sector del predio, al que serán derivados los chicos luego de la etapa de admisión y que estaría listo en un mes y medio, como máximo.
Un aspecto importante en el que ya se está trabajando es el acercamiento familiar.
“Hace dos años los niveles de visita eran de solamente 30% de adolescentes que recibían visitas. Hoy tenemos un 70% de adolescentes que recibiendo visitas y un 30% que no está recibiendo. Hemos dotado de vehículos para que las funcionarias del área social puedan llegar a las casas de estos chicos y tener contacto directo con la familia, presentar a la familia para que puedan tener medidas no privativas de libertad”, explicó el director del Senaai, Orlando Castillo.
Mayoría sin condena
En el sector de admisión se ha creado un área destinada a las entrevistas entre los adolescentes y sus respectivos defensores. Hasta hoy día se realizaban en cualquier lugar del patio del reclusorio, muchas veces bajo un mango.
Óscar Vázquez, de la fundación Terre des Hommes, expresó su preocupación por la gran cantidad de jóvenes sin condena: el 94% de la población de 357 personas.
“Hay que generar un sistema para descongestionar los centros educativos, porque los centros educativos deberían estar solamente para los casos graves”, acotó el experto durante su visita al CEI.
Estarán bajo control
La ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, comentó que actualmente hay diez adolescentes infractores con un régimen abierto, en el cual son monitoreados en el cumplimiento de las medidas sustitutivas de prisión, con resultado muy satisfactorio.
“Tenemos diez chicos monitoreados a través de este sistema de control de cumplimiento de medidas y no tenemos ningún problema, no hemos tenido ningún caso fallido y cuando inauguremos la oficina nuestra idea es aumentar la cantidad de adolescentes monitoreados”, explicó la ministra.
Urge atender a adictos
Las adicciones, especialmente al crack, constituyen una de los principales causas de ingreso de adolescentes en el sistema penal y a la vez, uno de los principales motivos de reincidencia. Actualmente, las autoridades del Ministerio de Justicia buscan articular con el Ministerio de Salud un mecanismo para dar asistencia a los jóvenes adictos y evitar la expansión del consumo en la población.
“La adicción es un problema de salud pública acá y en cualquier país del mundo. Es una de las mayores causas de encierro de nuestra población joven”, precisó la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo.
rferre@abc.com.py