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De todos los procesos penales promovidos contra Luis Ignacio Ortigoza como derivación del periodo de poco más de un año en que estuvo al frente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, este es probablemente el más insólito de todos. La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción acusó y pidió juicio oral y público para el extitular del Indert por la venta frustrada de tierras que corresponden nada menos que al aeropuerto de Capitán Bado.
La fiscala de Delitos Económicos Yolanda Portillo explica en su acusación que todo empezó el 24 de octubre de 2012, cuando el ente adjudicó a Ali Hatem Barakat el lote agrícola ubicado en la colonia Caaguy Poty, distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay.
La propiedad tiene una superficie de 9 hectáreas con 9.986 metros y 6.430 centímetros cuadrados.
Posteriormente, el 26 de julio de 2013, el árabe presuntamente solicitó la reconstrucción del expediente, justificando que dicho documento se había extraviado. En el nuevo expediente reconstruido se anexaron documentos, entre los cuales figuraba un deslinde, en el cual se detallaban las coordenadas del lote. El documento fue firmado por Enrique Duarte.
Por otra parte, en el referido expediente, López firmó una solicitud de compra del lote mencionado, en el que supuestamente Barakat pedía al anterior titular del Indert, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, la adjudicación de los lotes agrícolas.
Ante esta situación, el 23 de diciembre de 2013 funcionarios de la referida institución se constituyeron en el lugar y constataron que el lote adjudicado resultó ser el aeropuerto de Capitán Bado y que no estaba ocupado por ningún particular ni existían construcciones o plantaciones mencionadas en la solicitud de compra, según la presentación.
Ali Hatem pagó apenas el monto de G. 5.119.323 por la propiedad que está situada a metros de la frontera.
La audiencia se llevará a cabo ante el juez Hugo Sosa Pasmor, quien aceptó el expediente tras la inhibición de Miguel Tadeo Fernández, quien alegó amistad con el abogado defensor Álvaro Arias para apartarse del caso. Sosa tuvo a su cargo otros dos procesos contra Ortigoza y en ambos casos dispuso la elevación de la causa a juicio oral, en uno de ellos tras rechazar una solicitud de suspensión condicional del procedimiento, previa reparación del daño.
La fiscala Portillo también acusó al exasesor jurídico del Indert Osmar Escobar Núñez, el exsecretario general Andrés Francisco Argüello Román y el encargado de deslinde del departamento de Catastro, Enrique Duarte López, por la presunta comisión del hecho punible de tentativa de estafa.
Asimismo, el exdirector regional del Indert, Amambay, Ostaciano López González, fue procesado por tentativa de estafa y uso de documentos no auténticos.
Acusado habla de “vendetta”
“Es una cuestión administrativa, la misma de siempre. Hay una vendetta contra mí de la unidad (Anticorrupción y de Delitos Económicos), pero ya vamos a ir hablando de eso. Yo tengo todos los documentos y los voy a presentar”, expresó Ortigoza a nuestro diario, en una de las pocas ocasiones que accedió a hablar sobre el caso.
El expresidente y el abogado Carlos Battaglia, defensor de Ortigoza en algunas de sus causas, mantienen la postura de referirse al caso únicamente en ocasión del juicio oral.
CAUSAS ELEVADAS A JUICIO ORAL Y PÚBLICO
El año pasado la Justicia resolvió que el expresidente del Indert Luis Ignacio Ortigoza debe ser juzgado en un juicio oral por la compra de 5.000 hectáreas de tierra en Cordillera, de la firma San Agustín, vinculada al senador oviedista Jorge Oviedo Matto, y que según la Fiscalía causó un perjuicio de G. 47.000 millones. Idéntica medida se dispuso con relación al diputado liberal Pedro Milciades Duré y los peritos tasadores del MOPC, Víctor Blanco y Mario Echeverría
El otro caso que Ortigoza deberá rendir cuentas ante la Justicia tiene que ver con la venta ilegal de tierras de la Reserva del Mbaracayú, de la Itaipú Binacional.
Según la Fiscalía, durante su gestión entre los años 2011 al 2012, como titular del Indert, Ortigoza vendió un poco más de 7 hectáreas de tierras de la Reserva del Mbaracayú y que el supuesto perjuicio producido por la enajenación de la propiedad sería de unos G. 40.000 millones.
En el tercer caso sobre el extitular del Indert, Luis Ortigoza, se le atribuye un supuesto perjuicio patrimonial de más de G. 15.000 millones mediante la venta de 13 inmuebles (52.000 hectáreas) ubicados en colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay, por un valor inferior al precio de mercado.
rferre@abc.com.py