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Los juzgados afectados son de Asunción, San Lorenzo y Fernando de la Mora. Los oficios, en su mayoría, eran para borrar los antecedentes penales, lo que podría significar el levantamiento de restricciones como prohibición de salir del país.
El juez penal de garantías N° 12 de Asunción, Julián López, presentó denuncia formal porque tanto su firma como la de su actuario Ángel Billordo, y sus respectivos sellos oficiales, fueron adulterados en la causa de “Isaías Joan García González y otros s/ hurto agravado”.
El oficio trucho tenía que ver con una supuesta extinción de la pena, lo que de por sí ya era irregular porque el mismo magistrado había otorgado el sobreseimiento definitivo al procesado en junio de 2015, por lo que ni siquiera hubo condena para dar luego la extinción.
En el burdo intento por fraguar el documento oficial hicieron figurar a Julián López como juez de “ejecución”. Además, fue muy evidente la falsificación de la firma del juez y su actuario, así como los sellos oficiales porque pertenecían a otros juzgados.
“Las firmas y sellos tanto de este juzgado como los del actuario judicial fueron burdamente adulterados. Es por ese motivo que presenté denuncia penal ante el Ministerio Público a los efectos de que investigue, determine la comisión de hechos punibles y el autor, autores y cómplices de este hecho”, señaló el juez López.
El mismo procesado, Isaías Joan García González, intentó presentar otros oficios falsos en dos causas que posee con el juez penal de garantías N° 4 de Asunción, Rubén Riquelme, quien denunció al igual que su colega la adulteración de los documentos.
En ese juzgado aún se tramita una causa por hurto agravado y reducción, y el procesado cuenta con orden de captura desde el año pasado porque no se presentó a su audiencia preliminar. Con el oficio que intentó diligenciar, se podía levantar esa orden de captura.
En la otra causa, Isaías Joan García ya obtuvo una salida procesal en el 2014, por lo que el expediente se encuentra en el juzgado de ejecución, y con el mismo modus operandi que en el Juzgado Penal de Garantías Nº 12, Riquelme aparecía como juez de “ejecución” y declarando supuestamente la extinción de la acción penal.
En los tres casos de Isaías Joan García, los oficios ilegales fueron diligenciados por una persona identificada como Lázaro Fleitas.
Otros tres juzgados más
Otros casos similares fueron detectados en los juzgados de Rubén Ayala Brun (suspendido en el cargo), María Elena Cañete (San Lorenzo) y de Atilio Rodríguez (Fernando de la Mora), lo que hace suponer la existencia de una rosca que falsifica oficios judiciales.
En el caso del Juzgado Penal de Garantías N° 10 de Asunción –que es interinado actualmente por Gustavo Amarilla ante la suspensión de Ayala Brun– el oficio adulterado fue a favor del procesado José Gabriel Leguizamón Díaz, por una causa de hurto agravado, y estuvo acompañado por una resolución falsa.
De acuerdo con la resolución que se adjuntó al oficio, Ayala Brun había ordenado el levantamiento de la prisión preventiva de Leguizamón Díaz, pero a simple vista también se notan las adulteraciones. Una de ellas es el sello y nombre de la actuaria judicial Celia Salinas, que aparece como “Cecilia Salinas”, y ni siquiera pertenece a ese juzgado, debido a que la actuaria de allí es la abogada Lina Casco.
Igualmente, otro oficio y con su respectiva resolución también fueron presentados de manera irregular. En ese caso afecta a la jueza penal de garantías de San Lorenzo, María Elena Cañete, y a su actuaria Claudia María Sanabria. El proceso tiene que ver con lesión de confianza y producción de documentos no auténticos donde está imputado Juan Miguel Denis González.
De acuerdo con la resolución falsa, la magistrada ordenó el levantamiento de su prisión preventiva mediante el Oficial Judicial N° 326 y el Acto Interlocutorio N° 196, lo que de por sí resulta sumamente grave.
La magistrada Cañete remitió un escrito a la fiscala Carla Rojas, que indaga las denuncias de sus colegas López y Riquelme, y relató que se labró un acta en su despacho donde se dejó constancia expresa de las adulteraciones de firmas de la jueza y su actuaria judicial.
Oficio falso
Comunicaba una supuesta extinción de la acción penal, lo que de por sí ya era irregular porque el juez Julián López había otorgado el sobreseimiento definitivo al procesado en junio de 2015. Es así como ni siquiera hubo condena para dar luego la extinción.
Por producción y frustración
La fiscala Carla Rossana Rojas, de la Unidad Nº 3 de la Fiscalía Barrial Nº 2, formuló imputación penal contra Loren Elizabeth Díaz Villalba (27 años), por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y frustración de la persecución y ejecución penal.
De acuerdo al escrito fiscal, Díaz fue detenida el 27 de abril último tras presentar en mesa de entrada del Departamento de Informática de la Policía Nacional ubicado en el Departamento de Identificaciones, los siguientes oficios: Oficio fiscal Nº 240 de fecha 24 de abril de 2017 causa “Héctor Raúl Fernández s/ abuso sexual en niños, emanada de la agente fiscal Sara Ramona Domínguez; Oficio Fiscal Nº 198 de fecha 24 de abril de 2017, causa “Héctor Raúl Fernández s/ abuso sexual en niños, emanada de la agente fiscal Milena Basualdo; Oficio Nº 326 de fecha 24 de abril de 2017 y AI Nº 196 de fecha 21 de abril de 2017, causa “Juan Miguel Denis González s/ lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, emanada de la jueza María Elena Cañete y Oficio Nº 284 de fecha 24 de abril de 2017 y AI Nº 216 de fecha 20 de abril de 2017 causa “José Gabriel Leguizamón Díaz s/ hurto agravado y otros, presumiblemente emanado del juzgado de Rubén Ayala Brun.
La agente indica que existe presunción de que Loren Elizabeth Díaz habría presentado los oficios y resoluciones judiciales adulterados, con la intención de cambiar los antecedentes informáticos de los procesados en el Departamento de Identificaciones.
La mujer fue beneficiada el pasado viernes con arresto domiciliario que cumplirá en su casa ubicada en el barrio Ricardo Brugada, con la fianza personal de G. 100 millones de su abogado defensor Freddy Gustavo López Palacios.
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