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“A pesar de contar con el desarrollo de un proyecto que podría ser utilizado y adaptado para cualquier penitenciaría, se aprobó el resultado de un nuevo llamado a licitación pública nacional para la contratación de servicios de consultoría para el desarrollo del proyecto ejecutivo y fiscalización de obras para la construcción de la nueva penitenciaría nacional”, especifica la fiscala Victoria Acuña.
La agente, asimismo, hace hincapié en que el artículo 4 de la Ley 2051/2033, de “Contrataciones Públicas”, establece los principios generales que deben regir dicha actividad, estableciendo en el mencionado artículo los de “Economía” y “Eficiencia”, de modo de que las necesidades públicas sean satisfechas con un costo que asegure el Estado las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de “racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria”.
“Lo que permite llegar a la conclusión de esta fiscalía, que existiendo un modelo de centro penitenciario elaborado por la Cooperación Española, se volvió a contratar a otra firma, en este caso Compañía de Ingenieros Asociados CIA SA, con lo que se produjo un perjuicio patrimonial de G. 4.950.000.000, por un trabajo que el MJT ya había recibido como cooperación en el año 2000”, señala la imputación.
El juez Alcides Corbeta resultó sorteado en el caso y debe fijar ahora la audiencia de medidas.