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El cierre de cárceles en Suecia y Holanda causó sorpresa y admiración el año pasado. La aplicación de penas menos gravosas para casos considerados leves como hurto y robo así como una fuerte inversión en la rehabilitación de los reclusos, son algunos de los motivos de la clausura en aquellos países.
Por acá, no solamente estamos lejos de cerrar cárceles, sino que incluso se han anunciado la apertura de nuevas penitenciarías. Sin embargo, se destacan los trabajos en pro de la capacitación laboral a reclusos, la adecuación de la estructura edilicia del correccional de menores a las recomendaciones internacionales así como la extensión del programa piloto de justicia juvenil restaurativa, que busca evitar la reclusión de adolescentes infractores por delitos menores.
Respecto a este último punto, el programa piloto de Justicia Juvenil Restaurativa implementado en agosto del año pasado en el juzgado de Lambaré –cuya jurisdicción abarca las ciudades de Villa Elisa, San Antonio y Ñemby– demostró que la reinserción es posible, pues se ha registrado una reincidencia de tan solo 7,8% entre los jóvenes que participaron en el proyecto.
“Las medidas son todas en servicio de la comunidad, lo que se busca dentro de la justicia restaurativa es que se repare el daño dentro de la comunidad donde se cometió el hecho punible. Es decir, si fue en Ñemby, que la reparación del daño sea en Ñemby y dentro de eso se le da limpieza en la plaza o de la parroquia. A través de los facilitadores judiciales identificamos qué hay en cada comunidad. En Ñemby sabemos que tenemos tres centros de salud, dos clubes de fútbol, cuántos colegios hay y de acuerdo con eso los adolescentes reparan el daño ahí”, explicó el juez penal de la adolescencia de Lambaré, Camilo Torres.
El magistrado comentó que otra de las salidas más usadas es la mediación que incluso pueda ser extrajudicial, es decir, antes de que entre al sistema judicial. En este caso, el fiscal remite la denuncia a la oficina de mediación, se hacen estudios técnicos, se llama a la víctima y al infractor, se trabaja por separado con cada uno y luego se busca un acercamiento entre ambos.
“Generalmente la víctima quiere que el imputado le pida disculpas, admita que cometió y busque la forma de reparar el daño. Y ahí viene lo bueno, en algunos casos conseguimos que la víctima acepte que el imputado le haga un servicio, que le limpie el patio, siempre con supervisión de los trabajadores sociales”.
“El sistema restaurativo no es solamente mediación, sino que el adolescente tenga una sanción o una medida socioeducativa, que se le haga un plan reparador a través de los psicólogos y trabajadores sociales, también es justicia restaurativa porque se trabaja sobre el individuo para que no vuelva a cometer hecho punible”, explicó el magistrado.
Torres resaltó que si bien los resultados fueron sumamente positivos y por ello se logró implementar de manera permanente el sistema especializado, que el fuero cuenta actualmente con todos los operadores especializados y el involucramiento total de la sociedad, el Poder Judicial no puede seguir supliendo las falencias de otras instituciones.
Migración masiva
“Acordate que nosotros en el departamento Central tuvimos a 100.000 paraguayos que migraron al exterior, la mayoría de los hijos o viven solos con la mamá o con el papá y en muchos casos algunos son criados por algún familiar o vecino de la casa porque la mamá se fue a España y no volvió nunca más y el papá se enojó y desapareció. Esos informes son lamentables porque ves que los chicos prácticamente se están criando solos y tenés la droga que te entra por todos lados. El crack acá en Central no varía”, afirmó Torres, tras resaltar que más del 80% de los menores infractores son adictos al crack.
“La SNNA se encarga solamente de la primera edad; para los de 18 que terminaron el colegio, está la Secretaría de la Juventud. Ahora de política pública de estos chicos entre 14 y 17 años infractores ¿quién se encarga? Yo te desafío a que encuentre un hogar que no sea el Centro Educativo donde podamos internar a estos chicos. No hay. El Estado no tiene un hogar donde yo pueda derivar a un chico que está dejando la sustancia o cometió un hurto y vive bajo el puente y sus padres no están o vino del interior. O es la cárcel de Itauguá o la libertad y vos no le podés mandar presa a una persona porque no tiene casa o porque vive solo o porque robó una gallina, una bicicleta o un champion, es una realidad”, aseveró.
“El Estado está ausente en esa franja etaria. Ausente total, no hay política pública del Estado para adolescentes entre 14 y 17 años para la reinserción. Y te vuelvo a decir algo que estás cansada de escuchar, tenemos un solo centro de desintoxicación, no tenemos ni colegio. Un chico de 17 años que está en el 2° grado ¿dónde le mandás a estudiar? No hay”, acotó el magistrado”.
Corte capacita a equipo técnico que replicará proyecto en Caazapá en julio
Tras el éxito del programa de Justicia Juvenil Restaurativa en Lambaré, el sistema se replicará en Caazapá, a partir del próximo mes de julio. El abogado Diego Renna, coordinador del área Justicia Penal Juvenil del área de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, es el encargado de preparar el proyecto y de capacitar al personal, conjuntamente con otros profesionales.
El letrado explicó que Lambaré primero y ahora Caazapá fueron elegidos para la implementación del programa en atención a la gran cantidad de procesos abiertos por delitos bagatelarios, que en su mayoría no ameritan la imposición de una medida tan gravosa como la prisión y tampoco existe la necesidad de extender en demasía el proceso para su conclusión.
El juez penal de la adolescencia de Lambaré, Camilo Torres, comentó por ejemplo que en su jurisdicción, un 31% de los adolescentes ingresan al sistema penal por la comisión del hecho punible de exposición al peligro del tránsito terrestre.
“¿Qué significa eso? Que es una costumbre casi normal que los chicos a partir de los 15 años manejen moto, entonces tenemos todos los lunes 10 chicos imputados dentro de esa franja etaria que cometen hechos punibles porque manejan moto, no tienen la edad y obviamente no tienen registro. A ellos le damos criterio de oportunidad, trabajo en beneficio de la comunidad y obviamente son desvinculados del proceso penal, pero realmente es un flagelo, es un tema sin control el tema de adolescentes en moto; tenemos chicos adolescentes que estaban procesados y murieron en accidentes de moto. Es realmente preocupante”, comentó el juez Torres.
Renna destacó que estudios a nivel mundial demuestran que el aumento del cuántum de la pena no disuade a los potenciales criminales, y por lo tanto, no funciona como método para combatir ni disminuir la delincuencia.
“La razón de este fracaso es que el infractor no llega a sentir los verdaderos alcances de su acción, ni a comprender de qué manera ha dañado a la víctima. Es por ello que la tendencia actual es aplicar la justicia restaurativa que busca introducir un nuevo espíritu de equidad, recrearla desde la perspectiva de la víctima como protagonista para que junto con el infractor y con el apoyo de la comunidad, se pueda reparar el daño y la restaurar las relaciones de ambos con la sociedad”, explicó Renna.
La falta de persona especializada para integrar el equipo técnico es uno de los principales obstáculos para la implementación del programa a nivel nacional.
“El 70% de los jueces penales de la adolescencia del Paraguay no tiene equipo técnico, entonces tenés que medir la madurez psicosocial del adolescente y si no tenés el equipo técnico es muy complicado. Tenés que ingeniarte con psicólogos, trabajadores sociales, centro de salud, para poder elaborar algo que está en el Código de la Niñez y es obligatorio”, acotó Torres, tras recordar que la Fiscalía tiene solo dos fiscales especializados en el área para todo el país.
rferre@abc.com.py