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Fueron imputados por lesión de confianza Mariano Damián Escurra Vicésar, expresidente de Cajubi; Tomás Rafael González Mir, exvicepresidente, y los exconsejeros José Salvador Alonso Martínez, Walter Elías Delgado Añazco, Gustavo Celso Duré Almada, José Szwako Demiañuk, Hugo Julián Ojeda Aquino, Félix Juan B. Villamayor Cabaglio, César Amílcar Bejarano Filippi y Pabla Mieres de Scavenius.
A continuación, parte de la imputación penal del fiscal Cabrera:
“Los antecedentes refieren que en junio de 2007 Ismael Pérez en representación del First Canadian Group Of Companies ofreció a la Cajubi un producto caracterizado como Notas sobre Activos Duros (NSAD), consistentes en una inversión estructurada, cuyos fondos se asignan a propiedades de exploración de commodities. Como resultado de esta presentación, el consejo de la Cajubi por medio del Acta de Reunión Extraordinaria N° 20/2007 resolvió invertir fondos de la institución en la propuesta del señor Ismael Pérez. Esto derivó en la imputación de los citados más arriba.
Sin embargo, esta nueva imputación está relacionada a la liquidación al 15% del valor del dinero invertido en la empresa First Canadian International por un monto de aproximadamente CAN$ 8.586.666, y el posterior envío de ese dinero a las arcas de la Cajubi nuevamente.
El 15 y 16 de diciembre del año 2009, la Cajubi resolvió, “con relación a las inversiones en el exterior, específicamente en Canadá, en el producto financiero denominado First Canadian Int, migrar a efectivo el equivalente a CAN $ 1.100.000.000 de los Productos FSC-IMA 01941 y FSC IMA-01906.
El 18 de marzo del año 2010, Tomás Rafael González Mir, vicepresidente; Félix Juan B. Villamayor Cabaglio Bejarano Filippi, consejero; César Amílcar Bejarano Filippi, consejero; y Walter Elías Delgado Añazco, consejero, solicitaron a los directores y oficiales del First Canadian International la migración a efectivo de CAN$ 1.100.000 al número de cuenta 0304.3913 a nombre de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de Itaipú Binacional, Banque Julies Baer & Cie. SA ubicado en Génova.
La transacción fue realizada por parte de la empresa First Canadian International, en la persona de Eduardo García Obregón y la Cajubi. El contrato establecía textualmente que, “el asesor de inversión tendrá total discreción y autoridad para invertir, reinvertir y administrar la cuenta de acuerdo con lo métodos y estrategias del asesor de inversión”.
El 25 de junio del 2010, Ligia Ponciano, quien era el nexo de comunicación entre Cajubi y First Canadian International, comunicó que de los excedentes de la liquidación de la inversión quedó un excedente en efectivo de aproximadamente CAN$ 75.000.
El economista Adriano Cristaldo, anteriormente jefe de la División de Inversiones financieras de la Cajubi, solicitó mayores informaciones respecto de la empresa ASG y las liquidaciones efectuadas.
Como respuesta, el 16 de julio del año 2010 recibió un email de parte de la Ponciano, en el cual se detallaba que el total de 1.100.000 CAN$ fueron enviados a la cuenta de la Cajubi en el Banque Julies Baer & Cie, en cinco envíos diferentes. Finalmente, del total fueron recuperados CAN$ 1.288.957.
Que, según la nota I/DV.INV/055/2010 enviada en fecha 8 de julio del año 2010, por el economista Adriano Cristaldo a Víctor Benítez, quien era el jefe del Departamento Financiero, el total de 1.100.000 CAN$ fueron enviados a la cuenta de la Cajubi en el Banque Julies Baer & Cie, en cinco operaciones diferentes.
Finalmente, de acuerdo con el informe remitido por Nota E/PR/0237/2013 de fecha 6 de junio de 2013, por los representantes de la Cajubi, en el marco de la causa de investigación fiscal 42/2012 ‘Víctor Daniel Bogado Núñez y Otros s/lesión de confianza’, de todas las sumas de dinero remitidas en el marco de las inversiones descriptas, solamente se recuperó el monto de 1.288.957 de dólares canadienses.
Habiéndose registrado, supuestamente, en principio y siempre de acuerdo a las documentaciones obrantes en la investigación, un perjuicio patrimonial a la Cajubi de CAN$ 7.711.043”, concluye la imputación penal.
Medidas alternativas
El fiscal Martín Cabrera solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para todos los imputados. Peticiona prestación de fianza real adecuada, obligación de presentarse ante el juzgado los primeros días de cada mes y prohibición de salir del país.
Los exdirectivos de la Cajubi ya están procesados por cinco casos de “operaciones de alto rendimiento”, a través de la cual causaron serios perjuicios a la institución. La Fiscalía habla de más de US$ 40 millones, en tanto que la querella, de unos US$ 70 millones.
El 8 de octubre del año pasado, el juez penal de garantías, Hugo Sosa Pasmor, elevó a juicio oral y público el proceso contra trece exdirectivos de la Caja de Jubilados, acusados por el perjuicio causado en cuatro colocaciones de alto rendimiento en el exterior.
griselda@abc.com.py