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La acusación y pedido de elevación a juicio oral y público fue presentada ante la jueza Griselda Caballero, por los fiscales Teresa De Jesús Rojas de Jara, Marlene Concepción González de Ovelar, Clara Elizabeth Ruiz Díaz Parris y Hernán Ricardo Galeano Bogado. El escrito se entregó el martes de noche.
Un día antes de la presentación de la acusación, es decir, hace exactamente una semana, el mismo Florentín concedió una entrevista exclusiva a ABC TV en su lugar de reclusión, el cuartel de la Agrupación Especializada, y contó su versión de lo que ocurrió en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pero que en algunas partes fue un tanto contradictoria.
Comisario principal Amado Cantero
Entre otras cosas, Florentín dijo a ABC TV que él y sus camaradas no sabían que estaban frente a la sede del PLRA, pero después aseguró que el comisario principal Amado Cantero fue el que ordenó que se ingresara al local partidario.
Cantero era en ese entonces jefe de la comisaría 3ª Metropolitana, cuya jurisdicción abarca el microcentro de Asunción.
Con relación a este punto, efectivamente, varias cámaras de seguridad grabaron a Amado Cantero comandando sobre la calle Iturbe el grupo policial que atacaría el PLRA. Pero otras imágenes revelaron que el comisario principal nunca llegó hasta el local partidario, sino que se detuvo dos cuadras antes y que regresó solo hacia el edificio de ABC Color.
No fue un ataque planeado
Volviendo a la acusación presentada por la Fiscalía, se entiende que los investigadores concluyeron que el asalto de la Policía a la sede del PLRA no fue planeado previamente, como el principal partido de oposición intentó instalar, sino que se produjo después de que Gustavo Florentín, “en compañía de otros agentes policiales, ingresó a la sede del PLRA en persecución de un grupo de personas que anteriormente estuvo realizando hechos violentos en las inmediaciones del diario ABC Color y que ingresaron a la sede partidaria”.
En este sentido, es importante señalar que la Fiscalía reconoce que ese grupo de policías que perseguía a los vándalos desde el edificio de ABC Color también estaba siendo atacado con piedras, bombas, botellas y varios otros elementos contundentes, por lo que hasta para el Ministerio Público era legítimo el procedimiento de ingreso al PLRA en procura de detener a esas personas.
Uso excesivo de la fuerza
Ahora bien, los fiscales de la causa argumentaron en su acusación que Florentín cometió excesos en el uso de la fuerza pública, ya que como un agente entrenado sabía que la escopeta que portaba podría ser letal en caso de ser disparada a corta distancia, incluso si estaba cargada solo con balines de goma.
Florentín desde un principio sostuvo que no sabía que su escopeta tenía cartuchos letales.
Entonces, resulta coherente la teoría de la Fiscalía, en este punto. Si fue Florentín el que disparó, como se cree, efectivamente hubo una negligencia fatal, ya que las personas que estaban aglomeradas en el pasillo del PLRA no representaban una amenaza cierta para los uniformados que pretendían entrar el edificio.
Como agravante, está el hecho de que, además de Rodrigo Quintana, pudieron haber muerto más personas, ya que cualquiera podría haber sido alcanzada por los balines de la escopeta.
Presupuestos establecidos en el Código Penal
Justamente, es por esta acción específica que el crimen de Rodrigo Quintana, a manos supuestamente del policía Gustavo Florentín, fue juzgado bajo los presupuestos del artículo 105 del Código Penal, utilizando el inciso 2 y el numeral 2 de la misma norma.
El artículo 105 es el que castiga el homicidio doloso, cuya expectativa de pena ordinaria va de entre 5 a 15 años de cárcel.
Sin embargo, el inciso 2 habla de que la pena podrá ser aumentada hasta 25 años y el numeral 2 lo justifica al referir que con su acción pusiera en peligro inmediato la vida de terceros.
Otros principales imputados
Por el mismo caso, pero bajo figuras jurídicas distintas, están imputados otros policías.
Uno de ellos es el suboficial primero Arnaldo Andrés Báez, quien era personal de la comisaría 1ª Metropolitana pero que estaba como refuerzo del grupo operativo que atacó el PLRA.
Báez está procesado por coacción, ya que fue el segundo en entrar al PLRA, después de Florentín, y amenazó a los activistas que estaban rendidos en el suelo. El agente, minutos después, sería desarmado y tomado de rehén por los liberales.
Otro imputado es el oficial inspector Guido Armando Amarilla Vera, por tentativa de homicidio doloso.
Este es el agente de la Agrupación Especializada que disparó con una escopeta (cagada con balines de goma) dentro de un baño en el que estaban escondidos dirigentes del PLRA y algunos de los vándalos que venían corriendo de la Policía.
Otro de los procesados es el comisario principal Tomás Ramón Paredes Palma, quien era subjefe del departamento de Investigación de Delitos.
El oficial superior está imputado por inducción a un subordinado a cometer un hecho punible.
Esta figura tiene que ver con que la Fiscalía entiende que, como el policía más antiguo en ese momento, Paredes Palma era el responsable de las acciones del oficial Guido Amarilla, pese a que este no estaba directamente a su cargo, ya que eran de unidades distintas, pero participaron del mismo procedimiento.
El grupo de Paredes Palma llegó 50 segundos después de que mataran a Rodrigo Quintana.
Legítimo
La Fiscalía reconoce que hasta el momento en que la Policía irrumpió en la sede del Partido Liberal Radical Auténtica (PLRA), en la madrugada del 1 de abril de 2017, el procedimiento era legítimo, ya que los agentes estaban en persecución de un grupo de vándalos que atacó previamente el edificio del diario ABC Color. Incluso, el Ministerio Público resalta que los agentes fueron atacados también.
Innecesario
Así como reconoce que era legítimo entrar al PLRA en busca de los vándalos que atacaron ABC Color, la Fiscalía también considera innecesario el hecho de que la Policía haya empezado a disparar contra las personas que estaban aglomeradas en el pasillo de la sede partidaria. Esta acción pudo haber causado más muertes, no solo la de Rodrigo Quintana, porque los cartuchos de escopeta pueden hacer mucho daño a corta distancia.
Nunca debió haber salido
El suboficial ayudante Gustavo Florentín, ahora acusado por la Fiscalía por homicidio doloso agravado, nunca debió haber salid de su unidad, la Agrupación de Seguridad, que coincidentemente funciona en la Comandancia de la Policía.
Resulta que Florentín debía guardar arresto domiciliario, por una causa de violencia doméstica.
Comisario principal Julio Melgarejo
A partir de este punto se configura una cadena de eventos que, si no sucedían, tal vez no derivarían en el trágico escenario en el PLRA.
Por ejemplo, la Fiscalía nunca procesó al comisario principal Julio Melgarejo, en ese entonces jefe de la Agrupación de Seguridad y responsable de hacer cumplir el arresto de Florentín, ordenado por un Juzgado.
Entonces, el primer responsable de que Florentín estuviera en las calles fue Melgarejo.
Comisario general Enrique Isasi
En la entrevista exclusiva con ABC TV, Gustavo Florentín contó que, luego de que se acabaran las municiones durante los disturbios en el centro, retiró personalmente más cartuchos para su escopeta de manos del comisario general Enrique Isasi, quien era director de Apoyo Táctico, que a su vez es la instancia superior directa de la cual depende la Agrupación de Seguridad.
Entonces, Isasi, como jefe de Melgarejo, tampoco debería haber permitido que Florentín siguiera en la calle, aunque en este caso hay que decir que el propio suboficial dijo que Isasi no sabía de su situación procesal.
Comisario general Críspulo Sotelo
Obviamente, como comandante de la Policía, el comisario general Críspulo Sotelo, en ese momento, era el responsable directo por todas las acciones ejercidas por los miembros de su institución. ¿Cómo terminó? Simplemente destituido.
Si se demuestra la culpabilidad de Florentín, también se debería investigar o deslindar responsabilidades de otros tantos policías.
ileguizamon@abc.com.py