No hay castigo para los fiscales y jueces “magnates”

A dos años de las promesas hechas por representantes del Ministerio Público para investigar y castigar a fiscales y jueces “magnates” de Ciudad del Este, que se dedicaban a liberar y declarar inocentes a narcotraficantes, ladrones públicos, contrabandistas y forajidos de cualquier laya, ninguno de los denunciados fueron castigados. Así lo indican informes y evidencias recabadas de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), dependiente de la Fiscalía General del Estado.

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Entre los años 2011 y 2012, miembros y representantes del Colegio de Abogados del Alto Paraná (CAP) promovieron una serie de denuncias contra jueces y fiscales de Ciudad del Este por presunto enriquecimiento ilícito, mal desempeño de funciones y otros supuestos graves hechos de corrupción.

Las denuncias fueron hechas en forma pública y hasta llegaron a promoverse acciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Los denunciados fueron los jueces Wilfrido Velázquez, Cantalicio Ávalos, Trinidad Colmán, Norma Gamarra, así como varios fiscales.

De acuerdo a las acciones presentadas, los denunciados se especializaban en liberar a narcotraficantes, contrabandistas, asaltantes, ladrones de robos gigantes y a protagonistas de hechos delictivos diversos que merecían seguir tras las rejas por ser considerados sujetos peligrosos, de acuerdo a sus antecedentes e historiales delictivos.

Las denuncias, que tomaron estado público, sirvieron para que ministros de la Corte Suprema de Justicia no dudaran en expresar su repudio a los hechos anunciando “inmediatas” investigaciones, sumarios y castigos para los corruptos.

Las denuncias públicas y formales eran acompañadas por imágenes o fotografías de mansiones de los fiscales y jueces sindicados de haber cometido hechos irregulares.

Según los denunciantes, miembros del Colegio de Abogados del Alto Paraná, las fotografías se presentaban para demostrar como viven los fiscales y jueces.

Además de fotografías de las mansiones, tipo castillo, de Velázquez, Avalos, Colmán y Gamarra, las imágenes también pertenecían a cinematográficas viviendas de las fiscalas Arminda Rivas de Monges, Liz Carolina Alfonso, Nilda Cáceres y Fátima Burró.

Pasaron las semanas, meses, se cumplieron dos años de aquellas denuncias y a la fecha siguen sin castigos los denunciados por graves los graves hechos.

Funcionarios del Ministerio Público echan la culpa a esa situación a informes y diligencias que siguen sin hacer, enviar o revelar la Controlaría General de la República.

Trinidad fue sindicado como cabecilla

Uno de los denunciados que no recibió sanción ni castigo alguno es el ahora exjuez Manuel Trinidad Colmán, quien fue sindicado como el cabecilla de una verdadera “banda” de magistrados que realizaba cobros irregulares por resoluciones y sentencias.

De acuerdo a las denuncias públicas realizadas en su momento, Trinidad Colmán era una especie de presunto “capitán de la coima” con supuestas conexiones en el submundo del narcotráfico y presuntos gremios de sicarios de frontera.

Según abogados de la capital del Alto Paraná, Trinidad Colmán actuaba como un “padrino” que decidía sobre los montos de las coimas que debían pagar los procesados millonarios.

Trinidad Colmán está casado con la fiscala penal de Ciudad del Este Natalia Montanía, con quien vive en una mansión, cuya fotografía ilustra este artículo.

La misma está totalmente refaccionada y valuada en unos US$ 360.000, lo que al cambio actual serían unos G. 1.598.400.000. Como juez penal de garantías, Trinidad Colmán gana G. 14.943.750 al mes y necesitaría al menos 106 salarios para comprarla.

El entonces magistrado de Ciudad del Este Manuel Trinidad Colmán había renunciado al cargo en julio del 2013 tras ser advertido de que sería destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El renunciante dejó su cargo después de que sus protectores, que tenía en la Corte Suprema, le retiraran su respaldo.

El caso está trabado en la fiscalía.

Dueños de mansiones cinematográficas

Los exmagistrados Cantalicio Ávalos y Wilfrido Velázquez son otros de los denunciados que hasta la fecha siguen sin recibir sanciones al tiempo que en el Ministerio Público ni siquiera existe algún proyecto de diligencia para promover acciones por enriquecimiento ilícito, según informaron el viernes último funcionarios de la Fiscalía General del Estado.

Los antecedentes de la denuncia contra Wilfrido Velázquez están a cargo del fiscal Luis Piñánez, mientras que el de Cantalicio Ávalos está bajo la lupa del fiscal René Fernández, según los datos proporcionado por las fuentes.

Los denunciantes dijeron que Cantalicio Ávalos era otro de los magistrados que se dedicaba a percibir coimas millonarias por decretar la libertad de maleantes o liberar cargas de contrabando. También es poseedor de mansiones principescas, unas de ellas que puede apreciarse en la fotografía de abajo.

Wilfrido Velázquez era otro colega de Cantalicio Ávalos y figura como dueño de una mansión  valuada en 850.000 dólares (alrededor de G. 3.774 millones), situada en el exclusivo parque cerrado del Paraná Country Club, según las denuncias.

Estas agregan que para comprarse ese complejo habitacional, WilfridoVelázquez necesitaba ganar alrededor de 247 salarios, teniendo en cuenta que su sueldo de juez era de G. 15.243.750.

No le aplicaron sanción por la denuncia

La exjueza penal de Garantía Norma Gamarra también fue otra de las denunciadas que en los últimos dos años no recibió sanción alguna por las denuncias de corrupción formuladas en su contra.

Sin embargo, el pasado 7 de abril último fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño de funciones en el expediente del proceso caratulado “Cecilio Vera Cabrera contra Elva Eugenia Caballero Miranda sobre hecho punible contra el medio ambiente”.

En su denuncia contra fiscales y jueces del Este, los integrantes del gremio de abogados del Alto Paraná (CAAP) habían señalado que Norma Gamarra formaba parte de una estructura que favorecía a los narcotraficantes.

En otra de las denuncias, los accionantes dijeron que el 14 de noviembre del 2014 Norma Gamarra dictó una resolución de “procedimiento abreviado” en un proceso por narcotráfico.

Tras dictar la resolución a favor del narco, concedió la “suspensión condicional” al procesado, indicó la denuncia.

La entonces magistrada también fue denunciada por enriquecimiento ilícito con fotografías sobre la mansión que posee, valorada en millones de guaraníes.

Según el abogado Mauro Barreto, Gamarra era integrante de una estructura de malos manejos de la justicia, al igual que los fiscales que fueron denunciados.

eruizdiaz@abc.com.py

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