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Se menciona un informe del MOPC, también que la coordinación de Pra Tierras remite un memo al Focen sobre la finca de Limpio. Se ha mencionado que la SAS pretendía no solo regularizar los asentamientos de sin techos, sino que quería adquirir otras propiedades”, manifestaron las fiscales al solicitar el rechazo del sobreseimiento definitivo de Lezcano.
“La base de la acusación señala que de todas maneras las 3 fincas adquiridas no sirven para esa finalidad. Ni con ese argumento se podrían haber comprado estas tierras. Referente a lo manifestado respecto a las funciones de Lezcano, se debe revisar su contrato ofrecido como prueba, en el cual se expresa cuáles eran sus obligaciones. De la constancia de la carpeta fiscal surge que la coordinación a su cargo tenía topógrafos y que también le tocaba verificar lo referente a los bienes del programa. Referente a la finca de Itacurubí, es verdad que se hablaba de cinco fincas, y el Ministerio Público ha acusado por una y ha encontrado que el objeto de esta acusación es 100% rivera de arroyo. Ratificamos aquí porque tenemos los fundamentos para ello. Con relación a la finca de Luque, de la que no se tiene certeza de que es un área de protección ambiental, tenemos un decreto del Poder Ejecutivo que la declara zona de protección ambiental. Se ha hecho mención de que el señor Lezcano no realizaba un control formal de verificación de los papeles, pero es un control formal, a él le tocaba una verificación in situ para ver las condiciones de las tierras a ser adquiridas”, agregaron las agentes.