Cargando...
Los casos están distribuidos en la unidad Antisecuestro del Ministerio Público, con los fiscales Sandra Quiñónez, Rogelio Ortúzar y Federico Delfino, quienes tuvieron la difícil misión de buscar la solución jurídica a causas en donde están procesados menores inimputables.
Llamadas
Casos a los que accedió ABC Color demuestran la facilidad con que niños acceden a teléfonos celulares, sin el control de una persona adulta, para realizar las peligrosas amenazas de bombas, quizás influenciados por las noticias de acciones del EPP.
En casi todos los casos, los menores llamaron al sistema 911 y amenazaron con bombas a ciertas entidades, entre ellas medios de prensa.
“Peñatende pue la pende teléfonore amigo… ore EPP hína, pemanombáta”, dijo en idioma guaraní un niño de 11 años al 911. En castellano quiere decir: “Atiendan su teléfono, amigo, somos del EPP, van a morir todos”.
Esta llamada sucedió el 11 de noviembre pasado, desde el asentamiento Núcleo 7 de Arroyito, de la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, justamente una zona considerada de influencia por la presencia del EPP.
Policías de Antisecuestro investigaron el caso y llegaron hasta una humilde vivienda de la zona, donde la mamá del menor –sorprendida– se enteró de lo que hizo su hijo.
“Yo marqué el número del sistema 911, pero el que habló fue mi hermano… de 9 años de edad, lo hicimos de broma, asistimos a la escuela… estoy en el 5º grado, yo solamente sé sobre el grupo EPP por el noticiero, que ellos viven en el monte y matan gente”, declaró ante la fiscala Sandra Quiñónez.
Otro caso tuvo ribetes de arrepentimiento por parte del menor, quien asustado por todo lo que estaba ocurriendo, lloró durante la declaración en el Ministerio Público Antisecuestro.
El niño de 12 años llamó al 911 el 9 de octubre pasado en horas de la siesta y dijo: “Vamos a volver a atacar la radio Guyrá Campana”, medio de prensa que justamente había sido atacada por “soldados” del EPP.
Durante su declaración, el menor admitió que hizo la llamada a escondidas de su madre, desde un teléfono 098X. Refirió que lo hizo, porque vio en las noticias que la radio Guyrá Campana fue atacada. Finalmente indicó que se arrepintió.
Esta llamada al 911 se realizó desde la ciudad de Colonia Independencia, departamento de Guairá.
Un tercer caso ocurrió el 23 de julio de 2012, cuando un anónimo llamó al 911 y advirtió que había una bomba en el local del Canal 9 “Sistema Nacional de Televisión” ubicado en el barrio Sajonia de Asunción.
Policías verificaron el medio de prensa y no hallaron absolutamente nada que pueda apeligrar las instalaciones. Una vez más la Policía Antisecuestro indagó sobre la llamada y llegó hasta una vivienda ubicada en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay e identificaron a un niño de 12 años, como responsable del hecho.
En todos los casos los fiscales pidieron a los respectivos juzgados el archivamiento de las causas debido a que son menores inimputables.
Pidieron a los jueces de Garantías, que remitan los antecedentes a los juzgados de la Niñez y Adolescencia, para la aplicación de medidas correctivas.
También notificaron a la Consejería de la Niñez (Codeni), local de cada uno de los municipios en los cuales residen los niños que fueron investigados.
Todos los casos fueron archivados por el Ministerio Público, aunque quedó la enseñanza para los otros menores.
Por divertirse, una joven mintió al sistema 911
A diferencia de las amenazas de bombas mencionadas, hubo un caso que si bien se reportó al 911, fue distinto a las otras causas.
Se trató del caso de una menor que alertó al 911 que era víctima de un secuestro por parte de una banda criminal.
Esta llamada se realizó el 18 de julio de 2012, aproximadamente a las 18:12. La menor se identificó como Zoraida Beatriz, quien dijo: “ajesecuestra y estoy llamando de la colonia Carmelo Peralta, tengo 18 años”.
Minutos después, el 911 recibió nuevamente una llamada del mismo número, pero esta vez la denunciante dijo que un señor le estaba secuestrando y que no sabe dónde se encuentra.
La Policía rastreó las llamadas y comprobó que fue una broma. La responsable, mayor de edad, fue procesada por la fiscala Quiñónez.
Acusado alega que alcohol le jugó una mala pasada
Un caso llamativo que protagonizó una persona mayor tuvo ribetes hasta casi tragicómicos. Supuestamente por estar ebrio, un joven llamó al 911 y anunció secuestro. La Policía indagó y comprobó que era una broma.
El protagonista –cuyo nombre reservamos– en agosto del año pasado llamó al sistema de emergencia policial 911. Avisó que estaba sobre Sacramento y Santísima Trinidad, de Asunción, donde tenía secuestrado al hijo de su patrón que no le pagaba el salario.
Los agentes del 911, presurosos comunicaron a la comisaría 12 metropolitana y a la Policía Antisecuestro. Los uniformados montaron un procedimiento y llegaron hasta Sacramento y Santísima Trinidad, pero no encontraron a nadie.
Los policías hicieron intensos rastrillajes en la zona del barrio Trinidad, pero tampoco obtuvieron resultado positivo alguno; ninguna denuncia de desaparición o secuestro, las comisarías no registraban novedades.
Tampoco hubo más comunicación de la misma persona, ni mucho menos nadie denunció secuestro alguno ya sea en la fiscalía o Policía. Al final se concluyó que fue una denuncia falsa o broma.
Gracias a que el número de teléfono quedó registrado en el sistema informático del 911, Antisecuestro de la Policía hizo un seguimiento y meses después llegó al titular de la línea, quien para su sorpresa se vio descubierto.
La grabación de la voz de la llamada y la ubicación del teléfono, mediante las celdas de la antena, comprometen al supuesto responsable, quien espera una audiencia preliminar en la causa.
Las celdas ubican al teléfono en el barrio Trinidad, en el lugar desde donde supuestamente se hizo la denuncia falsa.
El sospechoso declaró en su defensa ante el fiscal Federico Delfino, que la llamada al 911 lo hizo estando ebrio y que no se dio cuenta de lo que pasó.
El procesado tiene la alternativa de admitir el hecho y acogerse a dos salidas procesales, con la venia del Ministerio Público.
La figura del procedimiento abreviado o de la suspensión condicional de la condena pueden ser las alternativas a ser aplicadas al acusado.
Caso contrario, si las circunstancias lo ameritan, puede afrontar un juicio oral y público en la causa, donde se expone a un máximo de tres años de cárcel o multa, por el delito de simulación de un hecho punible.
La decisión final la tendrá el juez que tenga a cargo la audiencia preliminar.
El “fantasma” del grupo EPP
En algunos de los casos de amenazas de bombas, los niños se vieron influenciados por las acciones del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), para realizar las llamadas de amenazas.
El EPP es un grupo criminal que supuestamente tiene como base la ideología de la izquierda y que se muestra a favor de los pobres.
No tienen representación política, pero cometieron una serie de homicidios, secuestros, ataques, atentados y quema de tractores.
Sus principales víctimas fueron ganaderos de la zona del norte de Paraguay, específicamente el departamento de Concepción.
También tienen entre sus víctimas fatales a miembros de la Policía Nacional, casi todos ellos de origen campesino y humilde.
Los líderes del EPP son Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres y Magna María Meza.
También son supuestos integrantes del EPP, el joven Bernardo Bernal “Coco” maíz, su hermano Antonio Bernal Maíz, Alejandro Ramos, Lourdes Ramírez de Ramos, Isax Burgos, Liliana Villalba, Vidalina Cardozo y otros que aún no fueron identificados por la Policía Nacional.
Sus acciones fueron sangrientas, como por ejemplo el asesinato de Eusebia Maíz, quien fue ejecutada y su rostro destrozado por un explosivo. El supuesto autor de este crimen es su sobrino Bernardo Bernal.
También atacaron la radio Guyrá Campana, de Horqueta. Los “milicianos” del grupo criminal quemaron parte de las instalaciones y dañaron a costosos equipos del medio de prensa.
Las acciones del EPP tienen amplia repercusión en la prensa, por ser un problema que se arrastra prácticamente desde inicios de la década pasada.
Supuestamente se esconden en el monte, vistiendo uniformes camuflados, similares al de los militares.
Tienen armas de fuego potentes y explosivos; también tienen un entrenamiento casi militar, lo que los vuelve hábiles en su territorio.
El último secuestro que perpetró el EPP, del cual tuvo como víctima al ganadero Fidel Zavala, dejó la millonaria “ganancia” de US$ 550.000.
El presidente de Paraguay, Federico Franco, se comprometió en su momento a tratar de acabar o desmantelar esta gavilla criminal, pero hasta el momento solo cayeron algunos que son considerados por el Ministerio Público como miembros del “grupo logístico”.
Las penas para este tipo de hechos
El castigo a los niños que realizaron las llamadas de amenazas de bomba es imposible, debido a que son inimputables. En caso de que sean mayores de edad, se exponen a un castigo máximo de cinco años de cárcel, según explicó el fiscal Federico Delfino.
“Algunos son mitã’i, que por un descuido de sus padres lo hacen (las llamadas) y luego se arrepienten”, explicó el representante del Ministerio Público.
El agente recordó que a partir de octubre pasado está en vigencia la ley de emergencias policiales, donde se establece una pena máxima de cinco años de cárcel.
Refirió que antes de octubre la fiscalía imputaba por simulación de un hecho punible, coacción o denuncia falsa.
Con la nueva ley los delitos aumentaron de años de castigo, como por ejemplo la denuncia falsa, que puede llegar hasta un máximo de cinco años de cárcel.
La coacción y la simulación tiene un máximo de tres años de cárcel o condena, siempre dependiendo de la gravedad del hecho.
vcaceres@abc.com.py