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Este dato fue confirmado por fuentes de inteligencia de la Policía, quienes aseguraron que la aparición de “Justicieros de la Frontera” se dio después de que los organismos de seguridad asestaran importantes perjuicios a los productores de “macoña” instalados en zonas donde los integrantes del EPP, a su vez, atentaron contra objetivos civiles o uniformados.
La presencia de células del EPP en el departamento de San Pedro es muy nociva para los productores de la marihuana, ya que detrás de los criminales vienen todos los organismos de seguridad, como la Policía y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que también incluye miembros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), señalaron las fuentes.
El despliegue de los uniformados significa mayor control, destrucción de cientos de hectáreas de cultivos de la droga y confiscaciones de grandes cargamentos de “macoña” procesada. Es decir, pérdidas en todos los sentidos para los narcos.
Precisamente, el asesinato a sangre fría de cinco agentes policiales en menos de una semana en el límite entre los departamentos de San Pedro y Amambay generó una reacción de la Policía que acabó con la destrucción de 112 hectáreas de cultivos de la droga y el decomiso de 13.057 kilos del estupefaciente procesado. Estas operaciones específicas causaron un perjuicio de G. 35.181.200.000 para el mercado local, según las estimaciones.
La molestia de los narcos contra el EPP se agrava al considerar que dicha suma se triplicaría y hasta se cuadruplicaría en caso de que la mercancía destruida hubiese llegado a los mercados brasileño y chileno, por ejemplo.
Cristaldo Mieres
Tras la conclusión de este megaoperativo policial, que fue encabezado por agentes del departamento Antinarcóticos de la Policía, comenzaron nuevamente las actividades del grupo autodenominado “Justicieros de la Frontera”, que ya se había atribuido decenas de ejecuciones y mutilaciones de criminales reincidentes, entre Amambay y Alto Paraná.
El último objetivo del grupo fue el taller de motos de los hermanos de Manuel Cristaldo Mieres (32), “subcomandante” del EPP, perpetrado en la zona de Correa Rugua, San Pedro de Ycuamandyyú.
Los miembros de este grupo armado acribillaron el taller y luego le prendieron fuego.
Después, fue hallada en la escena un panfleto en el que la gavilla se atribuía el hecho y advertía que se cobrarían “ojo por ojo y diente por diente” cada ataque del EPP contra gente inocente.
El ministro de la Senad, Luis Rojas, aseguró semanas atrás que también maneja informaciones de que el grupo de paramilitares autodenominado “Justicieros de la Frontera” sería en realidad una banda de sicarios contratados por los narcotraficantes para tratar de ahuyentar de la zona de San Pedro a las células del EPP.
A raíz de la situación actual, los organismos de seguridad reforzaron la presencia de uniformados en la zona para evitar que el nuevo grupo armado pueda volver a atentar contra otros allegados de los integrantes del EPP que todavía permanecen en San Pedro, señalaron.
Por otro lado la destrucción de casi toda la producción de marihuana de la presente temporada generó una verdadera crisis económica en San Pedro, lo que obligó a los productores a realizar una insólita manifestación en repudio contra las operaciones policiales encabezadas en la zona por el jefe del departamento Antinarcóticos, comisario principal Juan Fernández.
A causa de la total ausencia del Estado en estas zonas, los agricultores directamente dejaron de cultivar los productos de subsistencia y se dedicaron a la producción de la droga, que en realidad es las más rentable.
Uno de los manifestantes denunció públicamente que la mandioca era comercializada en la zona a G. 70 el kilo, mientras que dos hectáreas de marihuana deja una ganancia superior a los G. 60.000.000 por zafra y esta droga se puede cultivar y cosechar dos veces al año, aseguró.
brlopez@abc.com.py