Periodistas, bailarinas y hasta futbolistas de clubes de fútbol apadrinados por parlamentarios, entre ellos Juan Carlos “Calé” Galaverna, estaban en la mira del Ministerio Público.
El mediático proceso vislumbraba tiempos de cambios, pero la circunstancia de que se contrataron 17.000 funcionarios en TSJE y solo 12 enfrentaron procesos por cobros indebido de honorarios y estafa, demostró lo contrario.
A esto se suma que de esos 12 imputados, ocho reconocieron que fueron planilleros y se sujetaron a la figura de la suspensión condicional del procedimiento a prueba, que implica la aceptación del delito, sujetarse a reglas de conductas, devolver parte de lo defraudado, pero no acarrea el antecedente penal en la “foja”. La expectativa de pena era de dos años o multa.
La fiscala Irma Llano procesó a una sola persona. Se trata de Silvia Diana Trinidad Velázquez, empleada de la firma privada Manpower Paraguay SRL, y que al mismo tiempo contaba con un legajo en la Dirección de Recursos Humanos del TSJE. Es más, se encontró inclusive una nota suscrita por la presidenta del Partido Colorado, Lilian Samaniego, solicitando el comisionamiento de la funcionaria a prestar servicios en la Junta de Gobierno de la ANR. También, se encontraron planillas de asistencia de entrada (7:00) y salida (15:00) suscritas por la mencionada.
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La mujer se desligó de su proceso con donaciones mensuales de G. 500.000, por el plazo de un año a la Fundación “Martín Rogelio Cabrera”.
Por su parte, la fiscala Liliana Alcaraz se allanó a una suspensión condicional a favor de Alicia Jara Valdovinos, quien cumplía funciones en una empresa privada en el mismo período en que fue contratada en el TSJE (dos meses). La suspendida tuvo que devolver los salarios percibidos (cuyos montos no trascendieron) y realizar donaciones mensuales de G. 100.000, por un año, a una entidad de beneficencia.
Carlos Giménez, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, decidió imputar a cuatro personas por estafa en agosto pasado. El proceso se encuentra en curso.
El agente dijo que José Gaspar Gómez Fleytas prestó funciones en el TSJE desde diciembre del año 2009 hasta julio del año 2010, percibiendo en concepto de remuneración o sueldo la suma G. 2.000.000 y al mismo tiempo prestaba funciones en la empresa JBB SRL, en donde prestó servicios desde el 5 abril de 2010 hasta el 28 de octubre de 2010, en horario completo. En total, habría estafado G. 14.000.000.
Tomás Franco Caballero prestó servicios en el TSJE desde el mes de julio del año 2010 hasta 31 de diciembre del 2012, percibiendo en concepto de remuneración de G. 1.340.00 y al mismo tiempo que prestaba servicios en la empresa La Suiza SRL, carpintería mecánica. En total habría estafado la suma de G. 12.060.000.
Víctor Gustavo Orué Rodríguez habría prestado servicios en el TSJE en calidad de contratado desde el 1 de enero 2007 hasta diciembre del 2011, en horario de 07:00 a 13:00, percibiendo en concepto de remuneración o sueldo la suma de G. 1.000.000, al mismo tiempo prestó servicios en la empresa Sueñolar.
Mauricio Leguizamón Riquelme habría prestado servicios en TSJE en calidad de contratado desde abril del 2009 hasta setiembre del 2010, en horario de 07:00 a 13:00 de lunes a viernes. El hombre percibió en concepto de remuneración o sueldo la suma de guaraníes 900.000 y al mismo tiempo habría prestado servicios en AGB Constructora, por lo que existen indicios de que celebró los contratos simultáneamente.
Aceptaron cobros indebidos
Los seis funcionarios “fantasmas” del Tribunal Superior de Justicia Electoral que fueron procesados por el fiscal René Fernández lograron una suspensión condicional del procedimiento a prueba con el juez Pedro Mayor Martínez, el viernes último.
Cuatro personas fueron imputadas por el hecho punible de cobro indebido de honorarios: A Domingo Alberto Olmedo Alvarenga, que en total cobró indebidamente en concepto de salarios G. 25.075.000, se le impuso la devolución de todo el monto al TSJE, en 24 cuotas, más suspensión condicional por dos años.
Rosa Alfonso Vázquez aceptó que cobró G. 20.850.000 indebidamente, y, se le decretó la devolución de solo G. 7.250.000 en 36 cuotas de G. 202.000, más tres años de suspensión condicional y 150 días de trabajo comunitario.
Mirtha Aidée Gamarra Sosa reconoció que percibió irregularmente G. 10.625.000. Solo devolvió G. 5.000.000 en 24 cuotas de G. 208.400, a lo que sumará 98 días de trabajo comunitario y suspensión condicional por dos años.
Pedro Arnaldo Peralta Aguilar cobró indebidamente G. 5.625.000, devolvió el monto total con antelación, y se le impusieron reglas de conductas y un año de suspensión condicional.
Por su parte, otras dos personas más fueron procesadas por el delito de estafa. Se trata de Ovidio Javier Ortiz Esquivel, sentenciado a reparar el daño con la devolución de G. 23.250.000 en un solo pago, suma correspondiente a la percepción de los salarios indebidos, y un año de suspensión condicional, y Jorge Gamarra Ayala cobró irregularmente 13.734.964, pero devolvió al TSJE G. 8.400.000 en 24 cuotas de G. 350.000. A esto se agregan 64 días de trabajo comunitario y dos años de suspensión condicional.
El primer caso, la secretaria
La primera procesada por cobro de sueldos de funcionarios “fantasmas” del TSJE fue Alelí Monserrat Silva Cuevas, secretaria del senador Óscar González Daher, que fue sobreseída definitivamente en un criticado fallo por el juez Hugo Sosa Pasmor. La mencionada habría cobrado más de G. 218 millones de planilleros.
Pese a todas estas pruebas del festín con dinero público en TSJE, la bicameral le sumó los 186.000 millones de guaraníes al proyecto de presupuesto de 592.579 millones de guaraníes (US$ 133 millones) del Ejecutivo, y el total asciende a 778.579 millones de guaraníes.
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