Cargando...
En el año 2009 el Ministerio de Educación y Culto (MEC) decidió la compra de un edificio ubicado en 15 de Agosto y Benjamín Constant, en pleno centro de Asunción. El inmueble fue valuado en G. 14.000 millones y se adquirió por la vía de la excepción y no de la licitación. Eso llamó la atención y tras una investigación se constató que el precio se sobrevaluó. Los estudios demostraron que el precio del edificio era solo de G. 12.500 millones.
Por esta razón el 18 de marzo de 2014, luego de más de cinco años de investigación la fiscalía imputó a Luis Alberto Riart, exministro; Luis Fretes, José López Pistilli y Marco Ferreira Basualdo, excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones, exdirector de Administración y Finanzas y exasesor jurídico del MEC, respectivamente, por lesión de confianza.
Desde entonces, los operadores de justicia fueron superando uno a uno las chicanas que los imputados iban interponiendo, para no llegar a juicio.
Tres veces se suspendió la realización de la audiencia preliminar, hasta que en el 2015 la jueza Patricia González decidió elevar el caso a la etapa oral y pública, para que se decida la culpabilidad o no de los acusados. Se conformó el tribunal de sentencia, integrado por las juezas Nilda Giménez, Mesalina Fernández y Gloria Hermosa, para llevar a cabo el juzgamiento, pero hasta el momento todavía no se pudo iniciar el juicio.
Recusaciones, apelaciones y otros incidentes truncaron el inicio del juicio, pero el último que se planteó el pasado 12 de setiembre fue el más llamativo ya que cuando estaba todo listo para que comience la audiencia pública, uno de los acusados –Marco Ferreira– recordó al tribunal que está pendiente un recurso que planteó su defensa el 7 de setiembre contra el auto interlocutorio (AI) de la Cámara de Apelación que el 28 de marzo pasado había confirmado a los jueces que habían sido recusados.
Luego que se dicta una resolución de esta índole las partes tienen cinco días para poder apelar la medida, pero la defensa de Marco Ferreira esperó seis meses para plantear su disconformidad por el referido AI. La presentación fue meramente dilatoria y de mala fe, para parar el inicio del juicio.
La presidenta del tribunal de sentencia envió el incidente a la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que se expida sobre el pedido de la defensa del acusado. Con esto el inicio del juicio oral una vez más se volvió a frustrar.
Sin embargo la jueza Nilda Giménez citó a Marco Ferreira y a su abogado para una audiencia disciplinaria, en la que se llamará la atención a los litigantes. Ambos se exponen a algún tipo de multa por ser litigantes de mala fe.
La compra
La fiscalía tomó intervención en este caso tras la compra del edificio Excelsior y luego de varios años de investigación concluyó que se ocasionó un daño porque el edificio no pudo transferirse al MEC, por lo que esa cartera de Estado tuvo que realizar una demanda de obligación de hacer escritura pública contra los vendedores.
Fue entonces que se supo que la compra se hizo a través de la vía de la excepción, para no ir a licitación pública, lo que generó una gran sospecha.
El exministro Luis Alberto Riart en su defensa dijo que ordenó la compra porque había dictámenes favorables, pero el pago no estuvo a su cargo.
También comenzaron a saltar los números y se vio que hubo una sobrevaluación del inmueble para su venta.
El fiscal Julián Báez recordó que en el caso que investigó encontraron indicios de una presunta sobrefacturación en la compra del edificio Excelsior, cuando Riart era ministro.
Además, pese a que se pagaron los G. 14.000 millones, el edificio aún no es titulado a nombre del MEC y eso persiste hasta ahora.
“En 2009, el MEC había comprado un edificio, el Excelsior, que está valuado en G. 12.500 millones y se compró a G. 14.000 millones por vía de la excepción. Eso (se hizo) alegando urgencia impostergable, y meses después llamaron a una licitación para arreglar todo el edificio. Nosotros tenemos la hipótesis de que hubo una sobreevaluación”, afirmó el fiscal Julián Báez, quien es el que acusó en este caso.
1. Imputación
La imputación se dio el 18 de marzo de 2014. El principal imputado fue el exministro de Educación y Culto (MEC) Luis Alberto Riart. Los otros que para la fiscalía tuvieron directa participación en la compra del edificio fueron Luis Fretes, José López Pistilli y Marco Ferreira Basualdo, excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones, exdirector de Administración y Finanzas y exasesor jurídico del MEC. Todos fueron imputados por lesión de confianza, pero se solicitaron medidas alternativas a la prisión para ellos, mientras se realizaban las pesquisas del caso.
2. Audiencia preliminar
Llevar a cabo la audiencia preliminar fue también un batallar para la jueza penal de Garantías Patricia González, quien por primera vez citó a los acusados para el 6 de marzo de 2015, pero la diligencia se suspendió por enfermedad de uno de los acusados, Luis Fretes, cuya defensa señaló que el mismo estaba indispuesto y no acudió a la diligencia. Se volvió a fijar para el 6 de abril la audiencia, que ahora sí se llevó a cabo tres días después que la magistrada dio a conocer su fallo y elevó el caso a juicio oral. Solo faltaba que se sortee el tribunal que iba a llevar adelante el juicio para los acusados por lesión de confianza.
3. Tribunal
Tras el sorteo se conformó el tribunal de sentencia integrado por las juezas Nilda Giménez, Mesalina Fernández y Gloria Hermosa, quienes desde el 2015 están tratando de llevar a cabo el juicio. Primero la defensa de Marco Ferreira recusó al tribunal en pleno y eso retrasó seis meses la prosecución del caso. Las tres juezas fueron confirmadas por la Cámara de Apelación y cuando se esperaba que se haga el juicio, el acusado Ferreira volvió a apelar la decisión de confirmación, pero fuera del plazo que establece la ley. No obstante sirvió para que el caso quede parado por semanas o meses.
4. El edificio
El edificio Excelsior tenía las siguientes características según se dio a conocer. Un subsuelo para estacionamiento de 36 vehículos, donde se comparte espacio con una sala de máquinas, generadores y un tanque de agua. La planta baja tiene un hall de acceso, dos oficinas, cinco salones comerciales, un salón amplio, todos ellos con sus respectivos entrepisos y accesos independientes. También entrepiso destinado para uso comunitario, con salón multiusos, baños, depósitos, terrazas y piscina. La torre tiene 10 niveles con 4 departamentos por piso. También tiene ascensores y otras dependencias.
5. Abandonado
En la actualidad, a ocho años de haber adquirido el Ministerio de Educación y Culto el edificio por un millonario valor, su aspecto en la parte baja es lamentable, desde la calle se ve que el inmueble está completamente abandonado, sufrió todo tipo de destrozos y se tuvo que poner un vallado, para que las personas no ingresen a sus dependencias, sin embargo en algunas partes ya se abrieron las chapas y según se dice, delincuentes, drogadictos y hasta trabajadoras del sexo utilizan el sitio en horas de la noche. Algunas partes de los departamentos están ocupadas por moradores.