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Alfonzo tenía que haber estado guardando prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Emboscada.
La medida judicial generó todo tipo de suspicacias por la forma en que fue concedida, teniendo en cuenta que la jueza titular de la causa, Blanca Báez, pidió permiso dos días antes de la audiencia, por motivos personales, solicitando que la magistrada Narváez de Rodríguez sea quien interine su cargo.
La resolución generó la indignación de la ciudadanía, y pobladores de Arroyos y Esteros realizaron una manifestación de repudio en contra de las magistradas, a quienes acusaron de corruptas. Entre los vecinos de la zona corrieron fuertes versiones sobre un supuesto pago millonario que habían recibido ambas juezas para dejar libre al imputado.
Mencionan incluso una fuerte vinculación de amistad entre el marido de Magdalena Narváez, Carlos Rodríguez, con el exintendente Alfonzo.
Además de que la jueza Blanca Báez fue jueza de Paz de la localidad de Arroyos y Esteros por más de nueve años, tiempo en el cual alquiló la casa de la pareja sentimental de Alfonzo, Lilian Díaz, quien también está procesada por lesión de confianza en el caso del desfalco de la Comuna de Arroyos y Esteros.
Narváez de Rodríguez negó categóricamente a través de un comunicado haber recibido dinero a cambio de la resolución y que su marido tenga amistad con el imputado.
Por su parte, Báez admitió haber alquilado la casa de Lilian Díaz, durante el tiempo que estuvo como jueza de Paz en la zona, aunque negó que tenga una relación de amistad con la misma. Asimismo, fuentes judiciales mencionaron que en octubre pasado Lilian Díaz hizo llegar un costoso regalo a la magistrada Báez, consistente en un cuadro que contenía el dibujo hecho a mano realizado por Porfirio Bustos.
La Dirección de Ética de la Corte Suprema de Justicia, nota de por medio, obligó a Báez a que devolviera el obsequio.
En vista de esta situación, directores y docentes de la comunidad de Arroyos y Esteros solicitaron que ambas juezas sean enjuiciadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y que ambas sean destituidas por mal desempeño en sus funciones.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia inició un sumario administrativo de la causa y el desempeño de ambas juezas en el caso.
Antecedentes
Gustavo Alfonzo (ANR) está procesado por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.200 millones a la Comuna arroyense e imputado por lesión de confianza, falsificación de documentos y administración en provecho propio.
Por el caso de perjuicio patrimonial, además del intendente, fueron incluidos en el proceso su hermana y exadministradora del municipio Carmen Cristina Alfonzo Prieto; la secretaria general y pareja sentimental del jefe comunal, Lilian Fabiola Díaz Benegas; su hijo Gustavo Amado Alfonzo Bello; además de la expareja de Cristina Alfonzo, Alejandro Magno Núñez Insfrán.
Así también fueron incluidos la administradora María Luján Leite Sánchez y los funcionarios Julia Teresa Agüero González, Omar Rodríguez Kunzle, Ramón Alfonzo Enciso Ingolotti.
El 8 de mayo del 2015 el fiscal José Luis Piñánez ordenó la captura del Gustavo Alfonzo luego de la realización de un segundo allanamiento de la Comuna donde se incautaron 80 órdenes de pago por la compra de lubricantes y combustibles de la firma Manduvirá Servicios, perteneciente al hermano del intendente, Amado Alfonzo.
El monto de la negociación entre la entonces autoridad y su familiar supera G. 328 millones. Asimismo, las adquisiciones de los combustibles se realizaron directamente, cuando que el monto de la operación obliga a llamar a concurso de ofertas. Por esto Alfonzo fue imputado por administración en provecho propio y enriquecimiento ilícito.
El exintendente se burló durante dos meses de la justicia, teniendo en cuenta que a pesar de que existía una orden de captura en su contra seguía planteando acciones judiciales desde la clandestinidad, presentándose incluso a las elecciones internas del pasado 26 de julio, ya que aspiraba a ser candidato para la jefatura comunal una vez más.
Recién el 4 de agosto se presentó a la justicia y la jueza Blanca Báez dispuso que el mismo guardase prisión preventiva en la Comisaría de Caacupé.
El 4 de setiembre Báez benefició con prisión domiciliaria al exintendente a pedido de su defensa, por un supuesto problema cardíaco. El Ministerio Público apeló la resolución de la magistrada. Criticó la medida duramente, por abierta “violación de la ley”, porque no convocó a una junta médica y tampoco dispuso internación en un sanatorio.
El 18 de setiembre el Tribunal de Apelación revocó la medida concedida por la jueza y ordenó que Alfonzo sea remitido nuevamente a Emboscada.
La disposición del tribunal tardó una semana en ser cumplida, pues los agentes de policía no encontraron a Alfonzo en su domicilio el día que fueron a buscarlo.
Luego de tres días de estar desaparecido, la defensa del exjefe comunal –procesado por la denuncia de ocasionar un faltante que supera los G. 1.000 millones a la Municipalidad de esta localidad–, informó que Alfonzo estaba internado en el sanatorio La Costa. El mismo fue intervenido quirúrgicamente el martes 21 por un problema de hemorroides, se informó, y que el viernes 24 fue dado de alta y trasladado nuevamente a Emboscada.
Al día siguiente de su remisión a la cárcel, la defensa de Alfonzo en complicidad con el médico forense Dr. Fausto Meza logró que nuevamente el procesado fuera trasladado a un sanatorio de Caacupé, donde estuvo internado hasta su salida.
Una junta médica determinó que a pesar de que Alfonzo sufre varias patologías, como problemas cardiacos, diabetes y úlcera, el mismo se encuentra en condiciones de recibir un tratamiento ambulatorio consumiendo sus medicamentos. Sin embargo, la magistrada Báez mantuvo a Alfonzo en el sanatorio privado de Caacupé con la excusa de que no recibía alta médica por parte de los galenos, entre los que está el médico forense del Poder Judicial, Fausto Paredes.
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