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De acuerdo a publicaciones periodísticas, en su momento, el fiscal Manuel Rojas criticó las decisiones tomadas por González y Meza, quienes ordenaron la libertad de presuntos narcos.
Entre los favorecidos por los camaristas se mencionó a Juan Carlos Armoa y Rosana Martínez González, detenidos el 30 de noviembre del 2008, en una peluquería del barrio Pablo Rojas, con 30 kilos de cocaína.
Armoa consiguió su libertad a pesar de que en otro caso debía afrontar juicio también por narcotráfico.
Meza y González también habían liberado a 4 brasileños. Se trata de Alexandro Dos Santos Cavalcanti, Alexandre Alvez de Oliveira, Emanuel Dias Cede y Alison Antonio Veira.
El otro integrante de la Cámara había votado en disidencia.
La resolución fue calificada de aberrante por Rojas, quien manifestó que no se puede conceder medidas alternativas a personas que no tienen arraigo.
Los extranjeros fueron detenidos el 30 de junio del 2009, a orillas del lago de Itaipú, en la reserva biológica Pikyry, con 1.128 kilos de marihuana prensada que estaba en una embarcación, lista para se traslada al Brasil.
El fiscal sostuvo que al parecer, los magistrados resolvieron el recurso sin siquiera leer el cuaderno de investigación, considerando que alegaron que la Policía Nacional hizo el procedimiento sin la presencia de dos testigos.
Los mismos camaristas también liberaron a Eder Rogelio Bizzozzero Portillo, de 25 años, sobrino del considerado pez gordo del narcotráfico Carlos Pedro Juan, quien fue detenido el 11 de diciembre del 2008 en un inquilinato del barrio Obrero. En el lugar funcionaba un laboratorio de cocaína.
También fueron beneficiados por los camaristas Isabelino Villalba Pereira, en cuyo vehículo agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el fiscal Antidrogas hallaron 14 kilos de cocaína.
Villalba Pereira estuvo ocho meses imputado en rebeldía, fue detenido en febrero de este año y liberado en los últimos días de mayo.
Esto son apenas algunos de los casos en los cuales Meza y González tuvieron un sospechosa actuación.
Hasta ahora, la Corte Suprema ni el Jurado actuaron para saber si los dos camaristas actuaron o no al margen de la ley.
La semana pasada, Meza, González y López Cabral revocaron la resolución por la cual el juez Raúl Insaurralde confirmó que la imputada Sady Caríssimo continúe en prisión.
La decisión de los camaristas genera sospechas, atendiendo que estamos ante la comisión de varios hechos punibles.
Existen fuertes indicios de que Caríssimo habría formado parte de una asociación criminal que lavó, solo en el 2011, US$ 370 millones a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, que fueron sancionados en forma leve por el Banco Central, luego de comprobar en sumario que las entidades incumplieron las normas que previenen y reprimen lavado de dinero.
El presidente de la Corte, Antonio Fretes, había manifestado que no admitirá que los magistrados actúen al margen de la ley. Se espera que el titular de la máxima instancia judicial adopte alguna medida en relación con los magistrados.