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–El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha anunciado que los territorios palestinos serán parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) a partir del 1 de abril. ¿Es eso definitivo?
–Sí, porque cada Estado tiene el derecho de adherirse a la CPI, y las autoridades palestinas han llevado a cabo esta adhesión. Solo fue incierto si se reconocía el carácter estatal de los territorios palestinos. Sin embargo, este es el caso desde la correspondiente resolución de la Asamblea General de la ONU del 4 de diciembre de 2012; por eso no es sorprendente la decisión de Ban Ki-moon. El 1 de abril es la fecha de entrada en vigor de la adhesión según el Art. 126 párr. 2 del Estatuto de la CPI.
–Entonces, ¿la Corte Penal Internacional tiene competencia desde el 1 de abril sobre Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén oriental?
–Sí, pero existe una competencia más temprana sobre la base de otro instrumento jurídico. El 31 de diciembre de 2014, el presidente palestino Mahmud Abbas ha aceptado la competencia de la Corte a partir de una declaración ad hoc de conformidad con el Art. 12 párr. 3 del Estatuto, con efecto retroactivo desde el 13 de junio de 2014 para el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. Una tal fundamentación retroactiva de la competencia es reconocida en la práctica continua de la CPI. Esta posibilidad también fue utilizada por otros Estados, por ejemplo la Costa de Marfil. Con eso, la CPI es también competente para la última guerra de Gaza.
–El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha expresado de forma vehemente su oposición a la adhesión de los palestinos a la CPI. ¿Teme que los israelíes sean condenados?
–Para esto faltaría todavía un largo camino. Primero serían necesarias investigaciones preliminares, después una investigación formal con la identificación de sospechosos y, luego, su entrega a la Corte. E incluso si se llegase a este punto, Israel argumentaría seguramente que la intervención de la CPI no es necesaria en absoluto, ya que tiene una justicia militar que funciona. En ese mismo sentido argumentan también los británicos con miras a las denuncias de tortura contra sus soldados durante la guerra en Irak. Lo que es claro es que el conflicto de Oriente Próximo, con la competencia de la CPI, tiene una nueva dimensión jurídica, que puede también afectarnos a nosotros desde el punto de vista de las obligaciones de cooperación ya existentes con la CPI.
–¿Es cierto que es un crimen de guerra el hecho de construir asentamientos en territorio ocupado como Palestina?
–En principio, el derecho internacional humanitario le prohíbe a una potencia ocupante establecer o producir hechos permanentes en territorio ocupado. Sobre esta base, el Estatuto de Roma califica como un crimen de guerra el “traslado” de su propia población civil al territorio ocupado (Art. 8 párr. 2 (b) (viii)). Ahora, respecto a la situación concreta en los territorios palestinos, no son obviamente cualquier campamento los asentamientos estables que existen allá pues poseen una completa infraestructura respaldada por la potencia ocupante en una variedad de formas, tales como la protección militar, suministro de agua e incluso exenciones de impuestos. Sin embargo, cabe señalar que la competencia de la CPI no se extiende al período anterior al 13 de junio de 2014. Así, la CPI solo puede investigar la construcción de asentamientos posteriores. De esto se desprende que –si sigue la construcción de asentamientos al mismo paso– el fiscal de la CPI podría argumentar en un par de años que existe un patrón de asentamiento en el sentido del crimen de guerra mencionado y podría iniciar las respectivas investigaciones. Por supuesto que existen, con miras a la reciente guerra de Gaza, casos más evidentes sobre los que recae una sospecha de constituir crímenes de guerra; basta pensar en el asesinato de niños y las destrucciones masivas.
–¿Los palestinos también tienen algo de qué preocuparse?
–Evidentemente. La Fiscalía de la CPI debe actuar objetivamente e investigar en todas las direcciones. Por ejemplo, los ataques con cohetes de Hamas contra zonas residenciales israelíes pueden ser juzgados como crímenes de guerra. Precisamente por esta razón fue también bastante polémica entre los mismos palestinos la decisión de aceptar la competencia de la CPI. Las fuerzas radicales estuvieron en contra por obvias razones.
–¿Cuál es el motivo de Abbas?
–Creo que la paciencia del pueblo palestino y su Gobierno está llegando a su final a causa de la táctica dilatoria del actual gobierno israelí. Ellos desean atender los mecanismos jurídicos internacionales vigentes y multilaterales, frente a lo cual la adhesión al Estatuto de la CPI es solo una de una serie de medidas. La Autoridad Palestina también se unió a otros convenios e instituciones internacionales, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por supuesto, la CPI tiene un significado especial, lo que explica la exaltación de los israelíes y sus aliados. Sin embargo, del punto de vista legal, es algo natural, es decir, una declaración de voluntad jurídicamente vinculante de un nuevo sujeto de derecho internacional recientemente reconocido, que obviamente quiere poner a prueba su capacidad de acción. Este derecho es una expresión de la soberanía de ese nuevo Estado y por lo tanto no puede ser negado por nadie.
–A Netanyahu le gustaría hacer eso evidentemente.
–Su actitud es muy problemática. Como sanción por la política de Abbas, Israel ha retenido impuestos recaudados que le corresponden a la Autoridad Palestina. Esto demuestra, en mi opinión, que el Gobierno israelí no reconoce el principio de igualdad que implica la existencia de un Estado palestino, pues nadie puede, como acabo de decir, negar a otro Estado la toma de decisiones soberanas con miras a acuerdos e instituciones multilaterales. Si Netanyahu reconociera a los palestinos como socios en igualdad de condiciones, como exige el derecho internacional, tendría que entender esto. A mí no me convence sencillamente que el actual Gobierno israelí quiera negar a los palestinos la posibilidad de resolver el conflicto con los medios del derecho internacional. Esto es sin duda mucho mejor que la opción militar preferida por los palestinos radicales e Israel podría incluso beneficiarse de esto con miras a la persecución de crímenes de guerra palestinos.
–Recientemente la CPI tuvo que cerrar unas investigaciones contra el presidente keniano Uhuru Kenyatta por crímenes violentos en conexión con los disturbios después de las elecciones. Los observadores han considerado esto como un grave retroceso. ¿Fortalece a la CPI la adhesión de los territorios palestinos?
–Yo no sobrevaloraría esto. Es cierto que la fiscalía puede probar ahora que ella puede iniciar investigaciones contra partes que cuentan con el apoyo de una superpotencia como Estados Unidos. La situación por supuesto no es fácil para la fiscalía. Ella tiene que fundamentar muy bien cada decisión –si opta a favor o en contra de una investigación–; nunca podrá satisfacer ambas partes del conflicto. En cualquier caso, la investigación debe ser profesional, apolítica y orientada a los hechos; así podría mejorar la reputación general de la CPI.
La traducción del alemán estuvo a cargo de John Zuluaga, LL.M. y Doctorando en la Georg-August-Universität Göttingen.