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El 1 de mayo pasado, se realizó en San Juan de Puerto Rico, la Asamblea General Ordinaria de la Federación Latinoamericana de Magistrados, FLAM. En la ocasión se analizó el ataque de los políticos a la independencia del Poder Judicial de unos 16 países latinoamericanos, cuyos representantes expusieron los problemas que afectan a las diferentes administraciones de justicia.
El juez Gustavo Santander, presidente de la Asociación de Magistrados del Paraguay, junto a un grupo de jueces, participó del encuentro.
En conversación con ABC, Santander manifestó que el primer punto considerado durante el encuentro internacional fue la intromisión política en el Poder Judicial. En ese sentido, apuntó que las delegaciones de la mayoría de los países denunciaron la injerencia de los políticos en la justicia, según sus intereses.
Dijo que esa injerencia se da mediante el recorte del presupuesto del Poder Judicial, reformas constitucionales y modificaciones de las leyes, mediantes las cuales el poder político quita sus atribuciones a los magistrados.
“Las exposiciones evidenciaron que en todos los países de Latinoamérica, los políticos buscan siempre someter a la administración de justicia. Este hecho no solo se da en el Paraguay, sino en las demás naciones. El tema es preocupante para la FLAM que emitió una declaración, instando a los demás poderes a respetar la independencia del Poder Judicial”, afirmó el magistrado. El segundo punto analizado fue la “falta de seguridad de los operadores de justicia”.
Santander apuntó que este tema específico fue planteado por la delegación mexicana, ya que en dicho país los magistrados se sienten amenazados en su integridad física; en especial aquellos jueces que tienen a su cargo procesos por narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilegítimo y asociación criminal.
El tercer punto considerado fue las “medidas disciplinarias aplicadas a los jueces”. “En este caso la representación paraguaya manifestó su preocupación por la situación que se registra con la suspensión preventiva de los magistrados, dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento sin tener atribución constitucional para ello. La Constitución solo faculta a la Corte Suprema de Justicia”, enfatizó Santander.
El cuarto punto fue los “nombramientos a plazo”, que le hacen vulnerable al juez, según el presidente de la Asociación de Magistrados, quien insistió en la necesidad de la inamovilidad de los jueces, “ya que de lo contrario estamos expuestos a los otros poderes”.
El quinto punto tratado fue la “falta de carrera judicial” en la mayoría de los países. “En Paraguay tenemos un proyecto de ley de carrera judicial que hace rato duerme en el Parlamento”, lamentó el juez, al tiempo de destacar la necesidad de aprobar la disposición legal.
Enfatizó que la referida ley establecerá los sistemas para nombramientos y ascensos dentro de la administración de justicia. “Es muy importante y los políticos tienen que tomar conciencia de ello”, afirmó.
Santander fue elegido como primer vocal de la Federación que reúne a diez y seis países de Latinoamérica.
La Declaración de San Juan
1) Recomendar a las autoridades de Colombia que, respetando el principio de separación de poderes y la independencia judicial, mantenga el sistema de carrera judicial que garantice la imparcialidad en la selección de los jueces y sus estabilidad, que promueva la calidad de sus decisiones, por vía de fortalecer su formación y capacitación.
2) Solicitar a las autoridades de Costa Rica que se rechace el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial.
3) Exigir al gobierno de Honduras que respete la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, y que por tanto se excluya a jueces y magistrados de la competencia o facultades que tiene la Comisión Especial creada para investigar las actividades de la policía.
4) Establecer un protocolo de seguridad para jueces, magistrados y recintos judiciales, a través del cual se fortalezca su independencia para juzgar, sin poner en riesgo su vida e integridad personal. (Caso México).
5) Instar a cada país de América Latina a reconocer e implementar mecanismos que le aseguren a los jueces remuneraciones acordes con la naturaleza de las funciones.
6) Solicitar a la Corte y a la Asamblea de Diputados de Panamá que se mantenga la estabilidad indefinida contemplada en el Código Judicial.
7) Instar a la Cámara de Senadores de Paraguay a actuar dentro de sus respectivas atribuciones respetando la independencia de los restantes poderes del Estado.
8) Solicitar al Senado de Puerto Rico que en el proceso de renominación de los jueces, observe un procedimiento público y transparente.
9) Garantizar a los Poderes Judiciales de toda la región la suficiente autonomía financiera que haga posible el desarrollo de sus funciones, mediante la asignación constitucional de un porcentaje del presupuesto del Estado.
La situación en los diferentes países
La defensa de la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial en cada uno de los países de América Latina constituye uno de los objetivos principales y un valor inalienable de la forma democrática de gobierno.
La estabilidad de los jueces y su inamovilidad es un elemento esencial del principio de independencia, como lo es el principio de intangibilidad de sus remuneraciones.
Todas las asociaciones miembros expusieron sobre la situación de independencia judicial en sus respectivos países, y algunas de ellas merecieron especial consideración:
La delegación de Colombia manifestó la preocupación de la Rama Judicial frente al proyecto de reforma a la administración de justicia, que sustituye el modelo constitucional de autogobierno definido por el Constituyente de 1991, por mecanismos que desconocen los principios de autonomía e independencia, especialidad y conocimiento de la justicia para la definición de políticas públicas, desconociendo que la función jurisdiccional solo puede estar a cargo de los jueces, como lo establece el principio de separación de poderes y de independencia judicial. Asimismo, expresó su preocupación en orden a que esta reforma se convierta en instrumento de revancha contra los jueces que, en cumplimiento estricto y cabal de la función judicial que la Constitución Política les encomienda, adopten decisiones que no sean del agrado de los poderes políticos.
La delegación de Costa Rica denunció el proyecto de ley planteado por la Presidencia de la Corte Plena que introduce varias reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Carrera Judicial, debilitando la garantía constitucional de adecuada integración de los tribunales colegiados en todas las instancias, así como de los órganos de gobierno y administración del Poder Judicial, y, por otra parte, cercenando los derechos adquiridos de los trabajadores judiciales en cuanto a sus derechos y beneficios laborales.
La delegación de la República de Honduras denunció la creación por parte del Poder Ejecutivo de una comisión para investigar jueces y magistrados al margen de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, afectando gravemente la independencia de los jueces e invadiendo esfera de competencia exclusiva del mencionado Consejo, llamándose además la atención sobre las represalias aplicadas en situaciones de disconformidad del Ejecutivo con resoluciones judiciales que le afectan, llegando a reducir el presupuesto del Poder Judicial por tal razón.
La delegación Mexicana expresó su preocupación por la inseguridad y violencia que se vive actualmente en dicho país, siendo cada vez más frecuentes las amenazas contra los juzgadores, que comprometen su integridad personal e incluso sus vidas por parte de la delincuencia organizada, por el simple hecho de cumplir con los deberes que la Constitución y las leyes imponen a la judicatura, sin que exista un protocolo de seguridad ni garantía constitucional que los ampare, lo que se agrava por el hecho de que tampoco han sido atendidas las recomendaciones emitidas a finales de 2010 por la relatora especial de la ONU para la independencia de los jueces y magistrados de ese país.
La delegación de Nicaragua expresó su preocupación ante la aprobación de un decreto del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial que ha decidido suspender el pago de salarios a los jueces sometidos a investigación por faltas graves, antes de que se emita la decisión del caso y que por otra parte la remuneración que reciben los jueces está muy por debajo de lo que corresponde a la naturaleza de sus funciones.
La delegación de Panamá señaló su preocupación por el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional de Diputados de este país, que pretende reformar el sistema de carrera judicial para introducir los nombramientos a plazo, lo que representaría un retroceso en la garantía de imparcialidad, introduciría el riesgo de ausencia de compromiso de los jueces.
La delegación de Paraguay destacó la eficaz intervención de la FLAM para la defensa de la independencia judicial con ocasión de la crisis institucional derivada de una resolución emanada de la Honorable Cámara de Senadores de este país que declaraba vacante la plaza de siete ministros de su Corte Suprema de Justicia.
La delegación de Puerto Rico denunció que los recientes nombramientos sometidos al proceso de confirmación ante el Senado no han respetado el derecho de expresarse de los jueces nominados, utilizándose un mecanismo de descargue, sin informes de la Comisión de lo Jurídico.
La delegación de Uruguay informó que su legislación establece una regulación definida para la determinación del salario mínimo de los jueces en todos los grados, en referencia a la dotación establecida para los Ministros de Estado.
(Fuente: Declaración de San Juan).
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