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El peritaje del disco duro es clave para la investigación, porque va a revelar los detalles respecto a los envíos de dólares que se hacían a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental.
Sin embargo, llamativamente, hasta ahora no se realizó esta diligencia, pese a que la misma es elemental y esencia al mismo tiempo.
El fiscal Marcelo García de Zúñiga había anunciado que el peritaje se realizaría en el Laboratorio Forense del Ministerio Público.
Es inadmisible que después de un año que se haya incautado el disco duro todavía no se hizo el estudio pericial.
Este y otros hechos son los que fortalecen las sospechas de que el Ministerio Público habría presuntamente negociado para cocinar el caso.
A la falta de realización de diligencias elementales, se suma el hecho de que en la causa todavía no hay un solo imputado.
Es una verdadera vergüenza la actuación de la Fiscalía en el polémico caso, que afecta grandes intereses económicos.
Tampoco, hasta ahora, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, adoptó medidas para corregir el rumbo del proceso.
El Laboratorio Forense donde se van a realizar los peritajes está a cargo de la abogada Carmen Bogado, designada en el importante cargo por Díaz Verón, que trajo a la fiscala de Caacupé, donde cumplía funciones.
Según fuentes, se buscaría “arreglar” el peritaje como supuestamente ocurre en los casos de enriquecimiento ilícito. La pericia solo sirve para blanquear dichas causas, ya que los fiscales se “lavan las manos” en los estudios amañados para desestimar las denuncias contra los “peces gordos”.
Es inadmisible que, a casi un año de la incautación del disco duro, el mismo todavía no se haya peritado. ¿Qué se busca esconder? ¿A quiénes se quiere proteger? ¿Hay intención de esclarecer el caso y castigar a los responsables?