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A continuación transcribimos parte de la auditoría interna, que confirmó las irregularidades observadas por la Contraloría:
1-) La firma Dan & Kar no cumplió con exigencias y documentaciones contempladas en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones en los puntos 7.1 (Talleres autorizados, constancia de actividad y experiencia en el ramo en la prestación de servicios), y 12.
“De los antecedentes analizados por la auditoría respecto a la adjudicación de minibuses a la firma Dan & Kar, obrantes en la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, hemos constatado que la misma ha presentado un listado de talleres autorizados, detallando la ciudad en que se encuentran, el nombre del propietario, N° de RUC, dirección y teléfono”, dijeron auditores.
Entre los talleres figuran Albert (Asunción), Gomería El León (Encarnación), San Francisco (Hernandarias), El Gato y Comercial Bergen.
Los auditores verificaron la existencia de los talleres arriba mencionados, para saber si los mismos cuentan con autorización para servicio de mantenimiento y los repuestos, así como expuso la firma Dan & Kar.
En cuanto a Albert, el número de teléfono proveído por la empresa que ganó la licitación no existe, por lo que los auditores se constituyeron en el taller.
“Al respecto hemos constatado que en la mencionada dirección se encuentra una playa de venta de vehículos y que cuenta con un taller también, pero el nombre comercial de la playa es Iván Car. Cabe mencionar que fuimos recibidos por Alberto Paredes, quien manifestó que no tienen ninguna relación con Dan & Kar”, agregaron los auditores.
En cuanto a la gomería “El León”, los auditores dijeron que contactaron por teléfono con Pablo Mereles, propietario del taller, quien dijo que no realizan mantenimiento de minibuses de la marca JMC y que no cuentan con repuestos. Asimismo, manifestó que le contactó Dan & Kar para que figure como taller autorizado, aceptó la propuesta, facilitó los datos, pero no volvió a ser contactado por la firma.
Con base en las verificaciones realizadas queda en evidencia que si bien la empresa cumplió en presentar el listado de talleres con el lugar de ubicación, dirección, teléfono, según exige el pliego, la firma no cuenta con talleres especializados en reparaciones de la marca del vehículo dentro de la Gran Asunción y algunas localidades del interior. Por lo tanto, no puede garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de este punto”, resaltaron los auditores.
Provisión a instituciones públicas
En cuanto a la verificación de antecedentes en la provisión de vehículos a instituciones públicas y privadas, los auditores dijeron que:
Hemos visualizado que la firma Dan & Kar presentó certificados de compra de 14 vehículos expedidos por empresas privadas, según se detallan a continuación:
Gema SA, Dycal SA: Certificó haber adquirido 2 vehículos en el 2008.
Transitapúa SRL: Certificó que compró un vehículo en el 2008.
Cevima: Certificó que adquirió dos vehículos en el 2008 y uno en el 2007.
Jocar Trading SRL: Certificó que compró dos vehículos en el 2007 y 1 en el 2008.
Dykal SA: Certificó que adquirió un vehículo en el 2011.
También presentó dos certificados expedidos por personas particulares, según se expone a continuación:
Silvia K. Aguirre: Certificó que compró un vehículo para uso particular.
Florentín Velázquez Machuca: Certificó que adquirió tres vehículos para uso particular.
Al respecto la auditoría constató:
Gema SA, Dycal SA: El señor Arnaldo Martínez Fenniak, quien firmó como presidente de la empresa, es empleado de la firma Dan & Kar, según consta en el detalle de derecho del IPS.
Transitapúa SRL: No hemos podido contactar con la empresa.
Cevima: Se constató que la empresa adquirió rodados.
Jocar Trading SRL: Se verificó que adquirió rodados.
Dykal SA: No hemos podido contactar con la empresa.
Silvia Aguirre: Se constató que la misma es empleada de Dan & Kar, según detalles de derecho del IPS.
Florentín Velázquez Machuca: Se corroboró que es empleado de la firma Gema, una de las empresas que emitió certificados, según el detalle de derecho del IPS.
La empresa Dan &Kar avaló la venta de 14 vehículos, la mayoría de ellos a personas y empresas privadas, y la mayor parte entre los años 2007 y 2008. Ninguna de ellas a instituciones públicas como estableció el punto 12 del pliego de bases y condiciones, que dispone la presentación de documentos que acrediten experiencia como proveedor de por lo menos 10 unidades a instituciones públicas o privadas.
Asimismo, se verificó que en la venta de algunos vehículos a empresas privadas y personas particulares, llamativamente, sus propietarios están vinculados con la firma Dan & Kar.
Por lo expuesto, se corroboró el incumplimiento del punto 12 del Pliego que habla de referencias y que dice: “La empresa cotizante deberá presentar documentos por el cual acredite experiencia como proveedor de por lo menos 10 unidades a instituciones públicas o privadas”.
La Contraloría había encontrado sobrefacturación en la licitación pública número 34/2012 “Adquisición de vehículos tipo minibús para el IPS”, adjudicada a la firma Dan & Kar SRL por G. 1.140.000.000 y a la empresa Drei Asociados SRL por G. 1.250.899.998. El monto de la subasta totalizó la suma de G. 2.390.899.998, IVA incluido.
DIFERENCIA DE PRECIO
La auditoría también concluyó una sustancial diferencia entre el precio que pagó el IPS por los minibuses y lo abonado por otras instituciones. “Esta situación implica que los responsables de solicitar su adquisición, analizar y procesar la información sustancial de los bienes ofertados no han realizado las verificaciones y comparaciones correspondientes, relacionados a los procesos tramitados mediante Licitación Pública, para las compras, adquisiciones, suministros y contrataciones de bienes y servicios, de conformidad con lo establecido en la Ley 2051/13, a fin de sugerir la oferta más conveniente para la institución”, enfatizaron los auditores.
De acuerdo a un cuadro comparativo agregado a la auditoría se tiene que la Contraloría adquirió minibuses idénticos a G. 152 millones cada uno; la Corte Suprema de Justicia a G. 178 millones y la Presidencia de la República a G. 160 millones. Sin embargo, según los documentos, el IPS pagó G. 380 millones por cada minibús; lo que arroja una diferencia de 228, 202 y 220 millones de guaraníes comparando con las otras instituciones.
Investigación penal
Hay una investigación penal abierta a cargo de la fiscala Victoria Acuña, que debe indagar sobre varias licitaciones entre las cuales figuran: la licitación pública Nº 611 para la contratación del servicio de seguridad privada para el IPS, el cual fue adjudicado a la firma Doram SACI por G. 31.275.263.214.
Otra licitación cuestionada es la Nº 28/11 para la adquisición de vehículos para los servicios de salud del IPS, adjudicado a la firma Rieder SACI; la licitación Nº 44/12 para la contratación del servicio de limpieza e higienización del IPS, la cual fue adjudicada al consorcio Cevima por G. 26.623.661.076 y la número Nº 52/12, entre otras.
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